
La incertidumbre de miles de hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) llegará a una nueva instancia de negociación el próximo 3 de septiembre, cuando representantes de Honduras se reúnan con funcionarios de la administración de Donald Trump para abordar las alternativas disponibles ante el proceso migratorio que se avecina.
La reunión que fue confirmada a Infobae por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, explicó que la cita responde a una solicitud presentada por el gobierno hondureño desde principios de julio ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
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El encuentro tendrá como uno de sus principales objetivos dar seguimiento al planteamiento realizado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, para que se establezca un período de transición que permita a los beneficiarios del TPS contar con más tiempo para definir su situación migratoria.
La delegación hondureña también pretende poner sobre la mesa las circunstancias particulares de quienes todavía dependen de esta protección y solicitar que sus casos puedan ser evaluados de manera individual.

Flores Bermúdez confirmó que la fecha ya fue concedida por las autoridades estadounidenses y adelantó que Honduras llegará a la mesa de diálogo con argumentos destinados a reforzar su petición.
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Por ahora, Honduras no tiene garantías sobre el resultado de la conversación. La representación diplomática reconoce que la decisión final corresponde a las autoridades estadounidenses y que la posibilidad de modificar la política migratoria enfrenta obstáculos.
Estatus de Protección Temporal
Uno de los argumentos que llevará Honduras a Washington es que no todos los beneficiarios del TPS se encuentran en las mismas condiciones.
Después de años de permanencia en Estados Unidos, algunos hondureños han formado familias, establecido negocios, pagado impuestos o construido vínculos económicos y sociales que, según la posición hondureña, deberían ser considerados antes de adoptar una decisión definitiva sobre su futuro migratorio.
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Entre los ejemplos mencionados por Flores Bermúdez figuran los compatriotas que contrajeron matrimonio con ciudadanos estadounidenses, así como personas que durante años han cumplido con sus obligaciones tributarias y desarrollado empresas que generan actividad económica.
La intención es que estas circunstancias puedan ser tomadas en cuenta individualmente y que no todos los beneficiarios sean tratados bajo una única fórmula.
Según la estimación presentada por el embajador, años atrás existían alrededor de 70.000 hondureños beneficiarios del programa, mientras que aproximadamente 25.000 ya lograron regularizar su situación en Estados Unidos mediante procesos de residencia u otros mecanismos.
Para la representación hondureña, esa cifra demuestra que una parte importante de los beneficiarios ya avanzó hacia una solución migratoria permanente.
¿Se extenderá el TPS?
Aunque Honduras buscará convencer a las autoridades estadounidenses de ampliar el período de protección, Flores Bermúdez reconoció que existe una dificultad central: el Gobierno de Estados Unidos mantiene una posición contraria a una nueva extensión del TPS.
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Ante ese escenario, la estrategia hondureña contempla plantear alternativas. Una de ellas sería una figura similar al Deferred Enforced Departure (DED), un mecanismo que puede ofrecer protección frente a la deportación durante un período determinado.
La propuesta no se limita a pedir que el TPS continúe indefinidamente. Honduras busca que exista una etapa intermedia que reduzca el impacto de una eventual terminación del beneficio.
La reunión del 3 de septiembre será relevante para los hondureños que todavía dependen del TPS, ya que el resultado de las conversaciones podría influir en el tiempo disponible para buscar una alternativa migratoria.
El encuentro tampoco significa que exista ya un acuerdo entre ambos gobiernos. La cita será, principalmente, un espacio para discutir las opciones planteadas por Honduras y conocer hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington.
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