
El presidente del Congreso Nacional en Honduras, Tomás Zambrano, anunció que promoverá reformas para transformar el sistema de selección de aspirantes a cargos públicos en en el país.
Esta medida busca modificar la manera en que las comisiones evaluadoras presentan los listados de candidatos y otorgar mayor margen de decisión al Poder Legislativo sobre la base de criterios cualitativos, con lo que se pretende equilibrar el componente técnico y la autonomía política en los procesos de elección.
Zambrano explicó que la propuesta surge ante la presión generada por el actual modelo, en el que las comisiones remiten al Congreso Nacional de Honduras listados jerarquizados de candidatos con puntajes numéricos o porcentuales.
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El presidente del Legislativo, sostuvo que este sistema ha distorsionado la naturaleza del proceso: “Nos ha causado daño cuando las comisiones nos mandan evaluados porcentualmente. La gente exige que se elija al primer lugar, y eso se vuelve una camisa de fuerza para el Congreso”.
El legislador advirtió que esta situación ha reducido la posibilidad de construir consensos amplios, esenciales para alcanzar la mayoría calificada de 86 votos requerida en la elección de altos funcionarios públicos.

Uno de los cambios clave impulsados por Zambrano es la eliminación de los listados jerarquizados por calificación.
Bajo el nuevo esquema que el presidente del Congreso propone, las comisiones evaluadoras remitirán un listado de candidatos considerados aptos para el cargo, acompañados de sus hojas de vida, evaluaciones y documentación de respaldo, sin establecer orden de mérito.
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El líder nacionalista afirmó: “Lo que nos tienen que enviar es quiénes son aptos para ocupar el cargo, con sus evaluaciones, hojas de vida y documentos. Es el pleno quien tiene la última palabra”.
Esta propuesta se presenta en un contexto de exigencia social por mayor transparencia y objetividad en la selección de funcionarios públicos.
Zambrano enfatizó que “el Congreso debe recuperar su facultad constitucional de evaluar de manera integral a los aspirantes, más allá de una simple puntuación”.
En Honduras, la selección de cargos como magistrados, fiscales o comisionados requiere negociar acuerdos multipartidarios, dado que se exige una mayoría calificada de 86 votos en el pleno.
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Este requisito suele convertir el proceso en un ejercicio político complejo, con las bancadas sujetas a presión tanto interna como externa.

La iniciativa tendrá que plasmarse en una reforma legal que se debatirá en el pleno del Congreso Nacional. No obstante, Zambrano indicó que esperan aplicar el nuevo formato incluso antes de la aprobación formal de los cambios, al señalar: “El formato será incorporado mediante reformas legales, pero intentaremos aplicarlo desde ya en el actual proceso”.
El anuncio llega en un momento en que el país atraviesa importantes procesos de selección de funcionarios clave.
La transparencia y legitimidad de las comisiones evaluadoras han sido objeto de escrutinio público, y el debate sobre el equilibrio entre los dictámenes técnicos y la decisión política se mantiene abierto.
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La propuesta deberá contar con el respaldo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, ya que la gobernabilidad y la formación de consensos son condición indispensable para su eventual aprobación.
Las discusiones sobre el rol y el alcance de las comisiones evaluadoras continúan reflejando las tensiones entre las exigencias técnicas y el margen de la política en el sistema institucional hondureño.
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