El atentado contra Augusto Pinochet en 1986: una curva en Las Achupallas, su nieto en el blindado y cinco escoltas muertos

Hace cuatro décadas la historia de Chile pudo haber cambiado. El dictador Augusto Pinochet estuvo a punto de morir la tarde del 7 de septiembre de 1986, cuando la caravana en la que regresaba a Santiago fue atacada en la Cuesta Las Achupallas. El atentado, organizado por el grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), dejó cinco escoltas muertos y mostró que el dictador no era invulnerable.

Era un domingo como cualquier otro en la rutina de Augusto Pinochet. El dictador chileno regresaba desde El Melocotón, su residencia de descanso en las faldas de la Cordillera de los Andes, a unos 40 kilómetros al este de Santiago, la capital del país. Lo hacía cada fin de semana, siempre por el mismo camino, siempre a la misma hora. Esa previsibilidad, que cualquier jefe de seguridad hubiera considerado un error, fue la que los integrantes del FPMR aprovecharon para armar una emboscada contra él.

La caravana presidencial salió de El Melocotón alrededor de las 18:00. Estaba compuesta por dos motociclistas de Carabineros y cinco autos que trasladaban en total a 21 personas, según reconstruyó La Tercera, diario chileno. Dos vehículos adicionales de la Central Nacional de Informaciones (CNI) seguían la columna a distancia. En el Mercedes-Benz blindado viajaba Pinochet junto a su nieto Rodrigo García Pinochet, de diez años, hijo de su hija Lucía. El niño había insistido en subirse a uno de los autos de seguridad, pero su abuela Lucía Hiriart fue terminante: el niño debía viajar con el general. Esa decisión, aparentemente menor, le cambió el lugar a uno de los escoltas y posiblemente le salvó la vida al propio Pinochet.

El FPMR no era un grupo improvisado. Fundado como brazo armado del Partido Comunista chileno, entonces ilegal, sus integrantes habían sido entrenados militarmente en Cuba. El nombre elegido para el operativo fue “Operación siglo XX”, y su planificación había comenzado semanas antes con una ambición que rozaba lo cinematográfico.

César Bunster Ariztía, uno de los principales responsables logísticos del atentado, contó años después al diario La Tercera que el ataque estaba originalmente previsto para el fin de semana anterior, pero tuvo que postergarse porque murió el expresidente Jorge Alessandri y Pinochet viajó antes a Santiago.

Esa semana de prórroga les permitió afinar distancias y estrategias. Bunster alquiló la hostería donde se alojaron los fusileros y los autos que usaron para bloquear el camino. También participó de los entrenamientos en el Parque O’Higgins y de las prácticas con armas en subterráneos de otras casas alquiladas por el FPMR.

El plan original, según reveló el propio Bunster en una entrevista publicada por el diario comunista francés L’Humanité y recogida por el diario español El Mundo, había sido concebido siguiendo el modelo del atentado de ETA realizado en 1973 contra quien podría haber sido el sucesor del dictador español Francisco Franco: el almirante Luis Carrero Blanco. El plan era cavar un túnel y una fosa para colocar explosivos bajo el paso de la caravana. Pero unas semanas antes de la fecha programada, la policía decomisó dos toneladas de TNT que el régimen cubano les había entregado y que habían desembarcado por el puerto de Carrizal Bajo, al norte de Chile. El plan tuvo que modificarse. Se determinó hacer una emboscada.

La Cuesta Las Achupallas era un tramo angosto de la ruta entre un cerro y una quebrada profunda, sin posibilidad de maniobra para los vehículos. Lo que convertía al lugar en casi perfecto para una emboscada. Cuando los dos motociclistas de Carabineros que encabezaban la columna pasaron el punto, una camioneta con una casa rodante comenzó a moverse hacia la calzada y bloqueó el camino.

El cabo primero José Ramón Barrera, escolta de Pinochet que ese día viajaba en el tercer auto de la columna, supo de inmediato que era una emboscada. Sin esperar ninguna orden, sacó su ametralladora UZI por la ventana trasera del Ford LTD y comenzó a disparar, según su propio testimonio. Fue cuestión de segundos.

Una veintena de terroristas del FPMR abrió fuego con fusiles M-16 y lanzacohetes M72 LAW. Según informó la agencia de noticias estadounidense UPI, la comitiva fue atacada con ametralladoras, rifles, bazucas y granadas de mano. Tres de los autos de la caravana quedaron volcados por las explosiones. Uno de ellos cayó al lecho seco del río que corría bajo el puente y sus dos ocupantes, ambos agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), murieron en el acto. Un Mercedes-Benz similar al del dictador se incendió, pero Pinochet viajaba en el segundo, unos 150 metros detrás, según precisaron las crónicas de entonces.

Un detalle que el diario La Tercera señaló como decisivo: la compra de un nuevo blindado había dejado los dos Mercedes casi idénticos. Los atacantes no sabían con certeza en cuál viajaba el general. “Los frentistas quedaron pagando, porque no sabían en cuál de los dos iba Pinochet”, recordó el cabo Barrera.

El chofer del Mercedes-Benz de Pinochet logró lo que pocos habrían podido: sacar el vehículo de ese infierno y regresar a toda velocidad a El Melocotón. Un cohete había impactado directamente en el techo del blindado, pero no logró penetrarlo. Las balas acribillaron las ventanas sin romper el vidrio. Pinochet salió con apenas unos rasguños en la mano izquierda por esquirlas. Cinco de sus escoltas murieron y once resultaron heridos.

Horas después del ataque, Pinochet apareció ante las cámaras de televisión con la mano izquierda vendada. Señaló los daños en su automóvil y describió, con la parsimonia de quien acaba de sobrevivir a lo imposible, lo que había sentido en el momento del ataque.

“Mi primera reacción fue bajar del auto, pero viajaba con mi nieto de diez años y lo cubrí con mi cuerpo”, dijo el dictador a los periodistas. Y agregó, con una dureza que le era característica: “Intenten matarme: soy soldado, estoy listo”.

Pinochet mostró esa noche a las cámaras uno de los vidrios astillados de su automóvil, en el que, según él y sus asesores, se dibujaba una imagen difusa de la Virgen. “Ella me salvó la vida”, afirmó el dictador, quien ya en el pasado había declarado que Dios lo había puesto en el poder.

En Chile la noticia generó reacciones encontradas. Muchos no podían creerlo. “¿Cuesta Las Achupallas? ¿No será la Cuesta Creerlo?”, bromeaban algunos, recordando los montajes que la dictadura había fabricado en el pasado para desviar la atención. Pero la incredulidad duró poco. La realidad era incontestable.

Antes de que terminara esa misma noche, la dictadura ya había puesto en marcha su respuesta. Pinochet declaró el estado de sitio en todo el país por noventa días, medida que le otorgaba poderes amplísimos de detención, censura de prensa, restricción de la libertad de reunión y apertura de correspondencia. Era la segunda vez que recurría a esa herramienta: la primera había sido en noviembre de 1984, durante una ola de protestas. Gobernaba Chile con mano dura desde 1973.

Las fuerzas de seguridad allanaron viviendas, poblaciones y templos. El Ejército tomó dos barrios populares del sur de Santiago, incluido el combativo barrio de La Victoria, y los selló. “Escuchamos disparos intermitentes en La Victoria, pero nadie puede entrar ni salir”, declaró un trabajador de derechos humanos de la Iglesia Católica. El socialista Ricardo Lagos y el dirigente Germán Correa fueron arrestados en sus casas antes del amanecer.

Pero lo que registró la Vicaría de la Solidaridad fue aún más brutal. Esa misma noche, en un operativo de represalia ordenado por la CNI, fueron secuestrados y asesinados cuatro opositores que no tenían ninguna relación con el atentado: el periodista José Carrasco Tapia, el publicista Abraham Muskatblit, el artista plástico Gastón Vidaurrázaga y el electricista Felipe Rivera. El cuerpo del periodista Carrasco Tapia, conocido dirigente de la prensa y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), apareció al costado de un cementerio capitalino, acribillado con 14 balazos. Lo habían sacado a la fuerza, descalzo, del departamento donde vivía con su familia, según relató su esposa. Días después también intentaron asesinar a Luis Toro, abogado de la Vicaría. Esos crímenes quedaron en la historia como los “asesinatos de la venganza”.

La edición completa de la revista de oposición APSI fue confiscada. El régimen también incautó las emisoras de radio. La prensa internacional, que estaba en Santiago para cubrir el aniversario del golpe contra Salvador Allende del 11 de septiembre de 1973, fue testigo de todo.

El FPMR se retiró de la emboscada convencido de haber matado al dictador. Sus integrantes escaparon hacia Santiago sin ser capturados. Solo cuando encendieron la radio comprendieron que habían fallado.

Las causas del fracaso fueron varias. Una de ellas fue la impericia de los ejecutantes en el uso del armamento y otra la discutida calidad de los equipos que habrían sido determinantes. El blindaje del Mercedes-Benz resistió lo que no debería haber resistido. El cohete que impactó en el techo rebotó sin penetrar el vehículo. Y la confusión sobre cuál de los dos Mercedes idénticos transportaba al general hizo que parte del fuego se concentrara en el auto equivocado.

César Bunster Ariztía, uno de los principales responsables logísticos del atentado, que pasó 18 años en la clandestinidad antes de recuperar su identidad en 2004, fue categórico al hablar del impacto político del ataque: “El pueblo en su inmensa mayoría reaccionó con mucha alegría, incluso con incredulidad”, dijo a L’Humanité. Y ante quienes lo llamaron terrorista, respondió: “Hay circunstancias que exigen, como la resistencia en Francia, arriesgarse a morir por la vida”.

Después del atentado, varios de los participantes fueron detenidos, sometidos a juicio por la justicia militar y encarcelados. Algunos lograron escapar de prisión. Cecilia Magni, conocida como “comandante Tamara” y jefa directa de Bunster durante la operación, murió en octubre de 1988 en un enfrentamiento con las fuerzas del régimen. Bunster logró salir de Chile con ayuda del Partido Comunista y vivió en la clandestinidad absoluta hasta 2004, cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el sobreseimiento definitivo de su causa por prescripción. Años después se convirtió en concejal por Puente Alto.

En 2013, tres viudas de los uniformados muertos en el atentado y la hermana de uno de ellos presentaron una querella contra el presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Teillier, por “homicidio calificado reiterado terrorista”. La acción judicial sostenía que Teillier era “autor confeso” del atentado y que había reconocido en una entrevista haber autorizado la operación como una decisión partidaria.

Con el retorno a la democracia, los tribunales chilenos procesaron y condenaron a exagentes de la CNI, entre ellos Álvaro Corbalán, por su responsabilidad en los asesinatos de la venganza, según documentó la Vicaría de la Solidaridad.

Pinochet, en tanto, perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y entregó el poder en marzo de 1990, cuando asumió el demócrata-cristiano Patricio Aylwin. Permaneció como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, año en que fue arrestado en Londres a pedido del Gobierno español por cargos de violaciones a los derechos humanos. Regresó a Chile en el 2000 tras una decisión del Gobierno británico que lo declaró no apto para ser extraditado. Los tribunales chilenos intentaron procesarlo en varias oportunidades, pero las causas fueron suspendidas por razones de salud. Murió el 10 de diciembre de 2006, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenía 91 años.

El diario británico The Guardian, en su edición del 9 de septiembre de 1986, 48 horas después del atentado, había escrito algo que el tiempo confirmaría: el ataque había erosionado el elemento más intangible del poder de Pinochet, su percepción de invulnerabilidad. “Cada general, cada oficial superior, se estará preguntando hoy lo mismo: ¿qué pasará conmigo cuando Pinochet se vaya?”, escribió The Guardian. La respuesta llegó dos años después, en las urnas.

Durante los 17 años de dictadura, unas 38.000 personas fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas, según los informes oficiales elaborados tras la restauración de la democracia.

Pinochet, que fue el brazo ejecutor de esa política represiva, estuvo cerca de la muerte hace cuatro décadas. Nadie sabe qué podría haber ocurrido si el atentado del FPMR hubiera sido exitoso.