La Corte Suprema de Justicia de Honduras lleva al pleno amparo de militares

La falta de unanimidad en la Sala de lo Constitucional, que votó cuatro a uno, obligó a elevar el expediente a los 15 magistrados

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La mayoría simple definirá el futuro del amparo, el caso podría resolverse con ocho votos contra siete
La mayoría simple definirá el futuro del amparo, el caso podría resolverse con ocho votos contra siete

La Corte Suprema de Justicia de Honduras elevó al pleno el recurso de amparo presentado a favor del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, luego de que la Sala de lo Constitucional votara cuatro a uno sobre el proyecto de sentencia sin alcanzar unanimidad. Ahora, los 15 magistrados deberán resolver el caso.

La falta de unanimidad en la Sala obliga a remitir el expediente al conocimiento de la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema. La resolución que adopte el pleno tendrá carácter definitivo dentro del proceso de amparo.

De acuerdo con el procedimiento establecido, cuando la Sala de lo Constitucional no logra una decisión unánime, el expediente pasa al pleno de magistrados para una nueva revisión y una resolución final.

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Convocatoria del pleno

En esta etapa, el análisis abarca una deliberación completa entre los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia.

El abogado penalista Jaime Erick Rodríguez explicó que en el pleno bastará una mayoría simple para definir el resultado del recurso, ya sea a favor o en contra de los solicitantes.

“Con una votación de ocho votos a favor y siete en contra, los generales serían beneficiados”, señaló el profesional del derecho al detallar el escenario que ahora enfrentará el caso.

El presidente del Poder Judicial deberá convocar a 15 magistrados para resolver el recurso del exjefe militar.
El presidente del Poder Judicial deberá convocar a 15 magistrados para resolver el recurso del exjefe militar.

El siguiente paso corresponde al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, quien deberá convocar oficialmente al pleno de magistrados para conocer el expediente y someterlo a discusión.

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Una vez instalada la sesión, los magistrados deberán analizar los argumentos jurídicos del recurso de amparo y los antecedentes del caso antes de emitir una decisión final.

Postura de la defensa

La defensa del general Romeo Vásquez Velásquez expresó confianza en que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratifique una resolución favorable para sus representados.

La defensa de Romeo Vásquez Velásquez afirmó que espera una decisión favorable y sostuvo que el amparo busca restituir derechos y garantías constitucionales.
La defensa de Romeo Vásquez Velásquez afirmó que espera una decisión favorable y sostuvo que el amparo busca restituir derechos y garantías constitucionales.

La abogada defensora Claudia Erazo afirmó que esperan que el máximo tribunal realice un análisis exhaustivo del recurso presentado, con base en los argumentos constitucionales planteados en la solicitud de amparo.

“Confiamos y tenemos la fe puesta en Dios de que se hará un estudio exhaustivo de los amparos y que el derecho corresponde otorgarles realmente lo que la Constitución de la República establece, devolviendo los derechos y garantías constitucionales a nuestros representados”, expresó la profesional del derecho.

La defensa sostiene que el recurso busca la restitución de derechos y garantías constitucionales que considera vulnerados dentro del proceso judicial que enfrentan los exjefes militares.

Los hechos del proceso

Romeo Vásquez Velásquez, junto a otros exgenerales, enfrenta un proceso judicial relacionado con hechos ocurridos durante la crisis política de 2009.

Entre los señalamientos figura la presunta responsabilidad en la muerte de Isy Obed Murillo Mencía y las lesiones causadas a civiles durante una protesta registrada en las cercanías del aeropuerto Toncontín.

Con la decisión ahora en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, la resolución que emita el máximo tribunal no solo definirá la situación del recurso de amparo, sino que también podría marcar un precedente relevante sobre el alcance de las garantías constitucionales en procesos vinculados a hechos de alto impacto político y social en el país.

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