Honduras acumula tres años de medidas pendientes para evitar emergencias y muertes en sus cárceles

Tres años después de que se emitiera una alerta sobre las condiciones y los riesgos dentro del sistema penitenciario hondureño, varias de las medidas planteadas para prevenir emergencias y proteger la vida de las personas bajo custodia del Estado continúan pendientes de cumplimiento.

El dato surge de un nuevo seguimiento realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a la Alerta Temprana emitida el 24 de junio de 2023.

Entre las acciones que permanecen pendientes se encuentran la elaboración de protocolos de emergencia, planes de evacuación, mecanismos para prevenir incendios, atención médica ante situaciones críticas y medidas destinadas a mejorar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

El seguimiento vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las instituciones hondureñas para responder ante una emergencia dentro de las cárceles, especialmente después de que en los últimos años se hayan registrado episodios que evidenciaron los riesgos existentes en estos centros.

Frank Cruz, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, explicó que las recomendaciones formuladas buscan que las autoridades cuenten con procedimientos concretos para actuar ante incendios y otras situaciones que puedan poner en peligro la vida de las personas recluidas.

El problema señalado por el organismo no se limita a la existencia de protocolos. También abarca la prevención, la atención inmediata y la investigación de hechos que puedan terminar en muertes o lesiones dentro de los centros penitenciarios.

Medidas sin concretarse

Entre las recomendaciones se incluyeron planes de evacuación, protocolos de emergencia, atención médica inmediata y medidas de seguridad, además de acciones orientadas a prevenir incendios y evitar que hechos graves queden sin investigación.

El organismo también vinculó estas obligaciones con los estándares establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La discusión cobra especial relevancia porque, ante una emergencia dentro de una cárcel, las personas recluidas dependen directamente de la capacidad de reacción de las autoridades responsables del establecimiento.

El 7 de julio de 2026, se realizó un segundo seguimiento de las recomendaciones y solicitó información a varias instituciones involucradas en la administración, seguridad y justicia penitenciaria: el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Según el balance presentado por el organismo, únicamente el Ministerio Público, la Sedena y el INP remitieron respuestas, y estas fueron calificadas como parciales. El Poder Ejecutivo todavía tiene pendiente responder formalmente a una de las recomendaciones relacionadas con la creación de políticas integrales para enfrentar problemas como el hacinamiento, la violencia, la reincidencia y la reinserción.

El hacinamiento, centro del problema

El Conadeh recomendó que el INP, junto con el Poder Judicial y con el acompañamiento del propio organismo y del MNP-CONAPREV, elaborara un plan nacional para reducir progresivamente la sobrepoblación carcelaria.

Según los datos del instituto, 9.673 personas fueron beneficiadas durante ese período: 3.208 correspondieron a preliberaciones, 4.956 obtuvieron libertad condicional, 815 salieron bajo régimen excepcional, 683 por cumplimiento total de la pena y 11 eran personas en fase terminal. El INP informó además sobre la realización de 13.315 audiencias virtuales.

Otro de los puntos bajo observación es el control interno de las cárceles. el organismo recomendó al INP desarrollar un plan de trabajo conjunto con esa institución y el MNP-CONAPREV para fortalecer el control de los establecimientos.

La recomendación parte, según el organismo, de una problemática histórica en la que sectores de la población penitenciaria han asumido funciones de control dentro de algunos centros. La recuperación de ese control por parte de las autoridades forma parte de un problema más amplio que incluye seguridad, gobernabilidad penitenciaria, prevención de violencia y condiciones de reclusión.

La existencia de protocolos de emergencia adquiere especial importancia en lugares donde las personas no pueden abandonar por sus propios medios las instalaciones y dependen de decisiones rápidas de los responsables de seguridad, evacuación y atención médica.

Por ello, las medidas planteadas no se reducen a cuestiones administrativas: involucran la capacidad de las autoridades para actuar cuando un incendio, una emergencia médica, un enfrentamiento u otro incidente amenaza la integridad de quienes permanecen dentro de un centro penitenciario.