El Ministerio de Finanzas de Guatemala acreditó el 14 de julio más de Q1,161 millones a las 340 municipalidades del país como parte del traslado mensual obligatorio de recursos correspondientes a julio de 2026, un esquema de financiamiento local sustentado en la Constitución y en la legislación municipal que sostiene operaciones y proyectos en comunas con capacidades de recaudación muy desiguales.
Del total transferido, Q1,084.60 millones provinieron de dos rubros: el Aporte Constitucional y el IVA-Paz, que juntos representaron más del 93 % del monto acreditado. El resto correspondió al Impuesto de Circulación de Vehículos y al Impuesto a la Distribución de Petróleo.
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La operación se realizó por acreditación bancaria a través del Crédito Hipotecario Nacional y el Banco de Desarrollo Rural. El Minfín indicó que cada municipalidad debe presentar el recibo fiscal ante la entidad bancaria que le corresponda para poder disponer de los recursos.
Guatemala recibió la mayor asignación departamental y Jalapa la menor
El departamento de Guatemala concentró la mayor asignación del país con Q136,983,418.77. Después se ubicaron Huehuetenango con Q93,197,029.04, San Marcos con Q82,607,845.18, Quetzaltenango con Q72,366,282.85, Quiché con Q68,804,808.03 y Alta Verapaz con Q65,721,361.66.
Jutiapa recibió Q60,292,798.09; Sacatepéquez, Q51,575,090.44; Escuintla, Q51,155,046.63; Sololá, Q50,754,071.96; y Chimaltenango, Q46,566,075.62. Suchitepéquez obtuvo Q44,260,658.86; Santa Rosa, Q40,893,343.66; Petén, Q40,697,341.82; Chiquimula, Q34,766,502.86; y El Progreso, Q28,623,742.98.
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Zacapa recibió Q27,920,922.02; Totonicapán, Q26,647,109.46; Izabal, Q26,335,972.97; Baja Verapaz, Q25,506,818.06; Retalhuleu, Q24,714,850.96; y Jalapa Q16,949,306.39, la asignación más baja del listado.
El ministerio explicó que los montos responden al cálculo matemático aprobado por la comisión específica para el ejercicio fiscal 2026. La distribución entre las 340 comunas se hizo con base en los artículos 118 al 122 del Código Municipal, el Decreto 12-2002 y sus reformas contenidas en el Decreto 22-2010.
El IVA-Paz fue la partida más alta del traslado
Del total acreditado, Q561.42 millones correspondieron al IVA-Paz, la partida más alta del desembolso mensual. El Aporte Constitucional sumó Q523.18 millones, mientras que el Impuesto de Circulación de Vehículos aportó Q53.16 millones y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Q23.24 millones.
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El Aporte Constitucional tiene fundamento en el artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por mandato legal equivale al 10 % de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de Ingresos del Estado, y su traslado a las municipalidades es obligatorio.
La norma establece que al menos el 90 % de esos recursos debe destinarse a programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. El IVA-Paz, por su parte, proviene de una porción específica de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y fue creado tras la firma de los Acuerdos de Paz para financiar programas vinculados con esos compromisos.
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Sus destinos prioritarios son educación, salud, agua potable y desarrollo rural, y los recursos se canalizan por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Ambos conceptos forman parte del esquema regular de financiamiento que el Gobierno central traslada cada mes a las corporaciones municipales.
El Minfín señaló que estas transferencias periódicas buscan fortalecer la prestación de servicios, la ejecución de proyectos y el funcionamiento de los gobiernos locales. La cartera presentó el traslado como parte del compromiso del presidente Bernardo Arévalo de León de llevar bienestar y desarrollo a los territorios del país.
La verificación del uso de estos fondos puede hacerse en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Finanzas y en el sitio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. En esas plataformas se registra tanto la asignación como la ejecución de los recursos municipales.
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Para las comunas con menor capacidad administrativa, el trámite bancario exige gestionar el recibo fiscal ante el Crédito Hipotecario Nacional o el Banco de Desarrollo Rural antes de utilizar el dinero acreditado. El Minfín no informó plazos específicos para la presentación de esos recibos ni mecanismos de seguimiento al uso de los fondos en este traslado particular.
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