Causa Cuadernos: la fiscalía y los acusados reclaman pruebas y testigos para el futuro juicio oral contra Cristina Kirchner y empresarios

Sin saber aún cuando se hará, el Tribunal Oral Federal 7 ya comienza a preparar el juicio oral por la megacausa de los “cuadernos” Los acusados prefieren decirle “de las fotocopias”. Allí estarán sentados en el banquillo la vicepresidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y los empresarios más poderosos del país. Todo surgió de las anotaciones que hacía Oscar Centeno, el remisero que relataba cómo llevaba al ex secretario de Planificación Roberto Baratto, a recaudar coimas entre los hombres que hacían negocios con el Gobierno. La mayoría de los empresarios, algunos ex funcionarios y el propio Centeno se convirtieron en arrepentidos. Cristina Kirchner reclama a la Corte Suprema que invalide esas declaraciones.

La novedad en esta causa, abierta en 2018, surgió en las últimas horas del 2022. Fue cuando los miembros del Tribunal decidieron abrir un legajo en donde expusieron las pruebas que pedía cada parte para el futuro juicio oral en el expediente de la causa 9608, el capítulo Centeno. Los escritos de la fiscalía, la querella y las partes habían sido entregados hace rato, pero las partes estaban a ciegas de lo que sus consortes de causa reclamaban.

Ahora, las estrategias quedaron expuestas y se puede descubrir por donde pretende avanzar cada uno de los involucrados. La decisión de hacer lugar o no a esos pedidos es potestad del tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, el único que no tiene su asiento en Comodoro Py 2002.

Así, por ejemplo, la fiscal Fabiana León, jefa de la acusación; y la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, piden los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas José López, secuestrado en la causa del enriquecimiento ilícito. Fueron una pieza clave para el fiscal Diego Luciani en el juicio en el que el 6 de diciembre pasado terminó condenada la ex jefa de Estado.

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La investigación por el capítulo Centeno es el eje de esta causa, aunque a esta investigación se le fueron sumando otras que ya existían y se anexaron a este megaexpediente, y algunas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos. Los pedidos de prueba ya fueron presentaos en el expediente de Gas Licuado o la causa trenes (en donde también CFK está procesada), mientras que ahora se está corriendo la vista de los capítulo por los corredores viales o por la cartelización de la obra pública. La investigación por el lavado de dinero que llevó adelante el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz (y en el que más dinero se pudo recuperar) aún está en proceso y de hecho hay algunas ramificaciones pequeñas que quedaron en instrucción y faltan ser elevadas.

Por la complejidad del caso, el tribunal insiste en pedir más personal. La Corte Suprema nombró a tres secretarios letrados, pero los jueces reclaman más colaboradores y también espacio físico. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, “hablar de tiempos sobre cuándo podría realizarse el debate oral es sumamente complejo”. Descartado, no obstante, pensar en el 2023 como una opción. Son varios los defensores que piensan que “este juicio no se va a hacer nunca”.

Por lo pronto, antes de evaluar la prueba, el TOF tiene que responder una serie de planteos hechos por las defensas: decenas de reclamos de nulidad, objeciones a la intervención de la Unidad de Información Financiera como querellante en este proceso y también cuestiones de prescripción. Pero además fueron varios los empresarios que reclaman tener la misma suerte que tuvieron algunos hombres de negocios en instrucción: que su caso sea derivado a la justicia electoral porque el dinero que les pidieron eran para las campañas electorales.

Entre ellos, pudo confirmar Infobae, aparece Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri y uno de los arrepentidos en este proceso apenas comenzó la causa cuando su mano derecha fue detenido por orden del juez Claudio Bonadio. Precisamente, entre las pruebas que ofrece es una nota del periodista Gabriel Sued en el diario La Nación de febrero de 2008, titulada “Quienes financiaron la campaña presidencial”.

“Sobre las entregas dinerarias para aportes de campaña electoral nuestros defendidos (Calcaterra y su mano derecha Héctor Sanchez Caballero) han explicado que las entregas de dinero por ellos reconocidas respondieron a aportes para campañas electorales. El juez de instrucción declinó la competencia por tal motivo respecto de otros imputados e incluso, antes de eso, llegó a dictar un sobreseimiento dado que la hipótesis fáctica sobre un delito electoral no configuró ningún ilícito”, dice el escrito. Y allí también insistieron en “la existencia de un error en la imputación de dieciséis cohechos a nuestros asistidos, cuando sólo les resultan imputables cuatro hechos a Ángel Calcaterra y tres a Javier Sánchez Caballero”.

La envidia de todos los empresarios acusados fueron los responsables de Techint: los únicos que terminaron sobreseídos pese a que confirmaron que habían entregado dinero durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. A Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta (que estuvo detenido), la fiscalía los quiere escuchar como testigos. Así se desprende del pedido de pruebas formulado por la fiscal León al que accedió Infobae, en el que el Ministerio Público pide citar a la ex esposa de Oscar Centeno Hilda María Horovitz, cuyos teléfonos pide investigar; y a José Bacigalupo, el amigo del remisero que le entregó los cuadernos al periodista de La Nación Diego Cabot.

Pero también reclama que desfile como testigo ante el Tribunal Miriam Quiroga, la mujer que dijo haber tenido una relación sentimental con Néstor Kirchner. En la instrucción le dijo al fiscal Carlos Stornelli que Néstor Kirchner tenía sus propios “cuadernos espiralados” para llevar la cuenta de lo que lo que le debían; que los traslados de dinero comenzaron en 2003 y que tras la muerte de Néstor, Cristina Kirchner convocó a una reunión en la Quinta de Olivos para que la informaran de los negocios de su marido.

Según se desprende del teléfono de Roberto Baratta, Quiroga participó de un plan para contener a la ex mujer del chofer Oscar Centeno, Hilda Horovitz, que amenazaba con revelar la trama secreta de los bolsos mucho tiempo antes de que salieran a la luz los cuadernos de la corrupción. Es que en septiembre de 2016, Horovitz comenzó con sus intentos de extorsión por WhatsApp.

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Además de incorporar todos los legajos de arrepentidos, entre los testigos que propone la fiscalía hay nombres políticos: desde la diputada santacruceña Mariana Zuvic hasta el economista Roberto Lavagna, pasando por el senador Luis Juez o el dirigente sindical del rubro aeronáutico Ricardo Cirielli. Además está todo el equipo de la AFIP del macrismo, como la hoy integrante del Consejo de la Magistratura Jimena De La Torre, Eliseo Devoto o Jaime Mecicovsky. O los ex encargados de la UIF, como Mariano Federici o María Eugenia Talerico. Además de Leonardo Fariña, el ex asesor de Lázaro Báez que fue juzgado en la causa de la ruta del dinero k, la fiscalía también pidió escuchar al portero de la casa del ex ministro Julio De Vido.

La fiscalía también quiere que el Tribunal lleve adelante una serie de medida de investigación en el marco de la instrucción suplementaria. Allí, la fiscal pidió incorporar el contenido de los teléfonos de José López y de todos los celulares secuestrados en la causa. También la declaratoria de herederos de Néstor Kirchner en el expediente de sucesión en Río Gallegos, y las sucesiones de los ex secretarios presidenciales Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez (asesinado en 2020 y cuyo juicio se realizará este año en Santa Cruz). La fiscal quiere los detalles de los expedientes de todas las licitaciones en las que están involucradas las empresas vinculadas a las coimas. Y también los datos de los helicópteros afectados a los traslados del Presidente de la Nación entre los años 2003 y 2008.

Los acusados también reclaman sus pruebas. Cristina Kirchner no pidió citar a ningún testigo en especial, pero quiere que el tribunal investigue las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli mientras tramitaron esta investigación. En su escrito, insistió en cuestionar la validez de esta investigación y la autenticidad de los cuadernos.

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