La desgarradora carta desde una cárcel cubana: un preso político denunció cinco años de torturas y amenazas de muerte

Un preso político cubano del 11J -las masivas protestas del 11 de julio de 2021 en la isla- envió una carta manuscrita de cuatro páginas a la organización Prisoners Defenders, en la que denunció cinco años de torturas, amenazas de asesinato y el intento de la Seguridad del Estado de reclutarlo como informante a cambio de su libertad.

Denys Hernández Ramírez, condenado a seis años de cárcel por manifestarse pacíficamente en San Antonio de los Baños, escribió el testimonio desde la prisión de Guanajay, donde fue devuelto en marzo pasado tras una breve excarcelación condicional.

“Me dijo que en la prisión ya me esperaba un preso para apuñalarme si él le daba la orden”, relata Hernández Ramírez en el documento, fechado el 19 de octubre. La amenaza, según su testimonio, provino de un agente de la Seguridad del Estado que le ofreció recuperar la libertad si aceptaba convertirse en delator. Al negarse, el funcionario también le advirtió de que recibiría “una golpiza que jamás olvidaría” si hacía públicos los abusos que había sufrido en prisión.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, confirmó en diálogo con Infobae la recepción de la carta y calificó la situación de Hernández Ramírez como una emergencia. “¿Hasta cuándo vamos a aceptar que pedir libertad en Cuba se pague con la cárcel? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar amenazas de asesinato por parte del régimen cubano sin exigir responsabilidades?”, cuestionó Larrondo, quien reclamó la intervención de la comunidad internacional y de la Iglesia católica, que medió en las excarcelaciones condicionales de enero de 2025.

Un joven que protestó con una bocina y terminó con una condena de seis años

Hernández Ramírez fue detenido el 19 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J que estallaron en San Antonio de los Baños y se extendieron por decenas de ciudades. Según el análisis jurídico de Prisoners Defenders, su intervención se limitó a portar una bocina con la que reprodujo música y consignas, incluida la canción “Patria y Vida”. La organización no identificó en su expediente conducta violenta individual ni daños personales o materiales.

El Tribunal Municipal Popular de San Antonio de los Baños le impuso en marzo de 2022 seis años de privación de libertad por dos delitos de desacato y uno de desórdenes públicos. Hernández Ramírez describe el proceso como “un juicio simulado, con testigos falsos y jueces, fiscales y abogados manipulados por la Seguridad del Estado”.

Prisoners Defenders identificó en su caso seis de las siete violaciones troncales del debido proceso que, según la organización, el régimen cubano aplica de forma sistemática contra los presos políticos: arresto por ejercicio de derechos fundamentales, imputación de tipos delictivos que violan principios penales, medidas cautelares sin tutela judicial, ausencia de abogados independientes, falta de independencia e imparcialidad judicial y violación de garantías sobre testimonios y pruebas periciales.

Ocho detenidos hacinados en una celda de seis metros cuadrados

La carta reconstruye el calvario desde los primeros días. Entre el 19 y el 29 de julio de 2021, Hernández Ramírez permaneció en dependencias de investigación penal en una celda de aproximadamente dos por tres metros, diseñada para cuatro personas, donde convivían ocho detenidos.

“Pasando hambrunas, sed, asfixia por falta de oxígeno, escabiosis por la mala higiene del lugar, maltratos verbales y abuso físico, amenazas de muerte”, describe en su testimonio.

El 30 de julio fue trasladado a la prisión de Guanajay, donde las condiciones se mantuvieron. Según su relato, la policía política dirigía una actuación represiva específica contra los detenidos del 11J.

La golpiza que dejó un “estigma mental imposible de olvidar”

Uno de los episodios más graves ocurrió el 13 de noviembre de 2021, cuando más de 15 presos políticos del 11J se declararon en huelga de hambre para reclamar su libertad. “Esa fue la primera vez que fui torturado físicamente. Varios disidentes también fueron brutalmente golpeados ese día”, escribió Hernández Ramírez.

Según su relato, tras las agresiones los reclusos fueron introducidos en un vehículo penitenciario enrejado —un “camión jaula”— donde continuaron las humillaciones. El preso señala como responsable del operativo al teniente coronel Juan Ramón Castillo Sánchez y menciona la participación de Mariano Hernández Venereo, un primer teniente identificado como Eloy y un teniente coronel identificado como Edgar. “Todos fueron ascendidos en cargo después de haber cumplido al pie de la letra con su orden”, afirmó.

Esta denuncia no es nueva: ya en octubre de 2024, Hernández Ramírez había relatado directamente a Martí Noticias las golpizas recibidas por los huelguistas aquel día. La carta manuscrita añade ahora nombres y detalles sobre la actuación de los agentes.

Esposado de manos y pies por negarse a homenajear a Fidel Castro

El manuscrito detalla un patrón sostenido de castigos por motivos ideológicos. El 10 de julio de 2022 fue enviado a una celda de aislamiento “sin haber hecho nada para merecerlo” y permaneció allí hasta el 12 de julio, sin recibir alimentos.

En agosto de 2023, las autoridades organizaron una actividad para celebrar el natalicio de Fidel Castro. Hernández Ramírez y el también preso político Víctor Alejandro Painceira Rodríguez se negaron a participar.

“Nos esposaron manos y pies y a fuerza bruta nos bajaron hasta a todos en el teatro, nos hicieron un mitin de repudio y pasamos la noche en celda de castigo sin comer, beber agua ni colchón para dormir”, relató. Además, les retiraron dos meses de rebaja de sanción anual. Atribuye la responsabilidad de ese episodio al mayor de la Seguridad del Estado Javier Ruboso Pérez.

Más de un mes aislado, con la ventana clausurada y sin acceso al sol

El 11 de julio de 2023, coincidiendo con el segundo aniversario del 11J, Hernández Ramírez participó en una huelga de hambre colectiva que se prolongó aproximadamente diez días. “Me daban agua turbia y me causaron dolores estomacales intensos”, denunció.

Como represalia, permaneció más de un mes apartado en una celda con la ventana clausurada, escasa ventilación, sin televisión, sin acceso al sol y con comunicaciones restringidas a diez minutos semanales bajo vigilancia de un guardia. Según las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas, el confinamiento durante más de 15 días consecutivos en esas condiciones constituye aislamiento prolongado prohibido.

La policía política amenazó con torturar a otros presos si secundaban la huelga. Junto a Hernández Ramírez se mantuvieron en protesta los disidentes Alehandri Lechuga Junco y Adrián Rodríguez Moureira.

Excarcelado en enero de 2025, pero obligado a trabajar y vigilado en redes sociales

Tras tres años y medio de encarcelamiento, Hernández Ramírez fue excarcelado en enero de 2025 mediante libertad condicional, en el marco de las negociaciones con intervención del Vaticano. Pero la persecución, según cuenta, no se detuvo.

“Pensé que el hostigamiento terminaría, pero realmente apenas comenzaba. La persecución, el acoso y las amenazas seguían”, escribió.

En marzo de 2025, junto con la también presa del 11J Rosa Janis Millo Espinosa, publicó un video en el que denunciaron que fueron obligados a trabajar en un centro estatal con un salario mínimo que “no alcanzaba para nada”. Ambos rechazaron esos ingresos y los donaron a mujeres embarazadas de San Antonio de los Baños. Prisoners Defenders calificó esa imposición como trabajo forzoso con elementos de coerción laboral.

“Mes por mes nos citaban a la policía y nos amenazaban con regresarnos a prisión si no cambiábamos nuestros ideales. En mi caso observaban hasta mis redes sociales y me decían que si publicaba en contra del gobierno comunista sería revocado inmediatamente a prisión”, aseguró Hernández Ramírez.

La detención de marzo y la oferta de ser informante

El 24 de marzo pasado, Hernández Ramírez fue detenido nuevamente tras acudir a una citación policial. “Lo primero que argumentó un agente de la Seguridad del Estado cuyo nombre nunca mencionó fue que me habían detenido porque seguí publicando en contra del ‘proceso revolucionario’”, relató.

Antes de trasladarlo a la prisión de Guanajay, el agente le ofreció recuperar su libertad si aceptaba convertirse en informante. Al rechazar la propuesta, llegaron las amenazas: “Me dijo que en la prisión ya me esperaba un preso para apuñalarme si él le daba la orden. Que si denunciaba los males de la prisión y mencionaba algo de esto que he dicho hasta ahora, me darían una golpiza que jamás olvidaría”.

La amenaza tiene antecedentes en el mismo penal. En marzo de 2024, el preso político Julián Manuel Mazola Beltrán denunció haber sufrido un intento de agresión sexual después de negarse a colaborar como informante, un caso documentado por Diario de Cuba que señaló la presunta intervención del propio mayor Javier Ruboso Pérez.

El informe de abril de 2026 de Prisoners Defenders recogió también denuncias sobre agresiones sexuales perpetradas por presos comunes contra manifestantes del 11J en Guanajay, con presunta participación o permisividad de funcionarios.

Prisoners Defenders registró 1.351 presos políticos en Cuba

El caso de Hernández Ramírez se inscribe en un deterioro general documentado por la organización. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Prisoners Defenders incorporó 318 nuevos presos políticos a su registro, una media de 26,5 al mes. En septiembre pasado alcanzó un récord de 1.351 prisioneros políticos, que incluye tanto a personas encarceladas como a quienes padecen condenas o restricciones de libertad fuera de prisión.

Entre ellos figuran 152 mujeres y 40 personas que eran menores de edad cuando fueron detenidas. La organización también ha documentado 476 presos políticos con enfermedades que permanecen tras las rejas con negación parcial o total de asistencia médica.

En diálogo con Infobae, Larrondo dirigió un mensaje directo al régimen cubano: “Es responsable de garantizar su vida y su integridad. Denys tiene nombre, familia y derechos. Y no vamos a dejarlos solos, ni en Prisoners Defenders, ni en Europa ni en sus instituciones”. La organización exigió la liberación inmediata e incondicional de Hernández Ramírez, la anulación de las consecuencias penales derivadas de su persecución política y una investigación independiente de las amenazas.

Pese a todo, la carta del preso termina con una declaración que desafía a quienes lo amenazan: “Pero aquí seguiré firme en mis convicciones y dispuesto a defender mis derechos y mi libertad”.