La controversia en torno al juicio político contra funcionarios electorales marcó un nuevo capítulo en Honduras este jueves, cuando diputados del partido Libertad y Refundación irrumpieron la sesión del Congreso Nacional con protestas que paralizaron temporalmente la lectura del informe final del proceso.
El procedimiento, que aborda acusaciones por supuesta obstrucción al proceso electoral de 2025, ha profundizado la polarización política en el país, anticipando consecuencias de gran alcance para la legitimidad de las instituciones electorales y el futuro inmediato de la democracia hondureña.
La tensión se hizo notar cuando, alrededor de las 14:00, la junta directiva dio inicio a la presentación oficial del documento, como uno de los puntos centrales de la agenda legislativa.
Destacando la magnitud del evento, el informe final que examina la conducta de altos funcionarios, entre ellos Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, se extiende a 184 páginas e integra testimonios y pruebas recogidos durante la investigación.
Horas después de iniciada la sesión, legisladores de Libre emplearon pancartas con leyendas como “juicio político es fraude” y “no a la dictadura”, además de silbatos que dificultaron la lectura del informe e intensificaron la tensión en el hemiciclo. La directiva del Congreso enfrentó repetidos llamados al orden mientras el debate se tornaba cada vez más áspero.
El informe en discusión presenta cargos formales contra Ochoa, el magistrado suplente Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, a quienes se acusa de obstaculizar el proceso electoral de 2025.
Este señalamiento ha producido rechazos tanto en ámbitos políticos como ciudadanos, en especial tras la denuncia pública realizada por el diputado de Libre, Marco Ramiro Lobo. Según Lobo, Ochoa habría salido del país junto a su familia por haber recibido amenazas de muerte, lo que agrega una capa de incertidumbre respecto a la celebración de audiencias de defensa y plantea el escenario de una votación en ausencia.
El magistrado Mario Morazán declaró que aún no había decidido si acudiría a la audiencia. Fundamentó su duda en que no ha recibido el informe técnico que respalda la posible destitución, limitando, en su opinión, su derecho a una defensa plena.
El procedimiento establece que los funcionarios acusados pueden ejercer su defensa antes de la decisión definitiva. No obstante, al cierre de la jornada, se desconocía si todos los señalados comparecerían ante el pleno.
En caso de incomparecencia, la normativa permite que el hemiciclo avance hacia la votación tras la lectura íntegra del informe. Para la destitución de los implicados, se exige una mayoría calificada de 86 votos; el plenario ya demostró capacidad de construir consensos significativos cuando aprobó el inicio del proceso el 9 de abril con 91 votos a favor.
Directamente, durante la jornada de este jueves en el Congreso Nacional, diputados de Libre interrumpieron la lectura del informe del juicio político con manifestaciones y consignas, expresando su rechazo a las acusaciones contra funcionarios electorales, entre ellos Marlon Ochoa, quien habría salido del país tras recibir amenazas.
El pleno deberá decidir, tras escuchar o no la defensa de los acusados, si avanza hacia la destitución mediante una votación que requiere al menos 86 votos, en un procedimiento que exhibe la polarización y las tensiones institucionales de Honduras.
La comisión especial parlamentaria recomendó la destitución luego de evaluar los materiales probatorios. A su vez, la bancada de Libre cuestionó abiertamente la legitimidad del juicio, calificándolo como una “herramienta de persecución política”.
Desde la oposición, en cambio, persiste el argumento de que el proceso constituye un ejercicio necesario de control para garantizar la transparencia del proceso electoral, previsto para 2025.
De los resultados de este proceso dependen tanto la reconfiguración del aparato electoral hondureño como el equilibrio interno del Congreso Nacional, junto con la percepción pública sobre la legitimidad democrática y la independencia de poderes en el país.
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