La masacre contra latinos más sangrienta de EE.UU.: auriculares para no oír a sus víctimas y un fusil semiautomático

Manejó casi once horas, se puso auriculares aislantes para no escuchar los gritos y abrió fuego con un fusil semiautomático en medio de una sucursal de Walmart. Asesinó a 23 personas e hirió a la misma cantidad. Fue hace exactamente cinco años y fue en El Paso, Texas, uno de los puntos claves de la frontera entre Estados Unidos y México. Eran cerca de la diez de la mañana y su objetivo era claro: quería matar latinos.

Patrick Crusius se entregó un rato después a la Policía de este estado norteamericano y confesó ser el autor de la masacre, que al día de hoy es la séptima más grave de los últimos cuarenta años entre los tiroteos masivos que se producen con preocupante frecuencia en Estados Unidos.

En julio de 2023 sus actos le valieron una condena a 90 cadenas perpetuas consecutivas porque la Justicia federal lo encontró culpable de 90 cargos de asesinato y crímenes de odio. La fiscalía local de El Paso anticipó en esa instancia que iría por más: se espera para este año o el que viene un juicio en el que los fiscales pedirán la pena de muerte para Crusius.

El día de la masacre murieron trece estadounidenses, nueve mexicanos y un alemán. Y resultaron heridos diecisiete norteamericanos y seis mexicanos. El ataque terrorista doméstico -así lo catalogó primero la investigación y luego la Justicia federal- enseguida reveló sus características: se había cometido en la sucursal de un supermercado al que, por su cercanía a la frontera, solían ir miles de ciudadanos de México a hacer las compras. El episodio sería considerado desde ese momento la mayor matanza dirigida a latinos de la historia norteamericana, y bajo esa idea fue juzgado.

De hecho, apenas cinco días después del tiroteo The Washington Post publicó documentación exclusiva de la investigación que revelaba que el objetivo de Crusius era “matar mexicanos”. Según esa información, el asesino había asegurado en su declaración que había elegido ese Walmart por su cercanía con la frontera y porque “la frecuentan clientes hispanos”.

A eso se sumó la publicación que el asesino había hecho apenas minutos antes de empezar a disparar. En un manifiesto que compartió en foros de la web ese mismo día, el perpetrador de los crímenes aseguraba que Estados Unidos atravesaba, en sus palabras, “una invasión hispana” y se quejaba de lo que definía como “sustitución cultural y étnica”.

Pese a eso, cuando uno de los familiares de sus víctimas fatales le preguntó, en el marco del juicio, si se consideraba un supremacista blanco Crusius respondió que no. Y cuando le preguntaron si se arrepentía de los crímenes perpetrados respondió que sí. Más allá de cómo se autodefinió, el asesino fue condenado no sólo por los homicidios sino por haberse tratado de crímenes de odio. Es decir, la Justicia sí dio por probado que su objetivo era, en particular, la población latina de la zona.

“Solía ser una adolescente feliz y normal, hasta que un cobarde eligió usar la violencia contra los inocentes”, le dijo a Crusius una de las sobrevivientes de la masacre. Fue en los dos días del juicio en los que el entonces acusado -y ahora condenado- debió enfrentar los relatos de los familiares de las personas asesinadas y de los que sobrevivieron aquel fatídico 3 de agosto. El hijo de una de las asesinadas le preguntó si dormía bien de noche: no obtuvo respuesta.

“Apoyo total” por parte de su administración y “las oraciones más sinceras”. Eso fue lo que ofreció el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las víctimas directas e indirectas del tiroteo apenas unas horas después de los hechos. Lo hizo vía Twitter, que fue el mismo medio por el que Greg Abbott, que gobernaba el estado de Texas, calificó el tiroteo como “un acto de violencia atroz y sin sentido”. Ese mismo día, Beto O’Rourke, que era pre-candidato presidencial por el Partido Demócrata, interrumpió su gira de campaña para volver lo más rápido posible a su ciudad natal, El Paso.

México también reaccionó: el gobierno estadounidense le cedió a su par mexicano información de seguridad exclusiva. Eso hizo que la gestión encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarara el tiroteo como un ataque deliberado contra los mexicanos y como un acto terrorista tras analizar esos datos.

La Unión Europea también consideró que se había tratado de un episodio terrorista y la ONU se plegó a esa misma calificación. En esa instancia, llamó a “trabajar juntos para combatir la violencia nacida del odio, el racismo y la xenofobia”. Al día siguiente de la masacre, en su discurso dominical ante la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco condenó “los ataques contra personas indefensas” y se manifestó “espiritualmente cerca de las víctimas, los heridos y las familias afectadas”.

Ahora que se cumplen cinco años de la masacre Crusius cumple con sus 90 cadenas perpetuas en prisión. Mientras tanto, está a la espera de lo que finalmente ocurra con su destino judicial a nivel estatal, en Texas, donde los fiscales solicitarían la pena capital.

En aquel momento, cuando se produjo la masacre, los especialistas en inmigración, la población latina y quienes se manifiestan abiertamente en contra del racismo y la xenofobia expresaron su preocupación no sólo por este tipo de crímenes sino por discursos como los que encabezaban Abbott, el gobernador de Texas, y el senador Ted Cruz, a quienes señalaron como responsables de diseminar “conspiraciones de odio y mentiras” desde el partido republicano.

La otra alarma que sonó inmediatamente fue la misma que se activa ante cada tiroteo masivo en los Estados Unidos: la discusión sobre la libre posesión de armas, garantizada constitucionalmente y sostenida por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA). Una semana antes de que Crusius abriera fuego se había producido un tiroteo en California, y al día siguiente hubo otro en Ohio. El perpetrado por Crusius quedaría especialmente en la historia sangrienta de los Estados Unidos. Por la cantidad de personas que asesinó e hirió y por el odio que lo motivó.