La negociación salarial entre el Gobierno de Honduras y los empleados públicos llegó a una diferencia aparentemente pequeña: L500 mensuales (US$18,66).
Los trabajadores redujeron una petición inicial de L3.000 (US$111,99) hasta plantear un incremento de L1.400 (US$52,26), mientras el Ejecutivo ofrece L900 (US$33,60).
Pero cuando esa diferencia se multiplica por aproximadamente 60.000 empleados, la discusión cambia de dimensión.
Si los 60.000 trabajadores recibieran exactamente L1.400 adicionales, el aumento representaría unos L84 millones mensuales (US$3,14 millones).
Entre julio y diciembre serían aproximadamente L504 millones (US$18,81 millones), mientras mantener ese incremento durante un año completo equivaldría a cerca de L1.008 millones (US$37,63 millones) adicionales en salarios.
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Con la oferta gubernamental de L900, el costo bruto sería alrededor de L54 millones mensuales (US$2,02 millones) y unos L324 millones (US$12,09 millones) durante seis meses.
La distancia entre ambas posiciones equivaldría, por tanto, a unos L180 millones (US$6,72 millones) únicamente entre julio y diciembre, sin considerar otros efectos laborales.
La petición tiene además un antecedente reciente. Los lineamientos presupuestarios de Finanzas establecen que durante 2025 los servidores públicos recibieron un ajuste general de L1.400 mensuales (US$52,26), aplicado a personal permanente, por contrato y jornal.
Ese precedente ayuda a explicar por qué los trabajadores consideran esa cantidad un punto de referencia y rechazan reducir la negociación hasta los L900 (US$33,60).
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Josué Orellana, representante de la Conferencia de Trabajadores de Honduras (CTH), señaló que la propuesta actual también busca equiparar el ajuste otorgado al magisterio y contempla una revalorización del quinquenio.
El costo real puede superar estas estimaciones
Las cifras anteriores representan solamente una multiplicación del aumento mensual por los aproximadamente 60.000 empleados mencionados por los negociadores.
El impacto presupuestario final puede resultar mayor porque un incremento salarial también puede repercutir sobre décimo tercer mes, décimo cuarto mes, aportaciones patronales y otros beneficios asociados a la remuneración, dependiendo del régimen laboral correspondiente.
Eso convierte un acuerdo alcanzado en 2026 en una obligación que continuará teniendo efectos presupuestarios posteriormente.
El presupuesto de la Administración Central para 2026 contempla alrededor de L90.249 millones (US$3.370 millones)en servicios personales.
Como referencia, durante 2025 esa asignación fue cercana a L80.012 millones (US$2.987 millones).
Hasta junio de este año, las cuentas financieras registraban aproximadamente L37.890 millones (US$1.414 millones)ejecutados en sueldos y salarios del Gobierno Central.
El dilema entre poder adquisitivo y gasto permanente
Para los trabajadores, el argumento principal está relacionado con cuánto pueden comprar realmente con su salario.
Orellana sostiene que los precios han aumentado y que aceptar L900 (US$33,60) no compensaría suficientemente la pérdida de poder adquisitivo.
La representación laboral insiste por ello en L1.400 (US$52,26) retroactivos desde julio.
Para el Gobierno existe otro problema: cualquier aumento salarial no termina cuando finaliza 2026.
Una vez incorporado a la remuneración mensual, puede convertirse en gasto recurrente que deberá financiarse también durante 2027 y los años siguientes.
La negociación enfrenta así dos presiones: mejorar los ingresos de miles de trabajadores y evitar comprometer recursos que después resulten difíciles de sostener.
Por eso, aunque entre las dos posiciones haya solamente L500 (US$18,66) por empleado, cuando esa diferencia se traslada a toda la planilla puede representar L180 millones (US$6,72 millones) únicamente durante seis meses.
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Una pequeña diferencia en el bolsillo de un trabajador se convierte, desde la perspectiva del Estado, en una decisión de varios millones de dólares.
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