Esta medida, impulsada por la administración de Nasry Juan Asfura, responde a la necesidad de restaurar la confianza de inversionistas y adaptarse al marco legal internacional que regula disputas entre Estados y empresas extranjeras, todo en un escenario donde el país mantiene obligaciones legales previas ante el CIADI pese a su retirada.
En la carta enviada a Martina Polasek, secretaria general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington D.C., quedan reflejados los compromisos del Estado hondureño para cumplir con los procedimientos requeridos y nombrar un representante oficial durante la reincorporación.
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La misiva subraya la urgencia de coordinar con el organismo el calendario para realizar la “firma formal de la solicitud en las oficinas del centro”, marcando así un punto de partida claro en el proceso de regreso.
La respuesta oficial del Ejecutivo destaca la relevancia de contar con un marco internacional para la resolución de controversias en materia de inversión.
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Según la comunicación, el Estado se compromete a enviar la documentación requerida “lo más pronto posible”, solicitando además la apertura de un canal de diálogo formal para avanzar en los siguientes pasos.
A este anuncio se sumó la vicepresidenta María Antonieta Mejía, quien expresó a través de sus redes sociales: “Buenas noticias para Honduras: volvemos al escenario internacional con firmeza, determinación y rumbo claro. CIADI en camino”, reforzando así la legitimidad política de la decisión.
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Este movimiento representa un giro respecto a la política previa adoptada por la administración de Xiomara Castro, que condujo a Honduras a retirarse oficialmente del CIADI el 25 de agosto de 2024. Aquella decisión, fundamentada en la defensa de la soberanía nacional y la intención de corregir un supuesto “desequilibrio estructural en favor de los inversionistas extranjeros frente al Estado hondureño”, fue cuestionada tanto en el país como en el exterior. Diversos actores del sector privado señalaron que la salida podía provocar una “mayor incertidumbre jurídica” y dañar el atractivo de Honduras como destino de inversión.
A pesar del retiro, el país permanece sujeto a procedimientos arbitrales ya iniciados. Un caso emblemático es el de Próspera, una empresa del proyecto de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Roatán, que reclama compensaciones millonarias tras la derogación de la ley de las ZEDE en 2022. Expertos en derecho internacional y autoridades del gobierno anterior reconocieron que, según las normas del CIADI, todas las controversias derivadas de compromisos previos continúan bajo su jurisdicción, aun tras la salida como Estado miembro.
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El proceso iniciado por Asfura ante el organismo administrado por el Grupo Banco Mundial representa sólo el primer paso formal de una reincorporación que aún no tiene fecha definida.
El Gobierno hondureño no ha publicado aún un calendario oficial ni ha detallado los trámites administrativos o legislativos que quedan pendientes para completar la adhesión. Se desconoce cuándo se enviará la documentación final ni la fecha prevista para la firma en Washington D.C.
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El CIADI, fundado en 1966, ofrece a los Estados y a inversionistas extranjeros un marco especializado para la “conciliación y el arbitraje de disputas en materia de inversión”.
Los países que adhieren al Convenio aceptan la jurisdicción del CIADI para resolver disputas derivadas de tratados, acuerdos multilaterales o contratos específicos.
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La reincorporación de Honduras al CIADI dependerá del cumplimiento de los procedimientos internos y del proceso que establecen los estatutos del propio centro de arbitraje. Por lo pronto, la notificación remitida marca un cambio relevante para la postura del país en el tablero de las inversiones internacionales.
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