Presidente del Legislativo en Honduras defiende reformas contra grupos terroristas: “Tenemos que velar por la mayoría del pueblo hondureño”

Las declaraciones se producen luego de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtiera que las reformas y medidas adoptadas para combatir a las maras, pandillas y el crimen organizado deben ajustarse a los convenios internacionales ratificados por Honduras.

El organismo señaló que el Estado tiene facultades para implementar acciones destinadas a reducir la violencia, pero sostuvo que estas deben ser analizadas bajo el principio de convencionalidad, con el propósito de evitar contradicciones entre las nuevas disposiciones y los tratados internacionales de derechos humanos.

En respuesta, Zambrano sostuvo que el debate sobre el alcance de los derechos humanos continuará, pero afirmó que las autoridades deben priorizar la protección de la población afectada por la criminalidad.

“Este debate va a durar por meses, por días o por años. ¿A quién le tiene que proteger el Estado los derechos humanos? ¿A quién le corresponden o por quién hay que velar de los derechos humanos? En general, el pueblo hondureño, que es la mayoría, y nosotros, que somos autoridad desde el Congreso, en nombre del pueblo hondureño, tenemos que velar por la mayoría”, manifestó.

El titular del Legislativo puso como ejemplo a las personas que han sido afectadas por distintos delitos y señaló que las reformas buscan responder a las consecuencias que estas estructuras criminales generan en la sociedad.

“Una víctima es la gente que ha estado sufriendo, que ha perdido familiares, los que han sido extorsionados porque han cerrado negocios, a los que han asesinado, a los que han secuestrado”, expresó.

Las declaraciones ocurren un día después de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad reformas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para endurecer las condiciones de reclusión de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.

Entre las disposiciones aprobadas se contempla que las personas capturadas como miembros de organizaciones terroristas sean trasladadas a cárceles de máxima seguridad y áreas de aislamiento, incluso cuando todavía no hayan sido juzgadas. Las reformas también establecen controles sobre las comunicaciones y las visitas.

El Congreso ha presentado estas modificaciones como herramientas para impedir que las estructuras criminales continúen operando desde los centros penitenciarios.

El pronunciamiento del Conadeh establece que las medidas de seguridad deben mantener un equilibrio entre la persecución del delito y las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos.

El delegado adjunto del organismo, Ricardo López, indicó que las personas privadas de libertad también están protegidas por estándares internacionales y mencionó específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela como instrumentos que deben ser considerados.

Ante las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, Zambrano sostuvo que estas tienen libertad para expresar sus posiciones, mientras que el Congreso, según afirmó, está actuando en representación de la mayoría de la población.

“El Congreso lo estamos poniendo de lado de la mayoría de la gente que ha sufrido, de la gente que ha sufrido siendo víctimas. Las (organizaciones) de derechos humanos que defiendan a otro grupo de criminales están en su derecho. La democracia así funciona por peso y contrapeso.

El Congreso se está poniendo de lado de la mayoría del pueblo hondureño que ha sufrido”, declaró.

Las reformas forman parte de un conjunto de decisiones adoptadas después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara como terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras.

El Congreso también ha informado sobre la creación de mecanismos especializados para atender los casos vinculados con estas organizaciones.