Silencio, opacidad y planes secretos: los días en los que las Fuerzas Armadas tejieron la estrategia del golpe en las sombras

Lorenzo Miguel en el centro de la escena. El 2 de marzo de 1976 marcaba el arranque formal de las actividades gubernamentales después de las vacaciones de verano y el parate habitual de enero y febrero. El caudillo sindical agitaba el avispero. Isabel Martínez de Perón regresaba de un descanso en Chapadmalal y los medios informaban que la selección de tenis de la mano de Guillermo Vilas se preparaba para jugar la final sudamericana. Periodistas brasileños se quejaban de la infraestructura de los estadios del próximo Mundial de fútbol –lo cual era visto, por el gobierno, como una campaña extranjera desfavorable–. Se seguía hablando de “ataques terroristas” y La Nación publicaba el esclarecimiento del asesinato del coronel Rafael Raúl Reyes en Mar del Plata, mientras que la ópera Bomarzo de Manuel Mujica Láinez se había estrenado en Londres y la “fiebre del dólar” ocasionaba la caída de una banda que compraba dólares en Bolivia para luego negociarlos en la Capital Federal.

En el medio del derrumbe de la producción petrolera, de la crisis del sector energético y con el contexto de conflictos laborales, Lorenzo Miguel gestionó un encuentro con Isabelita en la Casa de Gobierno. Fue una cumbre sindical, tal vez la más importante antes del golpe militar que acontecería veinte días después, con la Presidenta sentada en la mesa con las 62 Organizaciones para discutir temas relacionados con la situación política y económica del país.

Además del sindicalista metalúrgico, participaron de la reunión Rogelio Papagno, Felipe Mascali, Néstor Carrasco y Manuel Pedreira. Días después, Isabelita recibió a representantes de la CGT, el Partido Justicialista y legisladores. Después de un tiempo débil tanto de salud como de energía política, quería mostrarse firme y decidida ante su propia tropa, aunque en los cuarteles la suerte ya estaba echada.

Por esos días, crecían los rumores de cambios en el Gabinete. Las informaciones que circulaban indicaban las salidas del ministro de Trabajo Miguel Unamuno y el de Economía Emilio Mondelli. En tanto, Lorenzo Miguel se convirtió en uno de los personajes fundamentales de la convulsionada escena política.

Más allá de sugerir cambios y rectificaciones, como los controles de precios, el dirigente sindical llamó a no cuestionar de modo alguno la investidura presidencial. Se alejó, en efecto, de posturas como las de Victorio Calabró, el gobernador bonaerense, y su ambición de ser legitimado en la continuidad del poder a través de su alianza con militares.

Se trató de un repliegue de las 62 ante la máxima autoridad. Poco después de la reunión, Miguel hablaría de una “incondicional adhesión” a Isabelita, a la que reconoció además como jefa del movimiento. Incluyó el apoyo de la Juventud Sindical. Por el contrario, dando su palabra de que no habría paros ni otras medidas de fuerza, el sindicalista afirmó que no aceptarían ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como tampoco la congelación de los salarios. Todo ocurría en torno a comunicados de empresas, del propio FMI y editoriales periodísticas que empezaban a hablar de una dinámica hiperinflacionaria en la economía. Ítalo Luder, presidente del Senado, opinó en una entrevista que un golpe de Estado agravaría aún más la situación del país. La oposición había buscado el juicio político a Isabelita, aunque no tuvo los apoyos necesarios.

La conducción del gremialismo peronista, de ese modo, intentó marcar la cancha. Mientras los diarios daban cuenta de secuestros y asesinatos a empresarios y sus familiares, a la vez que sonaba la eventual convocatoria a una Asamblea Legislativa, la demostración de fuerza sindical no tapaba una realidad en ascenso: el peronismo parecía devorarse a sí mismo.

El panorama era extensivo a otros espacios políticos. El radicalismo conducido por Ricardo Balbín expresaba el temor sin límites de la clase media argentina frente a la violencia social y el deterioro del nivel de vida. Al mismo tiempo, la burguesía nacional quedó debilitada tras el ostracismo de su representante, José Ber Gelbard, que había renunciado a conducir la economía luego de la muerte de Perón.

Por presiones internas y externas, el Estado de Bienestar se estaba resquebrajando: el poder adquisitivo había descendido notablemente y, pese a su muestra de carácter, los sindicatos peronistas tenían un margen de negociación cada vez más estrecho. La gran burguesía agraria e industrial, imbricada con las grandes empresas extranjeras, se expresaba en el Consejo Empresario Argentino (CEA) conducido por José Alfredo Martínez de Hoz, delineando un modelo de país que deseaba enterrar para siempre las chimeneas de las grandes industrias locales.

Lo cierto es que la trama vertiginosa del país era el caldo propicio en el que se preparaba la sombría conspiración militar. El gobierno de Isabel no lograba contener la ola de huelgas ni desarticular definitivamente a la guerrilla (con la que nunca intentó una estrategia de desarme pactado, ya que su intención era exterminarla). Además, una nueva crisis económica estaba a punto de estallar, con la desocupación en ascenso.

La presión gremial se había intensificado después del Rodrigazo en una larga agonía del poder político, jaqueado y sometido al chantaje permanente del partido militar. En silencio, los empresarios del CEA dirigidos por Martínez de Hoz trabajaban en un plan de apertura económica y de desguace de la industria básica y mediana, y afilaban los contactos con la cúpula del Ejército. Necesitaban orden, quebrar con urgencia la resistencia de los delegados fabriles y quitarles poder de maniobra a los sindicatos.

“Los militares no abren juicio”, se había titulado una de las notas principales de Clarín. Daba cuenta de que las Fuerzas Armadas seguían guardando un absoluto mutismo en medio de la turbulencia política, social y económica. El mutismo, en verdad, era tan engañoso como estratégico: con una imagen de respetar la democracia y de no intervenir directamente en las actividades del palacio y la calle, en el Ejército y la Marina se agitaban planes en la sombra, tácticas secretas que pronto se revelarían siniestras.

Precavido y a la vez sigiloso, el comandante general de la Armada, Emilio Massera, viajó por esos días a la Base Naval de Puerto Belgrano en compañía del jefe del Estado Mayor General, el vicealmirante Armando Lambruschini. Atento a su propia tropa y uniendo a los altos mandos, Massera estaba agazapado.

A pesar de que algunos generales del Ejército simpatizaban en mayor o en menor medida con el peronismo o el radicalismo, lo que los unía era el anticomunismo y la ausencia de límites para la represión. En rigor de verdad fue por mayo de 1975 que Jorge Videla, por entonces general de brigada y Jefe del Estado Mayor General, ya empezaba a tramar con el secretario general del Ejército, Roberto Viola, el golpe que darían diez meses más tarde.

El bajo perfil y el profesionalismo ascético de Videla hacía que nadie le prestara atención, aunque sabía que no podía dar pasos en falso. José López Rega, ministro de Bienestar Social, secretario privado con rango presidencial y hombre clave del gobierno de Isabelita, sospechaba de él al tiempo que se consolidaba como cabecilla de la Triple A. “La muerte de Juan Domingo Perón, en julio de 1974, había hecho volar la tapa de la caja de Pandora en la que se encerraba el enfrentamiento entre la derecha, expresada por los sindicatos, el partido de gobierno asentado en el eje Isabelita-López Rega y las bandas armadas del lopezreguismo, y la izquierda peronista, encarnada en los Montoneros, las corrientes obreras rebeldes y los estudiantes”, escribieron María Seoane y Vicente Muleiro en la biografía sobre Jorge Rafael Videla, el dictador.

López Rega vivió su momento de mayor poder desde la muerte de Perón. Durante ese tiempo la Triple A desplegó el grueso de su actividad, centrada en el asesinato de peronistas disidentes y militantes de izquierda. A fines de 1975, la resistencia de Isabel a renunciar a pesar de su mal estado de salud terminó de convencer a Videla y a Massera de la necesidad de prepararse para el golpe mientras la dirigencia política buscaba caminos para forzar la salida de la viuda dentro de los marcos legales.

Mucho tiempo después, el contraalmirante retirado Horacio Zaratiegui confirmó lo que entonces era un secreto militar guardado bajo siete llaves. Dijo que hubo premeditación golpista de las Fuerzas Armadas mientras por razones de simple estrategia se determinaba el momento del asalto al poder. En rigor, la Armada empezó a planificar cómo tenía que ser el gobierno militar para evitar que lo manejara solamente el Ejército, como siempre había ocurrido. No casualmente Massera viajó a Puerto Belgrano en esos días.

Paralelamente, Videla fue diseñando la estructura de un Ejército cohesionado y comenzó a involucrar a todos los militares en un pacto de sangre indispensable para tomar el poder e iniciar la represión a gran escala. Massera, convencido de que Videla carecía de talento y liderazgo civil, se sumó a la escalada con letra propia con la idea de competir por el liderazgo militar.

Mientras los discursos prometían defensa de la Constitución, en el edificio Libertad, sede de la Armada, se estructuraban las bases del futuro Estado terrorista. Mientras tanto, Videla ocupaba un lugar visible como jefe militar y trabajaba en dos direcciones: la cohesión del Ejército y su absoluta subordinación a la guerra abierta –en Tucumán y en otras zonas urbanas y rurales–, y a la guerra secreta, con el funcionamiento de unidades de combate clandestinas, que bajo inteligencia militar fueron el arma eficaz para la represión.

Sin desconocer la tensión política del país y el riesgo de la vida democrática, Lorenzo Miguel maquillaba la mística del poder peronista desde su liderazgo ortodoxo. Hasta último momento pareció estar empecinado en una resistencia que, en su fuero íntimo, sabía estéril. De hecho, cuando los periodistas le preguntaron qué pasaba cuando salió de la Casa Rosada, poco después de la hora cero del miércoles 24 de marzo, según cuentan Martín Caparrós y Eduardo Anguita en La Voluntad, respondió, impasible: “Está todo bien, muchachos. Todo es normal y no tengo noticias de movimientos de tropas. El gobierno no negocia ni hay ultimátum militar”. Mentía.

Miguel (1927-2002), histórico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), murió sin ningún homenaje público, acusado por los peronistas progresistas de incluir listas de “enemigos” que luego sufrían atentados o directamente eran blanco de asesinatos, vinculado a la derecha peronista y a López Rega. Para algunos, burócrata sindical: un modelo que destruyó la vitalidad sindical argentina. Para otros, sin embargo, un peronista patriótico: un amigo de los rangos más tradicionales, de la liturgia y épica de antaño. Los que lo defienden ponen otro dato sobre la mesa: la persecución de los militares, que lo detuvo por cuatro años y lo sacó de la vida pública.

En aquellos días de comienzo de marzo de 1976, es posible que el metalúrgico hubiera sabido que el asalto final contra Isabel era sólo una cuestión de tiempo. El plazo que los militares le habían dado se había acabado definitivamente, avanzando entre gallos y medianoche sobre Casa de Gobierno para dar paso a la represión más sangrienta de la historia argentina.