Organismos en Honduras urgen hoja de ruta clara para combatir la criminalidad en el país

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha urgido a las autoridades de Honduras a definir una hoja de ruta clara, técnica y aplicable para enfrentar la criminalidad, advirtiendo que el país arriesga retrocesos tras el fin de medidas como el Estado de Excepción.

El último informe de la ASJ revela señales mixtas en los indicadores de violencia y expone que, a pesar de ciertos avances, persisten obstáculos estructurales que limitan la operatividad del sistema de seguridad y justicia hondureño.

Entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026, el país registró 624 homicidios, dato que refleja un incremento del 5.05 % sobre el mismo lapso de 2025.

Este aumento se da pese a que la tendencia acumulada desde 2022 muestra una reducción del 42.3 % en los asesinatos, precisó la Dirección de Seguridad y Justicia de la ASJ.

El crecimiento interanual de homicidios representa la primera “fotografía” del comportamiento de la violencia en un escenario sin restricciones extraordinarias, y enciende alertas sobre un eventual estancamiento o reversión de los avances recientes si no se toman decisiones estratégicas de inmediato.

De acuerdo con la organización, la criminalidad se concentra en tan solo 16 municipios, lo que revela la eficacia limitada de las políticas de seguridad generalizadas. La ASJ ha planteado que la aplicación indiscriminada de medidas resulta ineficiente y costosa, por lo que impulsa una estrategia de focalización territorial inteligente. Esto implica intervenir específicamente en los puntos críticos con un despliegue estratégico de fuerzas y acciones preventivas, sociales y de investigación criminal, según el informe de la asociación.

El informe subraya la importancia de comprender las dinámicas locales, incluyendo la actuación de estructuras criminales, la influencia de factores socioeconómicos y las debilidades institucionales, para combatir de modo efectivo delitos como el homicidio y la extorsión.

Otro aspecto central del reporte de la ASJ es la validez y confiabilidad de las cifras. Las estadísticas sobre violencia de 2026 han sido verificadas técnicamente, a diferencia de las reportadas en 2025, que carecieron del respaldo del Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Esta verificación permite una interpretación fiable del fenómeno y fortalece las bases para elaborar políticas públicas sustentadas en evidencia.

Las muertes violentas de mujeres en Honduras registran un descenso acumulado del 31.5 % en los últimos años, según el informe de la ASJ. No obstante, el retroceso estadístico se estabiliza y la organización advierte que la mejoría no se traduce todavía en una mayor protección.

La persistencia de altos niveles de impunidad, la falta de una estrategia integral y la escasez de recursos mantienen la vulnerabilidad femenina frente a la violencia doméstica y las redes criminales.

El documento recomienda que cualquier reducción cuantitativa debe acompañarse de políticas de prevención, atención a víctimas y judicialización efectiva de agresores. De lo contrario, la protección a las mujeres seguirá siendo insuficiente a pesar de las cifras favorables recientes.

El informe presentado por la ASJ destaca la falta de planificación previa y la desorganización en la transición de mando en la Secretaría de Seguridad.

Las nuevas autoridades, que cuentan con apenas dos meses en el cargo, se enfrentan a un escenario complejo sin una hoja de ruta basada en evidencia, lo que restringe su margen de maniobra ante la criminalidad.

A esto se suma el problema del flujo financiero, aunque el presupuesto fue aprobado, los recursos aún no han llegado a las instituciones responsables, lo que imposibilita la implementación efectiva de las estrategias.

El informe advierte que estos retrasos convierten los planes en “papel mojado” por la incapacidad de ejecutarlos de inmediato.

A pesar de este contexto adverso, la ASJ ha reconocido avances en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la incautación de piedras de crack y gramos de cocaína.

Sin embargo, la organización aclara que estos logros no se reflejan en una reducción de la violencia homicida ni mejoran la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

La diferencia entre resultados operativos y la percepción pública subraya la necesidad de un enfoque integral, donde la represión del delito se combine con la prevención, la investigación y el fortalecimiento institucional.

Para la ASJ, la seguridad debe medirse por la capacidad estatal de garantizar condiciones de vida seguras, no solo por el volumen de droga incautada o personas detenidas.