La jueza federal Jacqueline Becerra dictó sentencia este viernes contra el exfuncionario hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, quien deberá cumplir cinco años de libertad supervisada bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico tras declararse culpable en un proceso judicial desarrollado en el Distrito Sur de Florida.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, luego de que Cosenza admitiera su responsabilidad en un cargo relacionado con transacciones financieras efectuadas con recursos provenientes de actividades ilícitas, tipificadas bajo la legislación federal estadounidense.
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Según la documentación judicial, el exfuncionario hondureño aceptó su participación en operaciones financieras vinculadas con fondos obtenidos mediante un esquema de corrupción relacionado con contratos públicos adjudicados en Honduras entre 2015 y 2019.
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades estadounidenses establecieron que parte de esos recursos fueron transferidos a través de cuentas bancarias y empresas utilizadas para ocultar el origen del dinero.
Como parte de la sentencia, Cosenza deberá permanecer bajo estricta supervisión judicial durante un período de cinco años. Durante ese tiempo tendrá prohibido abandonar su residencia, salvo en situaciones previamente autorizadas por las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas por la corte.
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La resolución también establece que el condenado deberá portar permanentemente un dispositivo electrónico de monitoreo para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario. Cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en sanciones adicionales o en la revisión de los beneficios otorgados por el tribunal.
El caso forma parte de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados a contratos para el suministro de uniformes y otros insumos destinados a instituciones de seguridad hondureñas.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, empresarios y funcionarios habrían participado en un esquema mediante el cual se realizaron pagos indebidos a cambio de favorecer la adjudicación de contratos millonarios.
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Las investigaciones señalan que los contratos involucrados superaban los 10 millones de dólares y que parte de los recursos obtenidos fueron utilizados para realizar pagos ilícitos a funcionarios relacionados con los procesos de contratación. Para ocultar dichas operaciones, los participantes habrían utilizado cuentas bancarias y empresas registradas tanto en Estados Unidos como en otros países.
La admisión de culpabilidad de Cosenza permitió cerrar parte del proceso judicial que se desarrollaba en su contra. En el acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses, algunos cargos fueron retirados, mientras que la condena quedó centrada en el delito relacionado con transacciones financieras realizadas con fondos de origen ilícito.
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El caso ha mantenido atención tanto en Honduras como en Estados Unidos debido a que involucra recursos públicos y presuntas irregularidades ocurridas durante procesos de contratación estatal.
Además, las autoridades norteamericanas han señalado que la investigación forma parte de los esfuerzos impulsados para combatir la corrupción y el lavado de activos vinculados a funcionarios públicos de Centroamérica.
Durante los últimos años, varias personas relacionadas con el mismo expediente han enfrentado procesos judiciales en cortes federales estadounidenses.
Algunos implicados optaron por acuerdos de culpabilidad, mientras otros enfrentaron juicios por delitos relacionados con corrupción, lavado de dinero y violaciones a leyes anticorrupción internacionales.
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Con la sentencia emitida este viernes, Francisco Roberto Cosenza Centeno deberá cumplir las condiciones impuestas por la corte durante los próximos cinco años. Mientras tanto, el caso continúa siendo uno de los expedientes de corrupción internacional más relevantes vinculados a Honduras que han sido procesados por la justicia estadounidense en los últimos años.
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