Historia de una central eléctrica insólita en Guatemala: la construyeron a mano, piedra por piedra

350 familias mam de San Pablo, Tajumulco y Malacatán, en el departamento guatemalteco de San Marcos, dejaron de depender en 2023 de una empresa privada que les imponía facturas de hasta 20 mil quetzales.

La construcción comunitaria de HidroMaya les permitió abastecer sus hogares con una central propia, levantada en una montaña con piedra y trabajo voluntario, según Agencia Ocote.

La experiencia integra una red de cuatro hidroeléctricas comunitarias ya operativas en San Marcos: dos en San Pablo, una en Tajumulco y otra en Tacaná. Otros dos proyectos están en construcción, ambos en San Pablo.

Tarifas impagables y resistencia por el río Salá

El conflicto comenzó tras la privatización del sector eléctrico, habilitada por la Ley General de Electricidad, aprobada por el Congreso de Guatemala en 1996. Dos años más tarde, la española Unión Fenosa adquirió la generación y distribución eléctrica en 19 de los 22 departamentos del país.

Luego de sucesivas ventas a compañías transnacionales, el Grupo Romero, de Perú, pasó a administrar ENERGUATE en 21 departamentos, con la excepción de Sacatepéquez. Para 2008, familias de San Marcos recibían cobros mensuales de 500 o 600 quetzales, entre USD 65 y USD 79, pese a que algunas viviendas solo tenían tres bombillas encendidas.

Al revisar las deudas acumuladas, varios vecinos detectaron montos que no podían afrontar. Abigail Pérez, coordinador del Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas Mam, resumió el reclamo: “No queríamos de regalado, queríamos pagar una cuota justa”.

La oposición a las tarifas coincidió con un nuevo foco de conflicto. En 2011, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales autorizaron a Hidro Salá, un proyecto que preveía desviar durante ocho kilómetros el cauce del río Salá.

Las comunidades de San Pablo rechazaron la obra y la protesta derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional Civil. Doce personas, en su mayoría líderes comunitarios y autoridades ancestrales, enfrentaron procesos de criminalización y prisión; otras se exiliaron, mientras el líder Santiago Gamboa fue asesinado.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala concedió el 5 de diciembre de 2018 un amparo provisional a las comunidades. El tribunal consideró que el Estado vulneró los derechos colectivos del pueblo maya mam al aprobar el proyecto sin una consulta previa, libre e informada.

La conflictividad también atravesaba a San Miguel Ixtahuacán, a unos 85 kilómetros de San Pablo, donde la Mina Marlin extrajo oro durante más de 12 años. La actividad dejó denuncias de violencia y contaminación ambiental.

El entonces obispo Álvaro Ramazzini, hoy cardenal de la Iglesia Católica, creó en 2005 la Comisión Diocesana Contra la Minería, transformada con el tiempo en la Comisión Paz y Ecología. La organización amplió su labor desde el monitoreo ambiental hacia la comunicación, la articulación política con el Consejo del Pueblo Maya y la defensa legal de personas criminalizadas por ejercer derechos colectivos.

“El modelo energético no está hecho para que las comunidades puedan gestionar sus propios recursos, sus propios bienes”, explicó Durbin Gómez, investigador de Copae. “Está hecho para que empresas externas vengan, los extraigan y lo conviertan en lucrativo”.

Una central levantada con aportes y trabajo comunitario

Siete comunidades decidieron en 2016 construir una central propia: Nueva Castalia, Nuevo Horizonte, Nueva Jerusalén, La Independencia y Bella Vista, en San Pablo; Tajumulquito, en Tajumulco; y San Bernardo, en Malacatán. Reunieron 55 mil quetzales, unos USD 7.200, para comprar un terreno en la montaña de Nueva Castalia y constituir su personería jurídica.

Los impulsores contrataron ingenieros para realizar estudios topográficos y de impacto ambiental. También viajaron a la Zona Reina, en Quiché, para conocer microcentrales comunitarias ya existentes.

La primera piedra de la bocatoma se colocó en 2023. Unas 200 personas trasladaron materiales a pie durante al menos 20 minutos por la montaña, debido a que los camiones no podían llegar hasta el sitio.

Jonathan Velásquez, presidente de la asociación, calculó que la infraestructura requirió cerca de 6 millones de quetzales. Parte de los recursos provino de una cuota provisional que convirtió a los aportantes en asociados y propietarios de la instalación, mientras Copae aportó formación técnica y asesoría legal.

HidroMaya capta una parte del agua del río Salá y la conduce por una tubería de 600 metros hasta una cámara de carga que retiene la arena. Después, el agua desciende hacia la casa de máquinas, donde las turbinas producen electricidad; el caudal vuelve luego al río.

“Fue una gran alegría. Nos sentamos, admirando cómo pudimos hacer algo que pensábamos que no podríamos, que pensábamos que solo los ‘poderosos’ y ‘con dinero’ podían construir”, relató Pérez. Los asociados pagan 50 quetzales mensuales para el mantenimiento de la red.

HidroQuetzalí es uno de los proyectos aún en marcha. La Asociación de Energía Independiente El Quetzalí agrupa a 350 familias de un caserío integrado por exagricultores de fincas quebradas a fines del siglo XX.

Sus habitantes cortan y venden hoja de maxán, utilizada para envolver tamales, o quiebran piedra para comercializarla como piedrín. Cuando Agencia Ocote visitó la zona en julio de 2026, la construcción se había reanudado tras una pausa por falta de materiales, resuelta con una donación de 100 bolsas de cemento gestionada por Copae.

*Con información de la Agencia Ocote de Guatemala*