Centrales obreras en Honduras piden modificar propuesta de Ley de Empleo Parcial formulada por el congreso nacional

Las centrales obreras de Honduras han advertido que la nueva propuesta de Ley de Empleo a Tiempo Parcial en debate podría comprometer derechos laborales adquiridos y acentuar la precarización del empleo formal, mientras que el Congreso Nacional defiende la legislación como una posible vía para que los trabajadores informales accedan al mercado formal. También la presentan como respuesta a los elevados niveles de desempleo juvenil.

Uno de los puntos críticos planteados por los sindicatos en la reunión con la comisión especial del Poder Legislativo fue el impacto sobre los ingresos de los asalariados. Según Daniel Durón, líder sindical, el 78 % de los trabajadores asalariados en Honduras recibe hoy menos de 10 mil lempiras mensuales, lo que los deja en situación de vulnerabilidad económica. En ese contexto, advirtió que el nuevo régimen podría agravar la insuficiencia de ingresos mediante jornadas laborales más cortas, sin “garantías claras de remuneración proporcional suficiente para cubrir el costo de vida”.

La discusión de la iniciativa, impulsada actualmente por una comisión especial del Congreso Nacional y coordinada por Alberto Cruz, ha sido descrita como “una consulta preliminar”, en palabras de Durón. También señaló que la convocatoria no ha significado una socialización auténtica ni ha permitido el logro de acuerdos sustantivos entre las partes. Aclaró: “Nadie puede estar en contra de que se genere empleo y se den oportunidades a los jóvenes”, pero subrayó que el sindicato no aceptará propuestas que no respeten íntegramente el Código del Trabajo de Honduras y la Constitución.

Entre los aspectos más controvertidos para las centrales obreras está la similitud con la derogada Ley de Empleo por Hora, eliminada tras amplias críticas por facilitar “condiciones menos favorables para los trabajadores” y debilitar la estabilidad laboral. Durón alertó que la nueva propuesta podría reproducir estos problemas si no contiene salvaguardas estrictas, en especial sobre la proporcionalidad salarial y la protección ante la migración forzada por bajos ingresos.

Durón expresó dudas sobre la viabilidad de que “un joven pueda subsistir con una jornada de cuatro o cinco horas diarias si no existe una remuneración que garantice condiciones dignas”, y comparó la situación local con la de migrantes en Estados Unidos, donde llegan a obtener salarios cercanos a 20 dólares por hora. “Esa cifra podría equivaler al ingreso semanal de un trabajador en Honduras bajo empleo parcial”, puntualizó el vocero sindical.

Desde el Legislativo, el coordinador Alberto Cruz declaró que la propuesta está orientada a la “realidad” social, y no a los intereses empresariales ni en contra de los trabajadores. Explicó que la alta informalidad, superior al 70 % de la población económicamente activa, junto con el desempleo juvenil, obliga a buscar opciones novedosas y flexibles dentro del marco legal, sin que eso signifique vulnerar derechos ya existentes. Su reto, dijo, es avanzar hacia “un instrumento jurídico equilibrado, que permita ampliar las oportunidades laborales sin debilitar derechos adquiridos”.

La diputada nacionalista Sara Zavala explicó que el anteproyecto contempla “una jornada laboral reducida de hasta 32 horas semanales”, dirigida a incorporar al mercado formal a quienes carecen hoy de prestaciones sociales. Indicó que, de aprobarse, quienes actualmente trabajan en la informalidad accederían a vacaciones remuneradas, décimo cuarto mes de salario, aguinaldo, afiliación al seguro social y demás prestaciones laborales.

Zavala agregó que el proceso de consulta continuará, con una nueva ronda de audiencias previstas con representantes del sector privado. El debate girará en torno a cómo evitar que la transición a esquemas de menor carga horaria conduzca a contratos precarios o a la sustitución de empleos a tiempo completo.

Las organizaciones empresariales defienden que modalidades flexibles pueden dinamizar sectores como comercio, servicios y turismo, al facilitar la contratación de jóvenes y estudiantes. Por su parte, los sindicatos advierten sobre el riesgo de que “se reemplace el empleo estable por fórmulas con menor remuneración y estabilidad”