La impunidad en la violencia contra los abogados en Honduras se ha convertido en uno de los desafíos más persistentes del sistema judicial, con más de 220 profesionales del derecho asesinados desde 2004 y casi un 90 % de estos crímenes sin resolver, según denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Esta situación, expuesta en un reciente comunicado, subraya el peligro creciente que enfrentan quienes ejercen la abogacía en el país centroamericano, en especial tras el asesinato de René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula.
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El organismo resaltó la gravedad de la falta de avances judiciales. “La ausencia de investigaciones y sanciones impide esclarecer las verdaderas causas de las muertes y priva a las familias de las víctimas del derecho a la verdad”, sostuvo el Conadeh en su declaración, al mismo tiempo que urgió al Estado hondureño a poner en marcha mecanismos de seguridad efectivos destinados a proteger tanto a abogados como a sus familias.
Izaguirre destacó que Honduras cuenta, desde 2015, con un instrumento formal para la protección de defensores de derechos humanos y operadores de justicia. “No ha funcionado”, sentenció la funcionaria respecto al Mecanismo de Protección, argumentando la insuficiencia de la respuesta institucional ante la magnitud del problema.
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El reciente crimen de Altamirano amplificó la alarma sobre la vulnerabilidad de este sector profesional. Altamirano había sido regidor de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013. Fue atacado supuestamente por dos sujetos en motocicleta, según el informe del Conadeh.
La situación resulta especialmente crítica en cinco departamentos: Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho. Estas zonas concentran la mayor parte de las muertes violentas de abogados, aunque el comunicado no ofreció desglose numérico. El organismo precisó, además, que las víctimas incluyen especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de distintas organizaciones e instituciones.
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El Conadeh detalló los contextos de riesgo en los que ocurren los ataques: la mayoría de los homicidios se han producido en el interior de vehículos, viviendas, bufetes u otros espacios públicos, lo que revela que las condiciones de seguridad en Honduras “no han sido las más propicias” para preservar la vida de estos profesionales.
Izaguirre expresó su solidaridad con la familia de Altamirano y exigió a las autoridades hondureñas que respondan “con prontitud, firmeza y diligencia” en las investigaciones para identificar a los responsables. Subrayó la gravedad de un entorno en el que, a su juicio, “en un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”.
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