El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó la medida de prisión preventiva contra dos hombres señalados por las autoridades como responsables intelectual y materialmente de la masacre que dejó 20 personas fallecidas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.
La resolución judicial fue emitida tras la audiencia inicial celebrada contra Carlos Alexis Mencía y Williams Noé Reyes Izaguirre, quienes son considerados por los organismos de investigación como piezas clave dentro del caso que ha conmocionado al país debido a la magnitud de la tragedia.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Carlos Alexis Mencía es señalado como el supuesto autor intelectual de la matanza, mientras que Williams Noé Reyes Izaguirre es identificado como uno de los presuntos autores materiales del ataque. Ambos deberán continuar el proceso judicial bajo la medida de prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán.
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La masacre ocurrió el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, una zona ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón. El hecho dejó un saldo de 20 personas fallecidas y generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad, fiscales e investigadores, quienes iniciaron de inmediato una serie de diligencias para esclarecer lo sucedido.
Desde entonces, el caso se convirtió en una de las principales investigaciones criminales desarrolladas por las autoridades hondureñas durante 2026. Equipos especializados realizaron allanamientos, recopilación de pruebas, entrevistas y operaciones de inteligencia para identificar a los responsables de la matanza.
Las autoridades policiales manejan como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la región. Según las investigaciones preliminares, conflictos derivados del control de actividades económicas vinculadas al sector agrícola habrían provocado enfrentamientos que terminaron desencadenando la masacre.
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Uno de los primeros capturados fue Carlos Alexis Mencía, conocido también por el alias de “Gato Negro”, quien fue detenido en una operación policial y posteriormente presentado ante los tribunales. Los organismos de seguridad sostienen que habría desempeñado un papel determinante en la planificación del ataque.
Días después, las autoridades capturaron a Williams Noé Reyes Izaguirre durante un operativo realizado en el departamento de Colón. Tras su detención, fue presentado ante un juez competente, quien inicialmente dictó detención judicial mientras avanzaban las investigaciones y se desarrollaba la audiencia correspondiente.
Durante las audiencias celebradas en los últimos días, el Ministerio Público presentó elementos de prueba con el objetivo de sustentar la acusación contra ambos imputados. Como resultado, el juzgado determinó que existen indicios suficientes para que continúen siendo procesados bajo prisión preventiva.
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Los acusados enfrentan cargos por los delitos de asesinato, tentativa acabada de asesinato y asociación para delinquir. Las autoridades consideran que los hechos investigados afectan no solo a las víctimas directas, sino también a la seguridad y tranquilidad de toda la sociedad hondureña.
La masacre de Rigores provocó una fuerte conmoción a nivel nacional debido al elevado número de víctimas y a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Diversos sectores han solicitado que las investigaciones continúen hasta identificar y capturar a todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales.
Mientras tanto, los organismos de seguridad mantienen operativos en distintas zonas del departamento de Colón y otras regiones del país con el objetivo de ubicar a posibles sospechosos que aún permanecen prófugos. Las autoridades han reiterado que las investigaciones siguen abiertas y que no se descartan nuevas capturas en los próximos días.
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Con la decisión judicial de enviar a prisión preventiva a los dos principales acusados, el caso entra en una nueva etapa procesal.
Ahora corresponderá al Ministerio Público continuar fortaleciendo la acusación mediante la presentación de pruebas que permitan determinar las responsabilidades individuales y esclarecer completamente uno de los hechos criminales más impactantes registrados en Honduras durante los últimos años.
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