El gobierno de Honduras está habilitado oficialmente para avanzar en la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto que lo autoriza.
Esta medida, que ahora tiene vigencia legal, permitirá destinar los recursos a proyectos de salud pública y construcción de centros universitarios en zonas que carecen de presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El decreto dispone que los fondos obtenidos se incorporarán al Presupuesto General de la República, en el ejercicio fiscal en que se concrete la venta.
La Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá registrar y distribuir estos recursos según la normativa vigente, canalizándolos exclusivamente a los sectores mencionados.
El documento resalta que esta decisión responde a la demanda social de una administración responsable y eficiente de los bienes estatales, en situaciones donde áreas como la salud, la educación, la nutrición y el acceso al agua potable enfrentan carencias estructurales.
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El texto, publicado en La Gaceta, instruye que antes de proceder con la venta es obligatorio realizar un avalúo técnico independiente del avión, tarea que podrá estar a cargo de expertos nacionales o internacionales.
Este paso busca definir un valor mínimo de referencia basado en criterios verificables, toma en cuenta el estado estructural, las horas de vuelo, el historial de mantenimiento y la documentación legal asociada a la aeronave.
El Embraer Legacy 600, de origen brasileño y diseñado para recorridos de mediano y largo alcance, fue adquirido en 2014 durante la presidencia de Juan Orlando Hernández por un monto superior a USD 14 millones.
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Aunque sirvió para viajes oficiales, en los últimos años el avión permaneció sin uso productivo, generando costos considerables por mantenimiento, resguardo y conservación.
Según investigaciones periodísticas, la venta de la aeronave ha sido propuesta recurrentemente como alternativa para redirigir gastos, pero no se contaba con el aval legal necesario.
El proceso aprobado contempla la posibilidad de venta mediante subasta pública u otros mecanismos fijados por la ley hondureña para la disposición de bienes estatales.
La operación podría incorporar la participación de intermediarios especializados en jets ejecutivos y la promoción internacional del activo. No obstante, toda acción deberá cumplirse bajo las disposiciones legales que rigen la gestión y enajenación de este tipo de patrimonio.
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La iniciativa legislativa que condujo al decreto fue presentada el 25 de enero por el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, a petición del presidente Nasry Asfura. El Congreso Nacional aprobó la medida por unanimidad el 26 de enero de 2025.
El decreto no define una fecha concreta para la venta, pero condiciona toda la operación al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales previos.
Entre estos se incluye la realización del avalúo, la validación total de la documentación y la elección del método de comercialización más conveniente para los intereses del Estado.
Así, el proceso queda abierto al escrutinio público por el impacto que tendrá tanto sobre el fortalecimiento institucional como en la reasignación de recursos a sectores prioritarios.
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A partir de la publicación del decreto, el Ejecutivo asume la responsabilidad de coordinar cada una de las etapas del procedimiento, que dependerán del resultado del avalúo independiente, las condiciones del mercado y la efectividad del mecanismo de venta seleccionado.
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