La comisión legislativa de Finanzas del Congreso de Guatemala condiciona los aumentos presupuestarios de 2027 al avance del gasto público

La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala continuó este martes el análisis del presupuesto de 2027, con exigencias sobre el ritmo de ejecución de los recursos antes de aprobar aumentos para el próximo año, cuando faltan ocho meses para las elecciones generales.

Las audiencias reunieron a autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

La ejecución global del Organismo Ejecutivo llegó al 65,5% al 30 de septiembre de 2026, a menos de 90 días del cierre fiscal previsto para el 15 de diciembre. El Ministerio de Ambiente registró un 67,2% en la misma fecha, aunque proyectó cerrar el año con 96%.

La ministra de Finanzas Públicas, Deborah Alvarado, explicó que las cotizaciones y licitaciones suelen concentrarse durante el último cuatrimestre en la mayoría de las carteras estatales. El presidente de la comisión expresó preocupación por ese patrón, debido a que varios ministerios solicitan más fondos para 2027 pese al gasto rezagado.

La cartera ambiental había alcanzado una ejecución de 85,5% en 2024 y de 89,2% en 2025. La proyección para este año se ubica por encima de esos resultados, aunque la selección de proyectos de reforestación todavía no se había traducido en desembolsos.

Un proyecto tecnológico sin ejecución y un nuevo crédito para 2027

El Sistema Integrado de Administración Financiera, conocido como SIAF, tenía una asignación de 29,5 millones de quetzales, pero no había ejecutado recursos hasta septiembre de 2026. Alvarado reconoció la situación durante su comparecencia ante los diputados.

Para 2027, el SIAF será reemplazado por una nueva unidad de modernización con 50 millones de quetzales, financiada mediante un préstamo del Banco Mundial bajo el convenio 9869-GT. La ministra afirmó: “2027 es el año central de inicio, ya con la ejecución propia de ese proyecto”.

El Ministerio de Finanzas Públicas también avanza en la renovación de su infraestructura tecnológica después del ciberataque ocurrido en 2023 y a comienzos de 2024. El plan incluye la construcción de un sitio alterno para asegurar la continuidad de las operaciones y un monitoreo permanente del tráfico inusual en sus sistemas.

La Superintendencia de Administración Tributaria entregó durante la sesión el saldo del fondo de crédito fiscal para exportadores, solicitado por el diputado José Pablo Mendoza. El superintendente Werner Lobayen informó que al 1 de octubre de 2026 alcanzaba 2.399,928 millones de quetzales, tras coordinar el dato con Finanzas Públicas porque no lo tenía disponible al inicio de su intervención.

Lobayen detalló que el personal de la SAT ya usa un mecanismo de doble factor de autenticación para ingresar a sus plataformas. La entidad busca extender esa medida a los 4,5 millones de guatemaltecos que utilizan la agencia virtual.

El superintendente indicó que durante el último año circularon dos informaciones sobre supuestos ataques contra la Administración Tributaria. Las verificaciones internas determinaron que ambos casos eran desinformación.

La SAT prevé ofrecer atención en cinco idiomas mayas desde 2027, además de implementar camiones de servicio móvil y puntos de atención en centros comerciales para llegar a áreas alejadas. La institución cuenta actualmente con 50 agencias tributarias en el país y mantendrá las placas de circulación de plástico mediante un convenio con Finanzas Públicas que garantiza su disponibilidad a través del Taller Nacional de Grabados.

Reforestación con demanda seis veces mayor que los fondos disponibles

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas disponen de un presupuesto conjunto de 617 millones de quetzales, equivalente al 0,38% del presupuesto nacional. El ministro Edwin Castellanos pidió que los 29 millones de quetzales destinados en 2026 a transferencias para entidades externas se consideren recursos adicionales y no una reducción de los fondos operativos para 2027.

La diputada invitada Patricia Orantes respaldó esa propuesta y cuestionó que, en años anteriores, se incluyeran organizaciones no gubernamentales entre las asignaciones de la cartera. Señaló que esas entidades no necesariamente responden a la política ambiental del país.

El Fondo para los Bosques recibió 45 propuestas que suman 260 millones de quetzales, pero solo cuenta con 40 millones trasladados al Crédito Hipotecario Nacional. Según Castellanos, los proyectos solicitados permitirían proteger o reforestar 340.000 hectáreas, aunque ningún plan había comenzado a ejecutarse porque la selección aún seguía en curso.

El diputado Byron Rodríguez alertó sobre un posible uso electoral de los programas de reforestación en Retalhuleu, donde afirmó que algunos candidatos ya ofrecen entregas de árboles. “Sí me gustaría que estos recursos de reforestación no sean politizados”, planteó.

Rodríguez también pidió atención para el cierre del vertedero municipal de Coatepeque, en Quetzaltenango. Según indicó, ese depósito concentra el 80% de la basura que contamina las playas de la zona costera de San Marcos y motivó un pronunciamiento del estado mexicano de Chiapas.