La instalación definitiva de bloqueadores de señal celular en las cárceles de Guatemala quedó paralizada luego de que la propuesta para ocho centros penitenciarios pasara de Q10 millones (USD 1.3 millones) a Q110 millones (USD 14.3 millones), sin un cronograma ni responsables definidos para ejecutar la compra.
El Sistema Penitenciario mantiene Q55 millones (USD 7.1 millones) previstos en su Plan Anual de Compras para arrendar el servicio en todos los penales del país, pero sus autoridades esperan una iniciativa del Congreso de la República que obligue a las empresas telefónicas a aplicar el bloqueo de señal.
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La falta de una ruta administrativa fue expuesta durante una citación parlamentaria de este martes. El subdirector del Sistema Penitenciario, Melvin Rosales, señaló que la institución aguarda una solución legislativa.
“Nosotros aún estamos esperanzados, la verdad, con el tema de la iniciativa... en la cual sea una obligación de las empresas que prestan el servicio de telefonía. Estamos a la espera de eso”, dijo.
De una prueba satisfactoria a costos sin definición
La tecnología fue probada durante 30 días en Zacapa por la empresa Net Telecom. El subdirector de Informática del Sistema Penitenciario, Daniel Edelman, indicó que los equipos funcionaron de forma confiable y contaban con entre cuatro y seis horas de autonomía eléctrica mediante un banco de baterías y un generador para responder a cortes de energía.
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Los funcionarios calificaron oficialmente el resultado como “satisfactorio”. Sin embargo, la prueba no derivó en una contratación ni en una fecha para extender el sistema al resto de los centros de reclusión.
En julio, la viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, había proyectado USD 1.3 millones para arrendar los bloqueadores en ocho cárceles durante dos años. Con esa referencia, el Sistema Penitenciario incluyó los Q55 millones (USD 7.1 millones) en su planificación anual para cubrir el alquiler del servicio en todos los penales.
La cifra cambió tras el cierre de la prueba piloto. La propuesta técnica dejó de contemplar el arrendamiento y pasó a plantear la adquisición directa de la tecnología para los mismos ocho centros, con un valor de Q110 millones (USD 14.3 millones).
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No obstante, Edelman precisó que los montos respondían a la modalidad de arrendamiento y subieron cuando se presentaron “costos de adquisición”.
Las dudas sobre la compra y el control penitenciario
Los técnicos penitenciarios afirmaron que desconocen cómo fue calculado el monto establecido en el plan anual porque las gestiones con Net Telecom fueron realizadas directamente por el Cuarto Viceministerio.
El subdirector de Planificación del Sistema Penitenciario, Edwin Rodas, sostuvo que el presupuesto previsto en el plan institucional es una estimación y no implica que se adquiera un bien o servicio por esa suma. Sobre los pasos pendientes, indicó: “Tendríamos que iniciar el proceso... y a lo mejor, pues, se va a tener que seguir continuando con el proceso”.
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El diputado José Chic cuestionó el salto entre las estimaciones financieras: “La viceministra, Karen Ortiz, aquí mismo decía una cifra que costaba el tema de los bloqueadores... Hoy me sorprendí que ya dicen otro monto. ¿En qué momento pasamos de Q10 millones a Q110 millones?”.
Chic también atribuyó la falta de controles en los penales a la inacción de las autoridades: “Lamentamos que el viceministro y el ministro vivan en una burbuja y que no se quieran dar cuenta que siguen entregándole con su inacción a los privados de libertad las cárceles en este país”.
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