Declaran bajo reserva total el expediente por el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

El expediente judicial por el asesinato del abogado y activista social Juan Francisco Solórzano Foppa, en Guatemala, quedó bajo reserva total por petición del Ministerio Público (MP) de Guatemala.

La información fue revelada por el abogado defensor de dos de los capturados Karlos de León, luego de una audiencia preliminar poco después de la media noche donde se les informó a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz detenidos por el crimen.

Asimismo, De León informó que la audiencia de primera declaración para los aprehendidos quedó programada para este domingo 18 de octubre, a las 9:00 horas, en la Torre de Tribunales. Para esta se solicitó un intérprete para traducir en idioma Q’eqchi’ a los sindicados.

La jueza consideró que, si bien la ley permite que las audiencias en todo proceso penal es público, justificó que el Código Penal guatemalteco establece que “hay límites” en esa publicidad en el sentido que “todos los actos de investigación serán reservados para los extraños”.

Luego argumentó que si la Fiscalía del Ministerio Público advierten que la investigación puede quedar en riesgo es necesario “limitar la publicidad por un plazo legal máximo”. Después de ello, pidió a los medios de comunicación retirarse del recinto donde se desarrollaba la audiencia, la cual fue reprogramada para que el ente investigador pudiera contar con más elementos probatorios contra los sindicados.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que los capturados permanecen aislados del resto de la población carcelaria y sostuvo que, en caso de ordenarse prisión preventiva, las autoridades habilitarán un espacio especial para resguardar su integridad física.

Villeda precisó que las indagaciones desarrolladas entre el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público se encuentran en un plano de probabilidades de participación y no de certezas definitivas.

Por su parte, el abogado defensor Karlos de León denunció graves irregularidades en la aprehensión efectuada en la zona 16 de la capital.

De León argumentó que las fuerzas policiales no embalaron las manos de los detenidos para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) efectuara los peritajes científicos de residuos de disparo, además de alterar su vestimenta original.

La representación legal aseveró que la detención no ocurrió bajo persecución en flagrancia ni mediante orden de juez competente, lo cual califica como un procedimiento ilegal.

En paralelo, un reporte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura exigió garantizar el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Cuatro integrantes vestidos con ropa deportiva ejecutaron el ataque en las canchas deportivas

En un comunicado publicado por la Policía Nacional Civil a las 11 de la noche del sábado 17 de octubre, indicaron que las investigaciones preliminares de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el MP determinaron que los agresores utilizaron prendas deportivas para adoptar la apariencia en el área pública antes de perpetrar el ataque.

Durante los operativos de persecución, las fuerzas de seguridad incautaron una motocicleta y una carabina con registro GF9-1138GUA, un arma que difiere del armamento habitual del crimen común.

La PNC detalló que los escoltas asignados al exfuncionario se hallaban a una distancia de 30 a 40 metros para custodiar a su hijo menor de edad al momento de los disparos, ataque en el que también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Una trayectoria marcada por la lucha contra la corrupción y la persecución penal

Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, edificó una amplia carrera en el sistema de justicia y la administración pública de Guatemala.

Durante 12 años integró el MP, donde dirigió la Dirección de Análisis Criminal y diseñó los esquemas operativos que permitieron desarticular la red de defraudación aduanera La Línea, expediente que derivó en la renuncia del gabinete del expresidente Otto Pérez Molina en 2015.

En 2016 asumió la titularidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad desde la que promovió cobros coactivos a grandes contribuyentes hasta su remoción en 2018.

En sus últimos años enfrentó diversos procesos penales que lo mantuvieron en prisión preventiva, mientras ejercía la defensa técnica de abogados y periodistas considerados como perseguidos políticos por parte del MP durante la administración de Consuelo Porras, sancionada en más de 40 países por actos de supuesta corrupción.