
El Presupuesto General de la República de Nicaragua para 2026 asigna a Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con otras personalidades, 1.269 cargos policiales y C$ 248 millones (USD 6.8 millones), frente a 345 puestos y C$ 71.7 millones (USD 2 millones) para Seguridad Vial, el área que debe prevenir accidentes en un país donde 903 personas murieron en siniestros de tránsito durante 2025.
La diferencia equivale a 3.5 córdobas para Protección de Personalidades por cada córdoba destinado a Seguridad Vial. El programa de custodia concentra el 4.4% del presupuesto policial, mientras el destinado al tránsito recibe el 1.3%, según el desglose presupuestario publicado por DIVERGENTES.
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Seguridad Vial es el programa con menos fondos entre los siete que integran la Policía. Sus recursos resultan 71.1% inferiores a los de Protección de Personalidades, pese a que debe regular la circulación en todo el país, impartir educación vial, capacitar a conductores y estudiantes, y analizar las causas de los accidentes.
El programa de Protección de Personalidades debe ejecutar 39.749 planes de seguridad para integrantes de los poderes del Estado, el cuerpo diplomático y personalidades extranjeras. También programó 265.072 revisiones técnicas para detectar explosivos en objetivos considerados de alto nivel de seguridad.
Dentro de esa planificación figuran 33 planes destinados específicamente a los copresidentes. Sus funciones incluyen garantizar la seguridad de Ortega, Murillo, los poderes estatales, el cuerpo diplomático y visitantes nacionales o extranjeros.
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La custodia de los mandatarios supera la estructura visible en las cifras presupuestarias. Una investigación de DIVERGENTES documentó en julio de 2026 un dispositivo de al menos 73 oficiales de la Policía Nacional, distribuidos en 28 puestos de control y tres anillos de seguridad alrededor de la residencia de los copresidentes, en el reparto El Carmen de Managua.

El perímetro policial existe desde 2018, pero fue reforzado entre finales de 2025 e inicios de 2026, después de la captura por Estados Unidos del aliado político del régimen sandinista, el dictador venezolano Nicolás Maduro. La cobertura se extendió desde la residencia hasta calles conectadas con algunas de las principales arterias de Managua.
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El primer anillo despliega presencia policial en las calles cercanas a El Carmen. Los siguientes niveles incrementan el control a medida que se aproximan a la vivienda, mientras el tercer anillo opera como último filtro con vigilancia permanente, patrullas, agentes motorizados y drones.
El conteo no contempla a la seguridad privada ubicada dentro y frente a la residencia, otros puestos en zonas elevadas ni a los operadores de drones que recorren el vecindario. Las dificultades para identificarlos impidieron determinar el número total de personas involucradas en la protección de Ortega y Murillo.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a la publicación que los C$ 253.8 millones asignados al programa en 2025 eran utilizados íntegramente por los Ortega-Murillo. La estructura mantuvo pocas variaciones en ocho años: pasó de 1,243 cargos en 2018 a 1,269 en 2026.
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El presupuesto de Protección de Personalidades aumentó 17,4% desde 2018, cuando recibió C$ 211,3 millones. Alcanzó su nivel más alto en 2020, con C$ 333,9 millones, y el menor en 2022, con C$ 210,3 millones.
La reducción de cargos para prevenir accidentes
Seguridad Vial tendrá que desarrollar 7,362 planes de prevención de accidentes y 78,801 acciones preventivas y de sensibilización durante 2026. El programa también prevé capacitar a 214,939 conductores y a 186,054 estudiantes e integrantes de las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito.

Esas metas equivalen, en promedio, a más de 20 planes de prevención y unas 216 acciones preventivas diarias. Los 345 cargos asignados no se dedican exclusivamente a esas tareas, ya que también deben controlar el tránsito, regular carreteras y calles, y ejecutar campañas educativas.
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El presupuesto no especifica cómo se distribuyen esos puestos entre Managua, los departamentos y las tareas de regulación directa. Tampoco permite establecer cuántos agentes trabajan en carreteras o en zonas urbanas.
La reducción de personal ocurrió entre 2024 y 2025, cuando Seguridad Vial pasó de 638 a 345 cargos: 293 puestos menos, una caída cercana al 46%. Los documentos presupuestarios no aclaran si esas plazas fueron eliminadas, trasladadas a otros programas policiales o reclasificadas.
Las muertes por accidentes de tránsito se mantuvieron por encima de los registros de 2018. La Policía contabilizó 726 fallecidos ese año, 846 en 2019, 830 en 2020, 904 en 2021, 978 en 2022 y 1.014 en 2023, el máximo del período.
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La cifra descendió a 941 muertes en 2024 y a 903 en 2025, aunque el último registro fue 177 casos superior al de 2018, un aumento de 24.4%. De las víctimas mortales de 2025, 505 estuvieron vinculadas con accidentes de motocicleta.
Los accidentes de tránsito fueron la sexta causa de muerte en Nicaragua en 2025, de acuerdo con el Mapa Nacional de la Salud del Ministerio de Salud. Para contener las muertes, la Policía reforzó el Plan Nacional de Emergencia Vial con controles de alcoholemia y velocidad, suspensión de licencias, ocupación de vehículos, inspecciones mecánicas, regulación en carreteras y campañas educativas.
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En junio de 2025, los límites máximos de velocidad fueron reducidos a 50 kilómetros por hora para vehículos particulares, transporte público y transporte de carga. Para las motocicletas, el tope quedó fijado en 40 kilómetros por hora.
Una fuente especializada en seguridad, que pidió reserva de identidad, indicó que los datos públicos no permiten determinar el destino de los 293 cargos retirados de Seguridad Vial.
“Los propios números oficiales de la Policía muestran dónde están sus prioridades. Hay más recursos y personal destinados a proteger a Daniel Ortega y Rosario Murillo que a atender la seguridad vial, un problema que sigue cobrando cientos de vidas cada año en Nicaragua”, concluyó.
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