El presidente de la República de Honduras Nasry Asfura, consolidó su respaldo a la aprobación de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos durante la 66 edición de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible (CLAEC), cuya convención se celebró entre el 15 y el 17 de abril de 2026 en Tela.
El mandatario hondureño destacó que esta iniciativa, pendiente desde hace más de una década, busca actualizar el marco regulatorio de los combustibles en el país y responde al contexto internacional de volatilidad en los precios del petróleo.
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El secretario general permanente de la organización, Daniel Añón, entregó a Asfura una carta resolución con propuestas estratégicas para fortalecer el mercado hondureño.
Entre ellas destacan la promoción de gasolina de 91 octanos, la implementación de subsidios focalizados para sectores vulnerables, el fortalecimiento de la reserva estratégica de combustible hasta alcanzar al menos 15 días de suministro y el desarrollo de un plan nacional de eficiencia energética.
Estas recomendaciones fueron elaboradas tras el análisis de modelos exitosos en países como Argentina, Brasil y México.
La 66 convención de CLAEC reunió a empresarios y representantes de cámaras y federaciones de combustibles de más de diez países latinoamericanos, que evaluaron los desafíos del sector energético en una coyuntura marcada por la inestabilidad geopolítica, en particular los conflictos en Oriente Medio, que han impactado directamente en las economías importadoras de hidrocarburos como la hondureña.
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En este contexto, el presidente Asfura reiteró públicamente: “Tengan la seguridad de que será consensuada en el Congreso Nacional y vamos a ponernos de acuerdo todos para poder tener esa ley que venga a ayudar a cada consumidor”, frase pronunciada durante su discurso.
El mandatario anunció, además, que sostendrá reuniones con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y la junta directiva legislativa para avanzar en el análisis y la posterior aprobación de la normativa.
Subrayó que el Ejecutivo respaldó la ley desde su candidatura y que en esta oportunidad, “me llevo nuevamente, ya como presidente, la petición formal”, ratificando la urgencia de un marco legal que brinde certeza y regule la calidad y cantidad del combustible ofrecido a los consumidores hondureños.
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Durante la convención, Daniel Añón entregó al presidente hondureño un documento que propone elevar la reserva estratégica de combustibles a quince días, promover la comercialización de carburantes de mayor octanaje y diseñar subsidios dirigidos a las poblaciones más vulnerables que amortigüen el impacto de la volatilidad internacional.
El plan también aboga por la adopción de un programa nacional de ahorro y eficiencia energética, medidas que organismos como la Organización Latinoamericana de Energía han impulsado en foros regionales.
La CLAEC resaltó la necesidad de adaptar la regulación nacional a los estándares internacionales, subrayando que la creación de un marco legal claro permitirá reducir prácticas irregulares y aumentar la transparencia en el sector.
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La aprobación de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos es una demanda histórica de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), que desde hace más de diez años reclama reglas precisas y mecanismos para garantizar la calidad en la venta de combustibles en toda Honduras.
Hay quienes consideran que la aprobación de la Ley de Hidrocarburos representaría un hito normativo para Honduras, permitiendo regular el sector con criterios modernos y alineados con el mercado internacional.
Aun así, advierten que el proceso será complejo y exigirá consensos políticos amplios y una socialización amplia entre todos los actores involucrados.
La participación activa del Ejecutivo en la CLAEC refleja una apuesta por articular esfuerzos entre el sector público, privado y organismos multilaterales para buscar soluciones integradas ante un entorno internacional incierto.
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La atención está ahora en el Congreso Nacional, donde iniciarán las discusiones formales para aprobar una legislación que, según la expectativa de empresarios y distribuidores, podría transformar la dinámica energética y mejorar el acceso, la transparencia y la sostenibilidad para los consumidores hondureños.
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