La Policía Militar de Orden Público fue autorizada este martes para acompañar a la Policía Nacional en operativos de seguridad en barrios y comunidades de alta incidencia delictiva en Honduras, según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante una ceremonia de ascensos policiales en la ciudad de La Paz.
El titular del Legislativo señaló que la medida busca reforzar la presencia del Estado en sectores afectados por la violencia y la criminalidad. “Quedó autorizada la Policía Militar para que visite los barrios más peligrosos del país y retomemos un clima de paz, seguridad y tranquilidad”, expresó Zambrano ante periodistas.
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También planteó que la estrategia se ejecute mediante un trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional y la PMOP, para enfrentar de manera conjunta estructuras delictivas que operan en distintos puntos del territorio. “El pueblo pide, quiere y necesita la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las calles acompañando a la Policía Nacional”, agregó.
El rol militar en seguridad
Zambrano sostuvo que el combate a la criminalidad debe ser una prioridad nacional sin distinción de colores políticos y aseguró que el Congreso Nacional respaldará las iniciativas en materia de seguridad impulsadas por el presidente Nasry Asfura.
La seguridad ciudadana continúa entre los principales desafíos de Honduras. Aunque las autoridades han informado avances en algunos indicadores, persisten preocupaciones por delitos como la extorsión, el crimen organizado y la violencia en sectores urbanos y periurbanos.
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La Policía Militar de Orden Público fue creada en 2013 como una fuerza de apoyo en tareas de seguridad ciudadana. Desde entonces, su rol ha sido objeto de debate público: mientras algunos sectores destacan su capacidad operativa para apoyar a la Policía Nacional en operativos.
Por su parte organizaciones de derechos humanos han cuestionado la participación de cuerpos militares en funciones de seguridad interna y han señalado la necesidad de fortalecer instituciones policiales civiles.
A lo largo de distintos gobiernos, la coordinación entre la Policía Nacional y la PMOP se ha utilizado como parte de estrategias de control territorial en zonas con presencia de estructuras criminales, incluidos operativos conjuntos para decomisos, capturas y patrullajes preventivos.
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Agenda legislativa y reformas
El anuncio se produjo en un momento de transición política, en el que se discuten las prioridades del próximo gobierno en materia de seguridad pública. La administración del presidente electo Nasry Asfura ha señalado que el combate a la delincuencia será uno de los ejes de su gestión, lo que podría fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado.
Zambrano afirmó además que el Congreso Nacional dará respaldo a las iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad del país y reiteró que la problemática debe abordarse sin consideraciones partidarias, con prioridad en el bienestar de la población.
En paralelo, el titular del Legislativo adelantó que esta semana el Congreso discutirá reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, orientadas a fortalecer las medidas de protección para las víctimas y endurecer sanciones contra agresores.
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Entre las propuestas figura la creación de un registro de agresores contra mujeres, la prohibición de aspirar a cargos de elección popular para personas condenadas por estos delitos, restricciones en la portación de armas y la suspensión de licencias de conducir como medidas complementarias.
Además, el Congreso Nacional prevé avanzar en la agenda legislativa pendiente durante las próximas semanas, con proyectos relacionados con seguridad, justicia y protección de derechos humanos.
Estrategia integral
Luis Alonso Gales experto en seguridad explico a Infobae que la incorporación de la Policía Militar en labores de patrullaje puede tener impacto inmediato en la percepción de seguridad en zonas críticas, pero advierten que los resultados sostenibles dependen de una estrategia integral.
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Entre los principales desafíos mencionan la necesidad de fortalecer la investigación criminal, mejorar la inteligencia policial, reducir los factores sociales que alimentan la delincuencia y generar oportunidades económicas para jóvenes en riesgo.
Expertos coinciden en que la reducción de la violencia no depende únicamente de la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, sino también de políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento institucional.
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