
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) respaldó el refuerzo de la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos contra el crimen transnacional, tras la reunión de autoridades nacionales con una delegación del Departamento de Justicia estadounidense.
La entidad empresarial sostuvo que el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la coordinación judicial pueden afectar a redes que operan entre distintos países.
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El pronunciamiento fue difundido el 23 de septiembre y vinculó la seguridad ciudadana, la certeza jurídica y el Estado de Derecho con el empleo formal, la inversión y la paz social. CACIF pidió una persecución penal “profesional, objetiva e independiente”, basada en pruebas y dirigida contra estructuras delictivas.
La delegación estadounidense reunió por primera vez en Guatemala a cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y a representantes de nueve distritos federales. La visita fue coordinada por la Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero, dirigida por Erik Peterson.

Nueve distritos federales y agencias de seguridad en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el fiscal general, Gabriel García Luna, mantuvieron el encuentro con los funcionarios estadounidenses.
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La agenda abordó persecución penal, seguridad fronteriza, extradiciones y el fortalecimiento de las capacidades investigativas y judiciales guatemaltecas para preparar causas que serán juzgadas en tribunales de Estados Unidos.
El Gobierno de Guatemala informó que participaron el fiscal general adjunto interino Brian Skaret, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano. Las autoridades trataron medidas contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de personas.
La coordinación buscará identificar y desarticular estructuras operativas, combatir mecanismos de impunidad y rastrear los flujos financieros que sostienen actividades ilícitas. “Guatemala asume esta cooperación desde una posición de socio estratégico”, afirmó el Ejecutivo.
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Jorgan Andrews, encargado de Negocios de Estados Unidos, afirmó que la presencia de los fiscales refleja la prioridad que su país otorga a la eliminación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales, al control de las fronteras y a la protección de sus ciudadanos frente a amenazas que cruzan territorios.
0También señaló que las acciones apuntan contra narcotraficantes, traficantes de personas, facilitadores y quienes les brindan protección, incluidos políticos vinculados al narcotráfico.
Andrews definió el objetivo de la misión con una declaración: “Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala”. Y agregó: “No hay refugio seguro para quienes se benefician del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar el cargo que ocupen”.
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La ofensiva contra narcóticos, lavado de dinero y trata
Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostuvo que las organizaciones delictivas aprovechan las fronteras para sus operaciones, mientras los fiscales deben ver en ellas espacios de cooperación.
“Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen”.
La comitiva incluyó a Timothy Courchaine, fiscal federal del Distrito de Arizona; Victor P. White, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de California; C. John Grivner, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de Florida; Ryan Ellison, primer fiscal federal adjunto del Distrito de Nuevo México; y John A. Sarcone III, primer fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Nueva York.
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También participaron Jay R. Combs, fiscal federal del Distrito Este de Texas; Ryan R. Raybould, fiscal federal del Distrito Norte de Texas; Aaron F. Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas; y Justin R. Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas.
El Gobierno guatemalteco vinculó el encuentro con el levantamiento reciente del embargo que durante más de cuatro décadas limitó la adquisición de armamento estadounidense. La medida permitió destinar más de USD 5 millones a la compra de más de 14 mil unidades de armamento y accesorios.
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