
-¿Eres tú el verdugo? – preguntó el reo.
-Sí, soy yo.
-Dame la mano. ¿Tienes hijos?
-Sí.
-Pues lo siento, porque lo pasarán mal. Toma esta naranja que me dio mi padre. Cómela, pero trabaja bien. No me hagas sufrir.
En su edición del 10 de mayo de 1822, el diario La Voz de Madrid transcribió esta conversación ocurrida dos días antes, a mediodía, en la Cárcel Modelo de Barcelona, entre el condenado a muerte Victorio Sabater y el verdugo jefe de la Audiencia de Burgos, Gregorio Mayoral. El ruego de Sabater, que sería ejecutado segundos después por haber asesinado a su patrón, tenía sentido, porque Mayoral debía matarlo con el garrote vil, y el mayor o menor sufrimiento del reo dependía del buen funcionamiento del aparato y, sobre todo, de la maestría del verdugo.
El aparato mortal que se utilizaba en España por esos años – porque había cambiado y seguiría cambiando con los años – funcionaba con un mecanismo sencillo que apretaba el cuello del condenado con un anillo metálico contra un poste o una gruesa tabla – . La parte mecánica se iba ajustando con una manivela que, a modo de torniquete, aumentaba la presión sobre el cuello hasta matar al “agarrotado” por asfixia o por la rotura de sus vértebras cervicales. Se lo consideraba una forma “más humana” de matar que otras, porque no había derramamiento de sangre, pero a veces la ejecución se podía convertir en una larga tortura si el verdugo no ajustaba el anillo en el lugar correcto o no hacía la fuerza suficiente.
Por entonces, cada país tenía su propio método para las ejecuciones y parecían competir por cuál era el más piadoso. En Francia, desde poco después de la Revolución se utilizaba la guillotina, cuya cuchilla cortaba de manera rápida y limpia la cabeza del condenado, mientras que en Gran Bretaña se mataba con la horca de soga larga, que rompía el cuello del reo cuando este caía por su propio peso al abrirse una trampa en el suelo del cadalso. Los españoles seguían utilizando el garrote en su territorio y también en sus posesiones de ultramar, a pesar de sus evidentes deficiencias.

La máquina podía fallar, como ocurrió en Buenos Aires en 1772, sede del gobierno del Virreinato del Río de la Plata. Ese año, el alcalde del primer voto de la ciudad Felipe Santiago del Posso – que cumplía las funciones de lo que hoy es un juez de instrucción – dejó constancia por escrito del mal funcionamiento del garrote que se utilizaba en la ciudad, un aparato de casi veinte años de antigüedad y de sus consecuencias. “Según lo que se ha experimentado del instrumento de dar garrote a los reos, según lo que estos tardan en morir, siempre es preciso que la tropa que sale en su custodia acabe de separarle la vida del cuerpo por medio de sus fusiles que a este efecto le disparan, por lo que parece muy esencial el que se trate de remediar este tan pernicioso defecto”. Después de esa queja, el gobierno colonial encargó la construcción de un nuevo garrote vil, con un costo de 113 pesos locales.
Ninguna de estas contrariedades hizo mella en la preferencia de la justicia española por el garrote, al que siguió utilizando hasta hace poco más de cuarenta años. Tanto es así que la dictadura franquista – como una muestra más de su impiedad y oscurantismo - lo hizo uno de los métodos predilectos de ejecución. Aún después de la muerte de Francisco Franco y la eliminación de la pena de muerte en la Constitución de 1978, el garrote vil siguió vigente en la letra del Código Penal español hasta que fue eliminado por una reforma el 25 de junio de 1983. Para entonces se había convertido en el instrumento de ejecución que, con algunas modificaciones para “perfeccionarlo”, más había durado en la historia.

La máquina de matar
Las primeras noticias que se tienen del garrote como método de ejecución datan de la República Romana y consistía en una soga que pasaba por un poste. De un lado del madero se ponía el cuello del convicto y del otro, el pedazo de madera que funcionaba como torniquete cuando el verdugo lo hacía girar. Según unos bajo relieves de la época, así fue ejecutado después de la segunda rebelión de Catilina, en el año 63 A.C., el político Publius Cornelius Lentulus, acusado de haber conspirado contra la República.
Se lo llamó simplemente “garrote” hasta la Edad Media, cuando se le agregó el adjetivo “vil”, derivado de villano. Se trató de una cuestión de clase: en las leyes del medioevo se reservó para la nobleza la pena de muerte por decapitación con espada y se mantuvo la ejecución con el garrote para la plebe. Por esos años se comenzó a utilizar en España y el Portugal. Fue una de las herramientas empleadas para torturar y matar por la Inquisición española y los conquistadores lo utilizaron para ejecutar en Cajamarca, Perú, a Atahualpa en 1533, luego de que el inca pidiera que no lo mataran en la hoguera porque creía que el fuego podría acabar también con su alma.
En 1734, el rey Felipe V eliminó la decapitación con espada como método para ejecutar a los nobles y generalizó el uso del garrote y de la horca para todos los condenados a muerte. Cuando Francia invadió España, José Bonaparte estableció por decreto en 1809 al garrote como forma de ajusticiamiento única, por considerarla la menos cruenta, y también lo adoptaron las Cortes de Cádiz en 1812. En 1823, cuando Fernando VII recuperó el trono propuso el regreso de la horca para los criminales de la clase alta y mantener el “garrote” para la plebe. Sin embargo, por presión popular, en 1832 se reimplantó el “garrote” como única pena capital y se eliminó para siempre la horca.
“Deseando conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena capital, y que el suplicio en que los reos expían sus delitos no les irrogue infamia cuando por ellos no la mereciesen, he querido señalar con este beneficio la gran memoria del feliz cumpleaños de la Reina mi muy amada esposa, y vengo a abolir para siempre en todos mis dominios la pena de muerte por horca; mandando que adelante se ejecute en garrote ordinario la que se imponga a personas de estado llano; en garrote vil la que castigue delitos infamantes sin distinción de clase; y que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a la de hijosdalgo”, establece el decreto firmado por el rey el 24 de abril de ese año.
El instrumento era el mismo para todos, pero la escenografía de la ejecución cambiaba según la clase social del reo. Los condenados a garrote noble iban hacia la muerte montando un caballo ensillado, los de garrote ordinario iban en mula y los de garrote vil en burro, sentados mirando hacia la grupa o arrastrados. La ejecución se anunciaba con unos tambores con el parche flojo, no tirante, que se llamaban “cajas destempladas”, de donde ha quedado la expresión.
Poco después el garrote sufrió una de sus modificaciones más notorias, conocida como el “garrote de alcachofa” por la forma del tornillo del dispositivo que se ajustaba contra el poste para hacer presión mientras la manija giraba. Hacia 1880 se produjo otro cambio, aunque siempre manteniendo el mismo sistema. El “garrote de corredera”, como se lo llamó, era más eficaz que su antecesor porque permitía regular el aparato a la altura del cuello del condenado, asegurando una muerte rápida por asfixia. Con el nuevo artilugio, el cuello del condenado se ponía en una especie de corbata de moño de hierro, que tenía un metal puntiagudo en la parte trasera. Cuando la manivela apretaba el dispositivo, se comprimía la garganta del reo y, a la vez, se producía la rotura de la base del cráneo y las vértebras cervicales. Moría de manera casi instantánea.
El franquismo y la abolición
En la década del ’30 del siglo pasado, con el establecimiento de la Segunda República española, se comenzó a discutir seriamente la abolición de la pena de muerte, pero la iniciativa quedó abortada primero por la Guerra Civil y luego con la llegada de Francisco Franco al poder. La dictadura franquista utilizó indistintamente el garrote y los fusilamientos para ejecutar a los condenados. En el Código Penal impuesto en 1944, se estableció que la pena capital podía realizarse de la manera que estuviera “estipulada en los reglamentos correspondientes”, incluyendo el garrote.

El verdugo más famoso durante la larga dictadura de Franco fue Vicente López Copete, que ejerció el triste oficio de aplicar el garrote durante más de tres décadas. Se jactaba de su pericia: “A mí me pueden venir sueltos o esposados, con la cara cubierta o descubierta, que me da igual. La cosa es rápida haciéndolo bien. Se sientan, les pongo el asunto y ya no se mueven”, solía decir. En 1954, cuando le tocó ejecutar al famoso asesino Enrique Sánchez, alias “El Mula”, el condenado, ya sentado en el aparato y con el cuello aprisionado, le dijo: “Tú con este aparato matando y yo matando con mi pistola nos hubiéramos quedado solos en España”. Una manera elíptica de llamarlo también a él asesino. Copete fue también el verdugo encargado de matar en 1959 a Pilar Prades Expósito, la última mujer que sufrió la pena de muerte con el garrote.
Vicente López Copete estuvo a punto de tener el dudoso privilegio de pasar a la historia como el último verdugo de España, pero en 1973 debió dejar su empleo luego de ser condenado y encarcelado por el delito de estupro. De no haber sido así, le habría tocado ejecutar a los dos últimos hombres que murieron en el garrote vil: el anarquista catalán Salvador Puig Antich y el delincuente alemán Georg Michael Welzel, sometidos al garrote en las cárceles de Barcelona y de Tarragona el mismo día, el 2 de marzo de 1974, con diferencia de horas.
Después de la muerte de Franco y cuando comenzaba la transición española hubo otro hombre que estuvo a punto de morir en esa máquina siniestra: José Luis Cerveto Goig, “el asesino de Pedralbes”, que salvó su vida al ser indultado en 1977. Un año después se debatió en el Parlamento el “Proyecto de Ley sobre la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Común”, que dio lugar luego al 15 del Capítulo II de la Constitución Española, que estableció la abolición de la pena de muerte “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Aún así, el garrote siguió figurando como método de ejecución en la letra del Código Penal español cinco años más, hasta que fue borrado en la reforma de 1983.
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