Este hecho, revelado por el diputado Marco Ramiro Lobo del partido Libertad y Refundación (Libre), ocurre cuando el funcionario enfrenta un juicio político y denuncia amenazas contra su integridad física, lo que intensifica la incertidumbre sobre la estabilidad institucional y la seguridad de altos cargos en el país.
De acuerdo con el diputado Lobo, la salida de Ochoa obedece a riesgos claros contra su vida y podría derivar en una solicitud de asilo político en el extranjero.
En la mañana del lunes anterior, cuando estaba prevista la comparecencia inicial de Marlon Ochoa ante la comisión investigadora del Congreso Nacional, el secretario de dicho organismo, Alberto Cruz Zelaya, confirmó a las 9:08 que el consejero no se hallaba en las instalaciones del Poder Legislativo ni había justificado documentalmente su ausencia, algo reiterado por Carlos Ledezma, secretario del Congreso, minutos después.
Ochoa también anticipó públicamente el 10 de abril, a través de su cuenta en la red social X, que no atendería la citación, aduciendo falta de imparcialidad en el proceso y calificando el juicio político como “un teatro del crimen”.
El legislador Lobo sostuvo que Ochoa dejó el país para resguardar su vida, tras considerar junto a su familia que no existen garantías mínimas de seguridad en Honduras para un funcionario de su nivel.
“Hay evidencias claras de que se le quiere hacer daño, atentar contra su vida, y él ha tomado la decisión, junto a su familia, de salir fuera del país y seguramente iniciar un trámite de asilo político porque no hay garantía en el país sobre la vida de Marlon Ochoa”, expresó Lobo en declaraciones recogidas por el medio fuente.
La ausencia del funcionario coincidió con una sesión parlamentaria clave en la que debía ejercer su defensa, momento en que una comisión especial recomendó su destitución junto con la de otros tres miembros del órgano electoral.
El 10 de abril, Ochoa publicó en sus redes: “Anuncio al pueblo hondureño que no atenderé esa citación. Comparecer ante un tribunal que ya tiene escrita su sentencia sería convalidar el teatro del crimen y mendigar clemencia ante unos verdugos que ya vendieron su voluntad”, declaración que refleja su rechazo frontal al proceso político, percibiéndolo como motivado por intereses ajenos a la ley.
Durante este proceso, la comisión investigadora realizó la sesión inicial el lunes sin la presencia de Ochoa, pese a que le habían otorgado tiempo adicional para comparecer.
Según los registros, ni la secretaría de la comisión ni la del Congreso recibieron avisos, correspondencia dando explicaciones ni una dimisión formal. Esta inasistencia generó controversia en el entorno político nacional, por tratarse de una figura suspendida que debía ser la primera en declarar.
La posible petición de asilo por parte de Marlon Ochoa introduce el riesgo de una nueva fase en la controversia, con potenciales repercusiones diplomáticas, según avanzó el diputado Lobo.
El clima político se ha tornado tenso debido al rol del CNE en la organización electoral y a la trascendencia de la posible destitución de uno de sus consejeros.
Actualmente, el Congreso Nacional evalúa la recomendación de la comisión especial de destituir a los implicados, mientras la ausencia de Ochoa añade incertidumbre sobre el desenlace y los alcances políticos y legales de este caso.
La situación evidencia un conflicto institucional de fondo y una marcada polarización política. La percepción pública sobre el respeto al Estado de derecho y la democracia en Honduras se ve condicionada por la manera en que el Congreso y los funcionarios del órgano electoral tramitan estas acusaciones y amenazas.
El desarrollo de los próximos días determinará el impacto de esta crisis sobre el sistema político del país.
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