Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a un hombre de 21 años tras una alerta internacional emitida por una presunta amenaza con artefactos explosivos.
El operativo, coordinado por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), culminó con la detención de Sergio David Monterroso, quien contaba con una orden judicial vigente emitida por un juzgado de la capital.
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La diligencia judicial se desarrolló en un inmueble ubicado en la 5ª calle “A” y 10ª avenida de la colonia Roosevelt, en la zona 11 de la capital guatemalteca.
En la intervención participaron investigadores de la unidad de Ciberdelitos de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) junto con agentes especializados de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).
Durante la inspección, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, una tableta y varias computadoras, dispositivos que quedaron bajo resguardo forense para el peritaje técnico de sus comunicaciones.
El Código Penal contempla hasta diez años de prisión por intimidación pública agravada
El proceso contra el detenido se fundamenta en el artículo 393 del Código Penal guatemalteco, el cual tipifica la intimidación pública agravada.
La legislación establece que este delito ocurre cuando los actos destinados a infundir pánico colectivo, generar tumultos o amenazar públicamente con emergencias de peligro común se cometen frente a una concurrencia numerosa o en circunstancias de desastre o calamidad.
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Bajo este marco jurídico, los tribunales locales pueden imponer una condena de entre tres y diez años de prisión. Sin embargo, después de su captura el MP tiene que demostrar la culpabilidad de Monterroso, posteriormente un juzgado decidirá la condena.
Por su parte, la figura simple de este ilícito, prevista en el artículo 392 del mismo cuerpo normativo, castiga con penas de seis meses a dos años de reclusión a quienes hagan detonar artefactos explosivos o lancen advertencias falsas sobre desastres que atenten contra la seguridad general de la población.
La justicia acumula miles de denuncias anuales mientras la legislación contra ciberdelitos sigue estancada
La persecución de amenazas propagadas a través de redes y entornos digitales enfrenta vacíos normativos en el país centroamericano.
Según registros del Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Información Forense de la DEIC, las autoridades recibieron 2.407 denuncias de ilícitos digitales en 2024 y 2.741 en 2025, la mayoría vinculadas a redes sociales y plataformas de mensajería electrónica.
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Pese a este crecimiento en las denuncias y a que evaluaciones internacionales sitúan a Guatemala entre las naciones de la región con mayores niveles de exposición a incidentes informáticos, el Congreso de la República acumula casi dos décadas sin aprobar un marco integral contra la ciberdelincuencia.
Desde 2009 se presentaron al menos ocho proyectos legislativos sin éxito definitivo. Entre ellos figuró el Decreto 39-2022, archivado antes de su sanción presidencial tras diversos cuestionamientos, mientras que la iniciativa 6347, que tipifica delitos informáticos y busca la adhesión al Convenio de Budapest, fue devuelta a comisiones en abril de 2026 para una nueva revisión técnica.
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