Las bancadas del Congreso se dividen entre subsidios, rebaja de impuestos y precios tope por el alza a los combustibles y el anuncio del Ejecutivo

Los bloques discuten si conviene un aporte directo, eliminar el IVA y el IDP o explorar valores máximos, mientras el encarecimiento del carburante acelera definiciones antes de que inicie el trámite parlamentario

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Infografía sobre propuestas de subsidio a combustibles en Guatemala, con imágenes de gasolineras, el Congreso, gráficos de precios y financiación.
Una infografía ilustra las propuestas y el debate en el Congreso de Guatemala sobre un subsidio de Q3.480 millones para contener el alza en los precios de los combustibles y sus métodos de financiación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Guatemala recibirá el lunes la propuesta del presidente Bernardo Arévalo para aprobar un subsidio al combustible de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en medio de una división creciente entre diputados que discuten si la salida más efectiva para contener el alza de precios es mantener ayudas directas, eliminar impuestos o buscar otros mecanismos.

El plan prevé un costo de Q3.480 millones, financiado con una readecuación presupuestaria y sin recurrir a endeudamiento público. Según el Ejecutivo, los recursos saldrían de una reorganización interna.

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La discusión llega al Congreso con un dato de fondo que explica la urgencia política: el precio del diésel, que al terminar el subsidio anterior se ubicaba en Q27,29 por galón en el área metropolitana, subió hasta Q42,50 en algunas estaciones de servicio, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas. La nueva iniciativa entrará formalmente al pleno legislativo el lunes.

Nery Ramos, secretario de la junta directiva del Congreso, adelantó que su bloque ya analiza alternativas antes del ingreso formal de la iniciativa. “Desde ya, junto a mi bloque, estamos analizando la propuesta que mejor favorezca el bolsillo de los guatemaltecos. Estos costos tan altos son insostenibles para la economía de los ciudadanos”, dijo el legislador.

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El subsidio a los combustibles prevé Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular para contener el alza de precios en Guatemala.(Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)
El subsidio a los combustibles prevé Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular para contener el alza de precios en Guatemala.(Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)

Varios bloques impulsan la eliminación temporal de impuestos

La bancada Todos se inclinó por otra vía. Su diputado Cornelio García recordó que durante la crisis anterior ese bloque ya había promovido la eliminación de impuestos al petróleo y sus derivados, aunque el Congreso optó entonces por aprobar un subsidio que, a su juicio, no benefició de forma directa a la población.

“Vamos a insistir en que la aprobación que haga el Congreso sea directamente la eliminación de esos impuestos, que son el IVA y el IDP, Impuesto de Distribución al Combustible. Para que esa ayuda se refleje directamente en cada gasolinera en todos los rincones del país”, afirmó García.

El jefe del bloque Cabal Luis Aguirre en sus redes sociales al cuestionar que haría un guatemalteco con más de cinco mil millones de quetzales que sería la suma de los subsidios, rechazó de plano una nueva ronda de subsidios.

La diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, vinculó el alza del combustible con la guerra que Estados Unidos ha desatado en Irán y en Medio Oriente. En sus redes sociales sostuvo que el subsidio vuelve a ser “una medida cómoda para ciertos sectores, fácil para el gobierno y sus funcionarios, paliativa a los bolsillos de las y los guatemaltecos”.

Gutiérrez también cuestionó que el Ejecutivo traslade al Congreso la responsabilidad de resolver el problema. Pidió discutir alternativas, incluidos los precios tope, aunque reconoció que la legislación vigente no permite ese instrumento.

El Ejecutivo defiende el subsidio como la opción más rápida

El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS y miembro de la junta directiva, también puso en duda que la propuesta consiga apoyo suficiente. Sostuvo que el planteamiento del Ejecutivo “no tiene nada de innovador” y que repite la fórmula aplicada en abril.

Blanco afirmó que el subsidio aprobado entonces con Q2.000 millones debía cubrir mayo, junio y julio, pero “en junio ya se lo habían acabado”. Según su bancada, además, entre Q500 y Q600 millones “se esfumaron” y terminaron en manos de las tres empresas importadoras, por lo que consideró que ganará fuerza la idea de eliminar temporalmente el IVA a los combustibles y el impuesto al petróleo y sus derivados.

Esa discusión fue respondida por el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios, quien defendió el subsidio como la vía más rápida, viable y de mayor impacto para las familias. Explicó que el programa anterior, vigente del 28 de abril al 2 de julio bajo el Decreto 11-2026, rebajó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina superior y regular.

Barrios sostuvo que el beneficio sí llegó al consumidor final. “Lo que percibió el consumidor final es ya el precio rebajado”, dijo el ministro, y explicó que los importadores asumieron costos financieros de hasta Q200 millones semanales en promedio mientras el Ejecutivo validaba la documentación para reembolsarles.

Frente a la propuesta de suprimir el IDP y el IVA al diésel, el funcionario afirmó que el efecto conjunto apenas sería de Q7 por galón. “El diésel, si usted le quita los impuestos, tendría una rebaja de siete quetzales, y el diésel para la economía de Guatemala merece una medida más importante, más sustancial”, sostuvo.

Barrios agregó que eliminar impuestos exige trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades, lo que vuelve esa alternativa más lenta y menos sostenible. También remarcó que el diésel tiene un impacto tres veces mayor que la gasolina en la economía nacional, porque mueve el transporte colectivo y la cadena de distribución de alimentos.

Sobre los precios tope, el ministro fue terminante: “Esa medida es simplemente ilegal. Iría en contra de la ley de hidrocarburos, que en nuestro país se basa en el libre mercado”. Añadió que el Plan Centinela permitió vigilar el cumplimiento de los precios de referencia durante el subsidio anterior y que toda la estructura institucional está lista para aplicar el nuevo apoyo si el Congreso de la República lo aprueba.

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