En vigor amnistía para registro de armas y contratos para obras educativas y hospitalarias en Honduras

La publicación de dos decretos legislativos en el Diario Oficial La Gaceta oficializó la entrada en vigencia de la amnistía para regularizar armas de fuego de uso comercial sin documentación

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La propuesta de Fenalco Atlántico surgió en medio de la extorsión y la violencia que llevaron al cierre de pequeños negocios en Barranquilla, Soledad y Malambo - crédito Colprensa
La medida permite inscribir ante el Estado piezas en manos privadas sin factura ni respaldo legal.

Honduras puso en marcha dos decretos legislativos publicados en La Gaceta: uno habilita por 12 meses la regularización de armas de fuego de uso comercial en poder de particulares, y otro autoriza cambios contractuales para obras de infraestructura educativa y hospitalaria aprobadas por el Congreso Nacional.

La normativa establece un régimen especial para que los ciudadanos puedan registrar armas de fuego de uso comercial que poseen pero carecen de factura de compra, documentación legal o registro oficial. Cabe resaltar que La amnistía aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional y solo permite inscribir armas no vinculadas a hechos delictivos o investigaciones criminales.

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El beneficio también abarca las armas de colección, siempre que no cuenten con aguja percutora. Las armas de uso militar, prohibido o restringido quedaron excluidas del proceso de regularización.

Según el decreto publicado en La Gaceta número 37,183, con fecha del 2 de julio de 2026, la amnistía tendrá una vigencia de doce meses. Durante ese período, los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados para obtener el registro correspondiente.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional en el pasado mes de junio y tiene como objetivo permitir únicamente la inscripción de armas que no estén vinculadas a hechos delictivos o investigaciones criminales.

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Obras en cinco departamentos

En otra disposición publicada oficialmente, el decreto legislativo 137-2026 autoriza modificaciones contractuales para desarrollar obras de infraestructura educativa en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

La norma autoriza ajustes para construir 18 módulos de aulas y rehabilitar siete centros de enseñanza.
La norma autoriza ajustes para construir 18 módulos de aulas y rehabilitar siete centros de enseñanza.

Los trabajos contemplan la construcción de 18 módulos de aulas y la rehabilitación de siete centros educativos, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza para miles de estudiantes en zonas priorizadas del país.

Las obras serán ejecutadas por el Programa de la Red Solidaria junto con el Consorcio Centroamericano de Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada (Coceco), responsable del desarrollo de los proyectos contemplados en el decreto.

Las modificaciones contractuales aprobadas por el Congreso Nacional también abarcan proyectos orientados al fortalecimiento del sistema sanitario.

Entre las obras autorizadas figura la construcción de la nueva sala de neonatología del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, así como el diseño y supervisión de proyectos en el Hospital Regional de Occidente, en Santa Rosa de Copán; el Hospital Roberto Suazo Córdova, en La Paz; el Hospital San Francisco, en Juticalpa, Olancho; y el Hospital Santa Teresa, en Comayagua.

El decreto 137-2026 también habilita proyectos hospitalarios como la nueva sala de neonatología del Hospital Escuela y obras en hospitales de Santa Rosa de Copán, La Paz, Juticalpa y Comayagua.
El decreto 137-2026 también habilita proyectos hospitalarios como la nueva sala de neonatología del Hospital Escuela y obras en hospitales de Santa Rosa de Copán, La Paz, Juticalpa y Comayagua.

El decreto 137-2026 fue publicado en La Gaceta número 37,190, correspondiente al 10 de julio de 2026, con lo que las reformas contractuales entraron en vigencia y permiten avanzar con la ejecución de las obras.

En los próximos meses, las autoridades deberán avanzar en la implementación de la amnistía para el registro de armas y en el desarrollo de los proyectos educativos y hospitalarios, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y atender necesidades prioritarias en distintas regiones del país.

A partir de ahora, las instituciones involucradas deberán ejecutar los mecanismos establecidos en la ley para garantizar el avance de las obras de infraestructura, cuya finalidad es fortalecer la seguridad, ampliar la cobertura educativa y mejorar la capacidad de atención del sistema público de salud en distintas zonas del país.

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