“Es una barbaridad”: Magistrado Mario Morazán comparece ante comisión legislativa y rechaza juicio político

En una audiencia marcada por señalamientos directos y denuncias de vicios procesales, Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, defendió este lunes su actuación ante la comisión especial del Congreso Nacional que analiza la procedencia de un juicio político en su contra.

Entre las particularidades del proceso esgrimidas por Morazán, figura un cuestionamiento a la ley de juicio político hondureña, la cual, según el propio magistrado, ha motivado observaciones formales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Morazán subrayó que el organismo internacional recomendó su reforma debido a “incompatibilidad con estándares internacionales”, un antecedente que incorpora un elemento diferenciador a este caso en el contexto regional.

Ante la comisión legislativa, Morazán, actualmente suspendido de sus funciones, calificó de injustificado el arraigo legal del proceso y denunció la supuesta instrumentalización política de la denuncia. “Es una barbaridad que se me someta a este tipo de proceso”, sostuvo Morazán al atribuir la acusación a represalias por su posición en la inscripción de Jorge Cálix, actual diputado y candidato por Olancho.

El magistrado presentó además una recusación contra el diputado Kilvett Zabdiel Bertrand, miembro de la comisión especial, alegando “prejuzgamiento” después de que Bertrand introdujera como prueba un video de declaraciones previas en su contra.

Morazán sostuvo: “No puede alguien que ya tiene una posición definida sobre mi caso formar parte de la comisión que debe analizarlo objetivamente”. La presidenta de la comisión, Tania Pinto, aceptó la recusación como prueba, aunque recordó que “La ley de juicio político no es convencional”, advirtiendo sobre el carácter excepcional del mecanismo en uso.

En respuesta, Morazán aseguró que ha interpuesto un recurso de amparo convencional con solicitud de suspensión del acto, buscando frenar el procedimiento por estimar que atenta contra sus derechos fundamentales.

Insistió en que el juicio responde al conflicto surgido tras su voto contrario a la inscripción de Cálix, decisión que generó desacuerdos internos tanto en el TJE como en el Consejo Nacional Electoral.

Precisó que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, del CNE, también objetaron esa postulación, aunque posteriormente sus compañeros en el TJE validaron la candidatura, en una resolución calificada por Morazán de irregular.

Otro eje de su defensa fue la acusación de que el magistrado presidente del TJE, Mario Flores, habría actuado en colusión con su entorno cercano, incluyendo a su asistente Roberta Lara. Morazán sugirió que Lara mantiene lazos con actores políticos relevantes y que habría influido en la elaboración de argumentos en su contra.

Aseguró que Lara participó en la preparación de preguntas para el diputado Bertrand y señaló una relación familiar entre ambos.

En cuanto al funcionamiento interno del Tribunal, Morazán cuestionó que nunca se establecieron reglas claras para sesiones virtuales a través de Zoom, lo que, según él, generó conflictos operativos y decisiones indebidas. Fundamentó su negativa a participar en reuniones no reglamentadas y sostuvo que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley hondureña.

La situación se complicó con la enfermedad terminal de la magistrada Suyapa Barahona, cuyo estado, revelado a Morazán por comentarios de Jorge Cálix, fue considerado por el magistrado como un factor de desorganización institucional y un posible argumento usado en su contra.

“Todas mis actuaciones han sido apegadas a derecho”, remarcó Morazán, señalando su experiencia de carrera en el Ministerio Público de Honduras.

A lo largo de la audiencia, expresó su malestar por lo que consideró faltas de respeto, como el uso del celular por parte de Bertrand durante la exposición de los cargos, y denunció que nunca fue convocado formalmente a sesiones para debatir asuntos trascendentes del pleno.

A diferencia de otros funcionarios bajo investigación que han optado por no presentarse, la comparecencia de Mario Morazán se interpreta como un intento de defender su versión y colocar en discusión los posibles intereses y alianzas en juego dentro del sistema electoral hondureño.