La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras recomendó este miércoles por unanimidad la destitución definitiva del fiscal general Joel Antonio Zelaya Álvarez tras varios días de audiencias y análisis.
Durante la conferencia de prensa en la que se informó de la resolución, se enfatizó que el acuerdo de la comisión ilustra el consenso político alcanzado en torno a la responsabilidad del fiscal general. Carlos Ledesma, secretario del Congreso Nacional, recibió y firmó el informe, formalizando la transición a la fase decisoria.
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El mecanismo constitucional de juicio político, aplicado en este proceso, está reservado para altos funcionarios del Estado y tiene como fin determinar la continuidad de quienes ejercen cargos estratégicos en la institucionalidad hondureña, según comunicó el equipo investigador a la prensa.
En esta ocasión, a diferencia de procesos previos, el procedimiento exige el respaldo de una mayoría calificada: al menos 86 de los 128 diputados deben votar a favor para que la destitución sea efectiva y el relevo ocurra sin demoras, detalló Ledesma durante la comparecencia.
El Congreso Nacional ha convocado formalmente a Joel Antonio Zelaya para comparecer este jueves 26 de marzo de 2026 a las 8:00 am en una sesión donde podrá ejercer su derecho a la defensa, aunque su presencia no es obligatoria. La notificación se hará por canales personales, escritos y televisivos, garantizando el respeto al debido proceso, explicó Ledesma en la conferencia de prensa.
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La recomendación presentada por la comisión especial de forma unánime obliga al pleno del Congreso Nacional a discutir el caso y someterlo de manera expedita a votación. De acuerdo con la normativa vigente, al alcanzarse el umbral de 86 votos, la medida se convierte en resolución oficial que implica la separación inmediata de Joel Antonio Zelaya Álvarez de su función como fiscal general.
Ante preguntas de los medios, los miembros de la comisión precisaron que, en caso de confirmarse la destitución, “el procedimiento para elegir a un nuevo titular del Ministerio Público ya está definido en la legislación vigente y deberá seguirse conforme a lo establecido”, tal como recogió el equipo investigador durante la conferencia.
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El desarrollo de esta sesión definirá el futuro del fiscal general y pondrá a prueba los sistemas de control y de rendición de cuentas del Estado de Honduras, puntualizó Carlos Ledesma.
<b>¿Más juicios políticos?</b>
Frente a versiones sobre eventuales procesos similares contra otros funcionarios de alto nivel, Ledesma negó la existencia de solicitudes formales más allá del caso del fiscal general. Confirmó: “Para este momento no ha llegado ninguna denuncia de juicio político contra ningún otro funcionario. La única que tenemos es la del fiscal general.”
Esta aclaración refuerza el carácter único del proceso vigente y centra la discusión pública únicamente en la gestión y eventual remoción de Joel Antonio Zelaya Álvarez.
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Durante la entrega del informe, se reiteró el apoyo institucional al trabajo de la comisión especial. Ledesma, en representación del Congreso, señaló que se trató de “una labor titánica en defensa de la democracia”, subrayando la relevancia del juicio político como herramienta de control democrático y estableciendo que la próxima sesión plenaria se convierte en uno de los eventos más relevantes para la estabilidad institucional hondureña de los últimos años.
El proceso empezó a inicios de la semana y comprendió jornadas de evaluación de pruebas, audiencias y comparecencias, según el informe oficial recibido por el secretario.
La comparecencia voluntaria de Joel Antonio Zelaya ante el pleno legislativo representa la última oportunidad de defensa antes de una posible destitución, que conllevaría la aplicación del protocolo de relevo ya previsto en la legislación nacional.
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La atención pública y política se centra ahora en la decisión de los 128 diputados. El resultado de esta votación decidirá si Joel Antonio Zelaya Álvarez continúa o no al frente del Ministerio Público y revelará la solidez de los mecanismos democráticos y la confianza en las instituciones hondureñas
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