Honduras destina fondos para fortalecer la atención de niñez y adolescentes en centros de protección

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) comenzó la distribución de 100 millones de lempiras (3.73 millones de dólares),para respaldar a más de 150 organizaciones que atienden a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en Honduras. La ministra Ada Mejía informó que la entrega de recursos ya empezó con las primeras entidades beneficiadas.

La asignación presupuestaria forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar el apoyo a organizaciones que trabajan con el Estado en la protección de la niñez y la adolescencia, en casos de abandono, violencia, desintegración familiar y otras situaciones de riesgo.

La primera etapa incluye al programa de Madres Solidarias, cuyos fondos permitirán reforzar la atención de menores bajo medidas de protección. Según Mejía, los recursos se destinarán a programas de acogimiento, atención integral, educación, alimentación, acompañamiento psicosocial y protección de derechos en distintos departamentos del país.

Desembolsos programados

Mejía señaló que el proceso de desembolso se realiza conforme a los procedimientos administrativos y legales previstos en la legislación hondureña y en los compromisos internacionales suscritos por el Estado en materia de protección de la infancia.

La titular de la SENAF anunció que, a partir de esta semana, continuará la firma de convenios con casas hogar y organizaciones beneficiarias. Cada institución será convocada de manera individual para agilizar la formalización de los acuerdos y la entrega de los recursos asignados.

La funcionaria indicó que el objetivo es garantizar que las organizaciones dispongan oportunamente del financiamiento necesario para mantener los servicios que ofrecen a miles de niñas, niños y adolescentes que requieren atención especializada y protección estatal.

También reiteró el compromiso de la institución de administrar los fondos públicos con criterios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, para que los recursos lleguen a las entidades que trabajan en la defensa de los derechos de la niñez hondureña.

La Senaf señaló que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer el sistema nacional de protección de la infancia y a garantizar que las organizaciones cuenten con herramientas para responder a las necesidades de la población que atienden.

¿Qué son los IRCAS?

Las Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA), conocidas como casas hogar o centros de acogida, reciben a niñas, niños y adolescentes (NNAJ) que han sido separados de sus familias por situaciones de abandono, violencia, abuso, orfandad o vulneración de derechos. Estos centros brindan alojamiento, alimentación, atención médica, educación y acompañamiento psicosocial mientras las autoridades buscan la reintegración familiar o una solución permanente para cada menor.

En Honduras, el primer Censo Nacional de la Niñez en Cuidado Residencial, elaborado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y UNICEF, identificó la existencia de 136 Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo, donde viven cerca de 4.000 niñas, niños y adolescentes.

El estudio también evidenció la necesidad de fortalecer la supervisión estatal, mejorar los estándares de atención y ampliar el apoyo financiero para garantizar la protección integral de esta población. Más de la mitad de estos centros se concentra en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

La asignación de 100 millones de lempiras anunciada por parte de dicha secretaria de estado, busca precisamente fortalecer el funcionamiento de estas instituciones, muchas de las cuales dependen en gran medida de donaciones y convenios con el Estado para sostener servicios esenciales como alimentación, salud, educación y atención especializada para menores que permanecen bajo medidas de protección.

El fortalecimiento de las IRCAS forma parte de los esfuerzos para consolidar el sistema nacional de protección de la niñez y garantizar que los menores permanezcan en entornos seguros mientras se resuelve su situación familiar y jurídica.