Honduras registra 415 menores detenidos en 2026

Las estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sitúan en 415 el número de menores de edad aprehendidos en Honduras durante lo que va de 2026, frente a los 174 registrados en 2025. La diferencia es de 241 casos, equivalente a un incremento del 138,5%, de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución.

Los procedimientos incluyen aprehensiones ejecutadas mediante órdenes judiciales y detenciones en flagrancia. La variación también requiere una comparación cuidadosa: los 415 casos corresponden a una parte de 2026, mientras que los 174 abarcan todo 2025.

Las cifras muestran una diferencia entre ambos registros, pero no permiten establecer por sí solas cómo evolucionó la situación al comparar períodos de igual duración.

En un informe publicado por la Policía Nacional señaló que el tráfico de drogas, el robo, la portación ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales figuraban entre las principales infracciones identificadas en los casos de menores aprehendidos.

La información policial también plantea que algunos adolescentes estarían siendo captados por estructuras criminales para participar en actividades ilícitas. No obstante, el informe no cuantifica cuántos casos estarían relacionados con ese fenómeno ni detalla las circunstancias individuales de las aprehensiones..

Vinculados a varios delitos

Un antecedente judicial corresponde al departamento de El Paraíso. El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público informó que 91 menores en conflicto con la ley habían sido presentados ante los tribunales de Danlí durante los primeros once meses de ese año.

Según el reporte fiscal, el 71,43% de esos casos estaba relacionado con infracciones de tráfico de drogas. También se registraron expedientes por portación ilegal de armas de fuego, robo con fuerza, maltrato familiar, delitos sexuales, homicidio y asesinato.

El dato ofrece una referencia sobre las infracciones que llegaron a los tribunales en esa zona del país, pero no representa una estadística nacional ni puede compararse directamente con las aprehensiones contabilizadas por la DPI.

La diferencia entre ambas fuentes es relevante: mientras la Policía contabiliza actuaciones de aprehensión, el Ministerio Público informa sobre menores presentados ante los órganos judiciales.

En julio de 2026, la DPI divulgó información sobre investigaciones que apuntaban a la posible utilización de menores por parte de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Según la institución, algunos adolescentes podrían ser incorporados a estas actividades mediante amenazas, intimidación o manipulación.

El fenómeno requiere examinar tanto la actuación de las estructuras que podrían involucrar a adolescentes como las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan niños y jóvenes.

Menores y estructuras criminales

El número de menores aprehendidos refleja la actividad policial, pero no permite concluir por sí solo que haya aumentado en la misma proporción la comisión de infracciones penales por parte de adolescentes.

Una aprehensión puede derivarse de una orden judicial pendiente, una detención en flagrancia o una investigación que debe continuar ante las autoridades competentes. La responsabilidad de cada menor y las medidas que correspondan deben determinarse conforme al procedimiento legal aplicable.

También es necesario conocer cuántos expedientes fueron remitidos a los órganos de justicia, cuáles continúan bajo investigación y cuántos concluyeron con una resolución. Sin esa información, no se puede establecer qué proporción de los procedimientos policiales terminó en una sanción.

El Boletín Estadístico Judicial 2025 del Poder Judicial ofrece registrá que los juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia reportaron 675 sanciones aplicadas a menores infractores durante ese año, entre medidas privativas y no privativas de libertad.

Los antecedentes del Ministerio Público y del Poder Judicial muestran que existen casos relacionados con distintas infracciones y que algunos llegan a los tribunales, pero los datos disponibles no bastan para atribuir el incremento a una causa única ni para medir por sí solos la evolución nacional de la delincuencia juvenil.