El Congreso Nacional de Honduras aprobó en primer debate la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. El proyecto apunta a proteger inversiones y empleos ante invasiones de tierras, usurpaciones y bloqueos. Zambrano anunció que buscarán dispensar el segundo debate para votarla de forma definitiva este martes.
La propuesta plantea declarar como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial y fija reglas para que cualquier disputa sobre tierras se dirima en tribunales, sin ocupaciones de hecho.
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La meta es dar certeza jurídica a quienes invierten y producen en el campo hondureño, al sostener que el sector aporta una parte relevante de la economía y del empleo.
El proyecto define como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial, incluidas las inversiones vinculadas a la producción, las tierras de cultivo, la infraestructura productiva, las cadenas logísticas y el transporte de bienes agroalimentarios, según el texto discutido en el Congreso.
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También declara como inafectables las tierras y mejoras destinadas a actividades agroindustriales y al cultivo de especies vegetales usadas como materias primas. La iniciativa justifica esa figura en la seguridad alimentaria y en el refuerzo del derecho constitucional a la propiedad privada.
Protección jurídica
El artículo 2 del proyecto establece que cualquier persona natural o jurídica que pretenda reclamar derechos sobre esas tierras deberá hacerlo “previa y exclusivamente” mediante las instancias judiciales competentes.
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“Toda persona natural o jurídica que pretenda derechos de propiedad o posesión sobre dichas tierras deberá hacerlos valer previa y exclusivamente a través de las instancias judiciales competentes. En ningún caso se justificará la ocupación, invasión o usurpación de tierras destinadas a la producción agroindustrial”, señala el texto del anteproyecto citado durante la sesión.
Uno de los ejes de la iniciativa es la prohibición expresa a cualquier autoridad administrativa de reconocer, validar o tolerar ocupaciones materiales sobre tierras agroindustriales, incluso si se enmarcan en protestas sociales, conflictos colectivos, huelgas o reclamos políticos, de acuerdo con el articulado.
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A la vez, el proyecto ordena al Ministerio Público, la Policía Nacional y otras autoridades competentes actuar de forma inmediata ante denuncias por invasiones, usurpaciones, bloqueos o tomas que afecten directa o indirectamente la actividad agroindustrial, según el documento presentado en el hemiciclo.
Invasiones y conflictividad agraria
La discusión ocurre en medio de denuncias de productores, empresarios y organizaciones agroindustriales, que atribuyen a las invasiones de tierra y a la conflictividad agraria pérdidas económicas, caída de inversiones y afectaciones a la producción agrícola nacional.
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Representantes del sector privado sostienen que la inseguridad jurídica desalienta nuevos proyectos en el agro hondureño, en especial en zonas productivas del norte y del litoral atlántico, donde se informaron conflictos vinculados a ocupaciones de tierras en los últimos años.
La agroindustria reúne actividades asociadas a palma africana, banano, café, azúcar y camarón, entre otros rubros, con impacto en el empleo y en las exportaciones, según plantearon voceros empresariales al referirse al alcance del sector. También advirtieron que los conflictos agrarios limitan inversiones estratégicas y afectan la competitividad frente a otros mercados de la región.
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Tomás Zambrano quien presentó la iniciativa adelantó que el proyecto será dispensado de segundo debate para llevarlo a discusión y votación definitiva en el pleno este martes. En ese marco, pidió a las bancadas revisar el contenido e incorporar observaciones o recomendaciones antes de la aprobación final.
“La intención es darle certeza jurídica a quienes generan empleo, producen alimentos y sostienen buena parte de la economía nacional”, expresó Zambrano durante la sesión legislativa.
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