El Congreso de la República de Guatemala aprobó con 121 votos el Decreto 12-2026, una reforma trascendental a la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, que busca garantizar el acceso a la educación para más de 170 mil estudiantes en comunidades rurales y de difícil acceso, fortaleciendo tanto la infraestructura educativa como el apoyo financiero estatal a estos centros. El Ministerio de Educación celebró oficialmente la medida a través de un comunicado, calificando la decisión como un avance para ampliar la cobertura escolar y mejorar las oportunidades para adolescentes y jóvenes, especialmente en áreas donde la oferta educativa es limitada, según lo informado por las autoridades citadas en el decreto.
El nuevo marco legislativo aumenta el financiamiento estatal en beneficio de 1.259 institutos por cooperativa
Con la aprobación del Decreto 12-2026, la asignación presupuestaria anual del Estado para los institutos por cooperativa, que hasta ahora recibían 22 mil quetzales por sección completa, se eleva a 62.988 quetzales para secciones completas y 28.345 quetzales para medias secciones. Así lo detalló el diputado por San Marcos Jeovanni Omar Domínguez Orozco en conferencia de prensa posterior a la votación parlamentaria. El decreto también obliga al Ministerio de Finanzas a transferir los recursos de manera puntual, además de incorporar a estas instituciones rurales al programa nacional de alimentación escolar. Domínguez Orozco precisó que mil 286 institutos por cooperativa serán incluidos en la entrega de útiles escolares, materiales didácticos y recursos tecnológicos destinados tanto a estudiantes como a docentes.
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La reforma establece un piso mínimo de Q50.390 asignados anualmente por grado o sección con entre 13 y 35 alumnos, así como una asignación adicional equivalente al 55% de la subvención básica, conforme al texto aprobado. Con esto, los institutos localizados en 19 departamentos, donde la educación tradicional era insuficiente, dispondrán de los medios económicos y la infraestructura adecuada para garantizar la continuidad escolar y la mejora progresiva de sus servicios, según detalla el dictamen legislativo.
Un sistema de gestión participativa para comunidades históricamente excluidas
Los institutos por cooperativa surgieron frente a las carencias del sistema educativo formal en zonas apartadas de Guatemala. Este modelo de gestión participativa involucra la colaboración del Estado, las municipalidades y la comunidad educativa, permitiendo que adolescentes y jóvenes, históricamente excluidos del acceso escolar, tengan una nueva oportunidad. Desde la bancada unionista, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo afirmó: “Por años, los jóvenes o los niños que salen de sexto grado no tienen dónde estudiar y así fue como nacieron los institutos por cooperativa. Están en todo el país, en las aldeas más remotas y en los departamentos.”
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El refuerzo de esta red de 1.259 institutos educativos reconoce más de tres décadas de gestión, desde la promulgación original de la ley en 1995. Estos centros han facilitado oportunidades educativas en regiones donde la ausencia de institutos públicos obligaba a los estudiantes a abandonar la formación tras la primaria.
Entre las disposiciones del Decreto 12-2026, se incluye la dignificación del personal docente, con un incremento en los salarios que anteriormente podían ser de apenas 400 a 900 quetzales mensuales para los maestros de estos establecimientos, de acuerdo con Domínguez Orozco tras la sesión plenaria.
Más allá del financiamiento: inclusión y participación familiar
La reforma promueve la creación de Organizaciones de Padres de Familia (OPF) dentro de los institutos por cooperativa, fomentando una participación directa de padres y madres en la vida escolar y en la toma de decisiones. El Ministerio de Educación anticipa que “más apoyo para estudiar, más oportunidades para seguir adelante, más educación para Guatemala” permitirán construir una red sólida capaz de responder a las demandas crecientes de cobertura educativa.
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A más de treinta años de la aprobación del Decreto 17-95, esta reforma representa una transformación significativa para la educación rural y las posibilidades de desarrollo profesional de los jóvenes en Guatemala. La medida, respaldada por diputados de diferentes bloques legislativos, fue recibida con agradecimiento por representantes estudiantiles y docentes que asistieron a la sesión.
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