El Congreso hondureño inicia nueva legislatura bajo amplias medidas de seguridad

Las inmediaciones de la sede parlamentaria permanecen resguardadas por un gran número de efectivos tras un proceso electoral disputado y la negativa del partido en el poder a reconocer oficialmente los resultados de las recientes elecciones

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Las inmediaciones de la sede
Las inmediaciones de la sede parlamentaria permanecen resguardadas por un gran número de efectivos tras un proceso electoral disputado y la negativa del partido en el poder a reconocer oficialmente los resultados de las recientes elecciones. (Foto: REUTERS)

Más de 2,000 efectivos militares resguardan desde este sábado las inmediaciones del Parlamento de Honduras, en vísperas de la instalación de una nueva legislatura que se extenderá hasta 2030. El imponente dispositivo de seguridad responde a la negativa del partido oficialista de aceptar los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, escenario que proyecta una etapa marcada por la tensión institucional.

El evento de investidura del presidente electo, Nasry ‘Tito’ Asfura, se celebrará el próximo martes 27 de enero en la sede parlamentaria, sin la asistencia de gobernantes ni jefes de Estado extranjeros por razones de austeridad, según constató la agencia EFE.

El viernes anterior, el Parlamento eligió a la junta directiva en propiedad del Legislativo para el nuevo período, que será encabezada por el Partido Nacional, bajo estrictas medidas de seguridad. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que en esa ocasión participaron más de 2,000 integrantes entre las ramas del Ejército, la Marina y la Aviación.

Personal de las Fuerzas Armadas
Personal de las Fuerzas Armadas de Honduras participa en un operativo de seguridad previo a las investiduras del Congreso y del presidente, en el centro histórico de Tegucigalpa, Honduras, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Fredy Rodríguez

El despliegue militar y policial, armados con fusiles, comenzó el martes e involucra controles de acceso, vigilancia perimetral y monitoreo del tráfico, acompañados de los últimos preparativos técnicos en el edificio. Este refuerzo se implementó tras el ataque con un artefacto explosivo que el 8 de enero afectó a la diputada Gladis Aurora López, del opositor Partido Nacional.

El incidente ocurrió minutos antes de una sesión parlamentaria convocada por el presidente saliente, Luis Redondo, a la que, según denuncias de la oposición, se les negó la entrada a más de 70 diputados, agravando la fractura política. El artefacto causó heridas en la espalda y la cabeza de la diputada López. Fue atendida en un hospital de Tegucigalpa tras el impacto que la derribó al suelo.

Las tensiones entre las fuerzas políticas escalaron con las declaraciones del partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre). Esta formación, que aún encabezaba el gobierno saliente, denunció fraude y acusó públicamente a Estados Unidos de injerencia en los comicios. Según Libre, la intervención estadounidense favoreció la derrota de su candidata, Rixi Moncada, relegada al tercer puesto.

Un miembro de las Fuerzas
Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras participa en un operativo de seguridad previo a las investiduras del Congreso y del presidente, en el centro histórico de Tegucigalpa, Honduras, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Fredy Rodríguez

Pocos días antes de las elecciones, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó abiertamente el voto para Asfura y calificó a la postulante oficialista como comunista, lo que, según expertos consultados por EFE, habría influido en el resultado. Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, resultó ganador tras un recuento prolongado, plagado de interrupciones y fallos técnicos, que demoraron la declaración del vencedor hasta el 24 de diciembre.

En el Parlamento hondureño, la primera sesión oficial de la legislatura 2026-2030 contará con la presencia de 128 diputados y se perfila como el inicio de una etapa marcada por desafíos en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y las fuerzas políticas que no han reconocido plenamente los resultados de los comicios.

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