El derrumbe del Rana Plaza: 1.134 muertos y la lucha por justicia luego de la tragedia que sacudió a la industria textil

El miércoles 24 de abril de 2013, alrededor de tres mil operarios ingresaron al edificio Rana Plaza, un complejo de ocho pisos ubicado en Savar, una localidad del conurbano de Daca, la capital de Bangladesh. Dentro del inmueble funcionaban varios talleres textiles como Phantom Apparels, New Wave Bottom Apparels y EtherTex Garment, dedicados a la confección de prendas para marcas internacionales, entre las que figuraban Prada, Gucci, Versace, Zara, Benetton y Walmart.

La industria de la indumentaria representaba más del 80% de los ingresos brutos por exportaciones del país, base del crecimiento económico apoyado en la oferta de mano de obra barata. Ese día, la jornada laboral comenzó bajo presión y amenazas, ya que el día anterior se habían detectado grietas profundas en la construcción. Ante las evidentes fallas estructurales, las autoridades de control exigieron al dueño del complejo, Sohel Rana, proceder a la evacuación inmediata del predio fabril. Sin embargo, el empresario minimizó el problema y obligó a los empleados a regresar a sus puestos, advirtiendo que serían despedidos y perderían el sueldo del mes si se negaban a ingresar.

A las 8:57, la estructura colapsó por completo en solo dos minutos. Investigaciones posteriores determinaron que la tragedia se desató por irregularidades graves: el uso de materiales de baja calidad, la construcción sobre un terreno inadecuado para estructuras pesadas, sobornos a funcionarios y la edificación clandestina de cuatro pisos adicionales sin habilitación municipal. A eso se sumaron vibraciones intensas de cuatro generadores industriales en los pisos superiores.

El derrumbe sepultó a cientos de personas bajo toneladas de concreto y acero, cubriendo la zona con una densa nube de polvo. Los equipos de emergencia constataron, al llegar, que una masa de escombros había reducido el edificio al nivel del suelo. Entre los restos, los gritos de las personas atrapadas indicaban el inicio de una de las operaciones de rescate más complejas de la historia moderna.

El saldo oficial fue de 1.134 víctimas fatales confirmadas y más de 2.500 heridos rescatados. La magnitud de la catástrofe la convirtió en el derrumbe accidental más mortífero de los tiempos modernos, solo superado por la caída—producto de un atentado terrorista― de las Torres Gemelas en Nueva York y muy por encima del colapso de las tiendas Sampoong en Seúl, donde murieron 502 personas en 1995.

Debido al avanzado estado de descomposición de muchos cuerpos y a la cantidad de víctimas, los forenses recurrieron a la búsqueda de tarjetas de identificación laboral en la ropa y a revisar los celulares encontrados bajo los escombros para identificar a las personas. De modo paralelo, las autoridades sanitarias comenzaron a extraer muestras de ADN a restos humanos no reclamados para conformar un banco genético, útil para futuros reclamos de los familiares que permanecían en carpas alrededor del lugar a la espera de novedades.

Entre quienes quedaron atrapados, las situaciones de desesperación extrema fueron documentadas por la prensa. Una operaria, con el brazo atascado bajo un cadáver y un bloque de cemento, pidió a los rescatistas una herramienta para amputarse la extremidad. Al recibir un cuchillo y no poder cortar por falta de fuerza, esperó la llegada de los bomberos que lograron liberarla. El caso de Nilufa Begum, de 40 años y trabajadora en Phantom Apparels, muestra el nivel de daño ocasionado: sepultada nueve horas, sufrió lesiones graves por la caída de una viga. A raíz de eso, fue sometida a once cirugías reconstructivas, perdió la movilidad de la pierna derecha y le fue indicada la amputación por necrosis; además, tras el derrumbe, su marido la abandonó y su madre falleció por un accidente cerebrovascular. Otro caso: Baby Akhter perdió la vida tras haber ingresado a trabajar en EtherTex Garment, solo 16 días antes del desastre.

Diecisiete días después del desplome, los equipos de rescate encontraron con vida a Resham Begum, una joven de 19 años y la última sobreviviente extraída del sitio. Rubi Akhter, de 55 años, esperó durante igual cantidad de tiempo para recuperar el cuerpo de su hija, Morjina.

Mientras continuaban las tareas de remoción, se desataron manifestaciones en Daca exigiendo justicia por los hechos. Los trabajadores protestaron y reclamaron la pena de muerte para Sohel Rana, señalando que los supervisores los obligaron a ingresar al edificio a pesar de las advertencias sobre el estado crítico de la construcción. Como respuesta al aumento de protestas y ante la preocupación internacional, el gobierno ordenó el cierre de 18 fábricas textiles que no cumplían parámetros de seguridad.

Sohel Rana fue detenido de inmediato. El 1 de junio de 2015, la policía bangladeshi presentó cargos formales contra 42 personas por su participación en las muertes, incluyendo dueños y funcionarios, entre ellos cuatro inspectores estatales acusados de asesinato en masa por autorizar la habilitación irregular del edificio. Para que los empleados públicos pudieran ser juzgados, la legislación exigía la firma de ministros del Poder Ejecutivo. El magistrado Mohammad Shadinur Rahman dictaminó el 8 de julio de 2015 que el gobierno debía permitir el avance de la causa, fijando como plazo el 18 de agosto para retomar las acusaciones formales. Aunque procesado por homicidio y bajo investigación, Rana pidió la excarcelación bajo fianza y la consiguió en 2023. El caso no ha avanzado.

El desastre impulsó cambios en el sector textil. Se crearon dos marcos regulatorios clave: el Acuerdo sobre la seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh, rubricado por marcas internacionales y minoristas, y la Alianza para la seguridad de los trabajadores, con respaldo de empresas que no integraron el primer acuerdo. Mediante estos dos sistemas, se inspeccionaron alrededor de 2.500 instalaciones para medir riesgos de derrumbe, revisar conexiones eléctricas defectuosas y examinar sistemas contra incendios. Las auditorías externas motivaron el cierre definitivo de plantas consideradas inseguras y la mejora estructural en los principales proveedores. Al concluir cinco años, la Alianza transfirió su gestión a la Nirapon (organización local sin fines de lucro de seguridad laboral), mientras que el Acuerdo fue reemplazado en 2020 por el Consejo de Sostenibilidad del Sector de Prendas de Vestir (RSC). Hoy, 194 marcas forman parte de la estructura que regula el funcionamiento de 2,4 millones de trabajadores. Los sindicatos han criticado este nuevo directorio por falta de equilibrio en su composición: seis empresarios, seis representantes de marcas y seis gremialistas.

Una parte significativa de la industria manufacturera escapó al control formal. Estos talleres secundarios, contratados por los fabricantes principales para etapas específicas como costura y ensamblado, no reportan ni a la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir (BGMEA) ni a la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Tejidos (BKMEA), la principal cámara empresarial local. Las cámaras aseguran requerir a sus asociados certificaciones de cumplimiento antes de autorizar subcontrataciones, así como el aval de clientes internacionales. Pero las organizaciones civiles sostienen que la supervisión debe ser y mantenerse periódica: visitas trimestrales o semestrales en todas las ramas. Desde abril de 2013 se contabilizaron colapsos estructurales en 109 edificios de la geografía fabril, matando a 27 operarios más. Antes del desastre principal, otros episodios graves ya marcaban el historial: la caída de una fábrica en abril de 2005 con 79 víctimas, otro derrumbe en 2006 con 18 muertos y el incendio de Tazreen Fashion en noviembre de 2012, que terminó con 112 trabajadores asfixiados por la falta de salidas de emergencia.

Respecto a la compensación económica para los sobrevivientes, se creó una iniciativa transitoria conocida como “Resolución del Rana Plaza”. Un consorcio de marcas occidentales constituyó un fondo de USD 30 millones administrado por la Organización Internacional del Trabajo (agencia de Naciones Unidas para el trabajo) y organismos estatales. Esa suma se distribuyó entre 5.500 víctimas reconocidas, aunque las asociaciones de damnificados sostienen que los montos no cumplen con el estándar legal de indemnización correspondiente a accidentes laborales. Las demandas exigen alcanzar una liquidación de 4,8 millones de takas, lo que equivale a USD 45.660 por persona, en concepto de resarcimiento vitalicio. El pedido está respaldado en cifras como el hecho de que el 55% de los lesionados continúa desempleado, y muchos dependen de ayuda para sobrevivir. Recién a mediados de 2022 el Estado puso en marcha un esquema experimental de reparación enfocado en accidentes laborales que abarca a 150.000 trabajadores formales de 150 fábricas respaldado por Alemania, Países Bajos, H&M y Primark.

El salario y la organización sindical expresan las contradicciones centrales del sector. La última actualización oficial de la tarifa mínima data de 2018, fijando el pago mensual base de un trabajador ingresante en 8.000 takas, una cifra equivalente a 75 dólares. Los sindicatos luchan por elevar ese ingreso congelado a 23.000 takas (215 dólares) para mitigar los efectos de la inflación. Las demoras en los pagos obligan a los empleados a soportar jornadas prolongadas bajo la amenaza de suspensiones o despidos. Un caso ilustrativo es el de Swan Garment Private Limited, donde la plantilla se movilizó tras pasar tres meses sin cobrar. Quienes promueven la afiliación sindical o protestan enfrentan desde sanciones administrativas hasta represión policial. En Pioneer Casual Wear Limited, del partido de Ashulia, los dueños despidieron a 64 trabajadoras por solicitar la inscripción legal de un sindicato. El organismo estatal encargado bloqueó la gestión tras los 55 días reglamentarios, anuló la habilitación y entregó la lista de empleadas a registros patronales. Procedimientos de este tipo se sostienen en la impunidad verificada en casos previos como el secuestro y asesinato de Aminul Islam, dirigente sindical hallado muerto el 5 de abril de 2012.

Las condiciones impuestas a los proveedores locales para mantener precios bajos de exportación se agravaron con la pandemia de COVID-19. Las multinacionales de la moda rescindieron contratos y cancelaron pedidos por valores superiores a USD 3.000 millones, impactando de lleno en toda la cadena. Esto provocó la pérdida de 357.000 puestos laborales directos solo en los primeros nueve meses de 2020. Pese a los apoyos económicos gestionados por la Organización Internacional del Trabajo y las líneas estatales para denunciar cesantías, una gran parte de los trabajadores desempleados no accedió a los fondos de emergencia por el bajo nivel de liquidez disponible. La presión de los inversores internacionales sobre la rentabilidad operativa de la red comercial mantiene vigente una dinámica productiva basada en la reducción extrema de costos para satisfacer el mercado textil occidental.