Congreso de Honduras deja 786 proyectos pendientes pese a mayor actividad legislativa en el primer semestre de 2026

El Congreso Nacional registró un incremento en su actividad durante el primer semestre de 2026, pero el número de iniciativas que quedaron pendientes vuelve a colocar el foco sobre la capacidad del Legislativo para convertir sus propuestas en decisiones concretas.

Ese es uno de los principales hallazgos del Monitoreo Legislativo del primer semestre de 2026, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización hondureña de sociedad civil que analizó el desempeño del Congreso entre el 25 de enero y el 30 de junio.

El estudio contabilizó 926 proyectos presentados, de los cuales 140 fueron aprobados, equivalente a aproximadamente el 15%. Los otros 786 permanecían pendientes al cierre del período analizado.

Para la ASJ, sin embargo, la discusión no debería limitarse a determinar cuántas iniciativas fueron presentadas o aprobadas, sino a examinar qué problemas buscan resolver y qué impacto pueden tener las decisiones adoptadas.

Durante la presentación del informe, Emily Flores, especialista en Democracia y Procesos Electorales de la ASJ, planteó una pregunta como punto de partida del análisis: “¿Queremos cantidad o queremos calidad?”

El monitoreo identifica un Legislativo más activo durante los primeros seis meses del año, pero advierte que la cantidad de iniciativas debe analizarse junto con su contenido, alcance y posibilidades de convertirse en políticas públicas de mayor impacto.

El reto no está solo en legislar más

Durante el período analizado se contabilizaron 62 sesiones, con una duración promedio de 3.7 horas. La asistencia promedio de los diputados alcanzó el 98.9%. Uno de los factores asociados con este comportamiento fueron las sanciones económicas aplicadas por inasistencias sin justificación válida.

Según la ASJ, alrededor de 713 mil lempiras aproximadamente a 26,589 dólares fueron deducidos de los salarios de 48 diputados que no asistieron a sesiones sin presentar una justificación considerada válida.

El dato muestra que la asistencia parlamentaria mejoró, aunque para la organización ese indicador no es suficiente para evaluar por sí solo el desempeño del Congreso.

La distribución de las iniciativas aprobadas muestra cuáles fueron las áreas que concentraron mayor actividad legislativa durante el primer semestre.

Infraestructura y transporte encabezó la lista con 28 proyectos aprobados, seguido por salud, con 18, y economía y finanzas, con 12.

También tuvieron presencia dentro de la agenda legislativa temas relacionados con gobernanza y administración pública, así como nombramientos de funcionarios.

En otras áreas consideradas relevantes para el desarrollo social y económico, el número de proyectos aprobados fue menor. Empleo registró dos proyectos, mientras educación y seguridad contabilizaron seis cada uno.

La ASJ no plantea que infraestructura, salud o finanzas carezcan de importancia. Su observación se centra en la necesidad de evaluar si las decisiones aprobadas forman parte de respuestas de mayor alcance frente a los problemas nacionales.

Presentar proyectos no significa aprobarlos

Otro de los datos destacados por el monitoreo es la diferencia entre el número de propuestas presentadas por algunos diputados y las que finalmente lograron avanzar.

La organización señaló que los cinco congresistas que presentaron la mayor cantidad de proyectos acumularon 124 iniciativas, pero solo cinco de ellas habían sido aprobadas.

Para la ASJ, este comportamiento evidencia por qué el número de proyectos presentados no debería utilizarse como único indicador de productividad parlamentaria.

Una iniciativa puede ingresar al Congreso y permanecer en proceso de discusión, análisis o dictamen sin llegar a convertirse en una norma aprobada. Por ello, el monitoreo propone observar el recorrido completo de las propuestas y no solo su cantidad.

ASJ cuestiona falta de información

El informe también pone el foco sobre el manejo de recursos destinados a ayudas sociales y deducciones.

La ASJ identificó 82.6 millones de lempiras (equivalentes a unos 3.1 millones de dólares) ejecutados en ese concepto y cuestionó la disponibilidad de información pública suficiente para conocer con precisión quiénes recibieron esos recursos, cuándo fueron entregados y cuáles fueron los criterios utilizados para asignarlos.

De acuerdo con la organización, se presentaron solicitudes de información ante el Congreso Nacional para obtener el detalle de esos fondos. Las respuestas recibidas no proporcionaron toda la información solicitada, particularmente la relacionada con el destino específico de los recursos y los criterios utilizados para su distribución.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, planteó que el Congreso debería concentrar parte de su agenda en áreas como empleo, salud y educación, además de acompañar las decisiones legislativas y presupuestarias con mecanismos de planificación y evaluación de resultados.

Hernández también llamó a fortalecer la función de contrapeso del Legislativo frente al Poder Ejecutivo. En particular, señaló la importancia de que el Congreso ejerza una revisión más rigurosa al momento de aprobar modificaciones presupuestarias, declarar emergencias o autorizar nuevos préstamos.

El análisis busca poner atención en la capacidad del Congreso para transformar sus decisiones en respuestas concretas y verificables frente a las necesidades de la población.