Un juez obligó a Meta a revelar qué ejecutivos aprobaron piratear libros para entrenar su IA

Un juez federal de California ordenó a Meta identificar a todos los ejecutivos y mandos que autorizaron descargar libros pirateados mediante BitTorrent para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, luego de que la empresa intentara responsabilizar solo a empleados técnicos.

La orden, firmada el 19 de octubre por el juez federal Thomas Hixson, obliga a Meta a nombrar a cada persona que haya tomado, autorizado o aprobado la decisión de obtener material de las bibliotecas piratas Anna’s Archive y LibGen, incluidas las decisiones sobre si distribuir esos archivos a otros usuarios mientras se descargaban.

El fallo forma parte de dos demandas que avanzan en el Distrito Norte de California: una demanda colectiva de autores, entre ellos Richard Kadrey y la comediante Sarah Silverman, y otra presentada por la editorial Entrepreneur Media.

Un tribunal ya había resuelto antes que entrenar modelos de IA con esos libros constituye un uso legítimo bajo la doctrina de fair use. Lo que sigue en disputa es si la forma en que Meta obtuvo ese material, mediante torrents que también distribuyen archivos a terceros, implicó una infracción adicional de los derechos de autor.

Según los demandantes, Meta descargó en conjunto unos 116,3 terabytes de contenido entre 2022 y 2024: alrededor de 80,6 terabytes provenientes de LibGen y 35,7 terabytes de Anna’s Archive.

Meta había argumentado que no podía identificar a nadie que hubiera aprobado “formalmente” la decisión de usar BitTorrent, porque, según la empresa, se trató de elecciones técnicas tomadas por consenso entre equipos de ingeniería. También dijo que la obtención de datos de Anna’s Archive pasó por una revisión legal interna a comienzos de 2024.

El juez Hixson rechazó ese argumento. Consideró que la pregunta de los demandantes no se limitaba a decisiones formales y que las respuestas de Meta se habían enfocado en el uso de los datos, no en cómo fueron obtenidos. “Si una decisión es atribuible a un grupo o un equipo, todos los que participaron en tomarla deben responder a este requerimiento”, señala la orden.

El registro interno que complica la defensa

Un empleado que participó en las descargas ya había declarado que la posibilidad de compartir archivos durante el proceso se discutió internamente y que se tomaron medidas para limitarla.

Un cuaderno de registro interno de Meta, citado en la presentación de Entrepreneur Media, muestra que al menos un empleado evaluó evitar los torrents antes de una descarga de Anna’s Archive: “Se decidió optar por subidas directas de archivos sin usar torrents, porque eso implicaría compartir el contenido hacia afuera, lo que legalmente no estaría bien”, dice la anotación.

Para Entrepreneur Media, esa nota contradice la versión de la empresa. “Bajo esa construcción, nadie en Meta decidió torrentear nada, y sin embargo Meta torrenteó bibliotecas piratas repetidamente entre 2022 y 2024”, argumentó la editorial ante el tribunal.

Los montos en juego y un contrato que quedó expuesto

La ley de derechos de autor de Estados Unidos permite indemnizaciones de entre USD 750 y USD 30.000 por obra, y de hasta USD 150.000 por obra si el tribunal determina que la infracción fue deliberada. Como referencia, Anthropic acordó pagar cerca de USD 1.500 millones por unas 500.000 obras en un litigio similar, lo que equivale a unos USD 3.000 por obra.

La misma orden reveló además la existencia de un acuerdo de licencia entre Meta y Fox Corporation para usar contenido de esa cadena en el entrenamiento de sus modelos de IA. El juez mantuvo en reserva el monto pagado por esa licencia por considerarlo información comercialmente sensible.

El tribunal también le dio a Meta un plazo de siete días para entregar documentos de su catálogo interno de datos de entrenamiento, que serán revisados de manera confidencial por el juez antes de decidir si deben incorporarse como prueba en el caso.

El litigio continúa en etapa de descubrimiento de pruebas, por lo que los nombres de los ejecutivos señalados todavía no se conocen públicamente y dependen de que Meta cumpla con la orden en los próximos días.