Alicia Rojas, de 68 años, vive en La Habana con su hija y un nieto en una casa de una sola planta cuya cubierta presenta filtraciones desde hace años. Cuando llueve, colocan recipientes en la sala y en los dormitorios. Una pared del patio tiene grietas visibles y el techo de una habitación permanece apuntalado con maderas.
Su situación representa al 7% de los encuestados que afirmó residir en una vivienda en peligro de derrumbe, según datos del Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2026, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
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El relevamiento expone que el deterioro habitacional se vincula con ingresos insuficientes, escasez de materiales para la construcción y una infraestructura pública que recibe valoraciones negativas en todo el país.
Alicia trabajó durante décadas como empleada de limpieza y ahora depende, junto con su hija, de ingresos que apenas alcanzan para las necesidades básicas. Su hija vende alimentos de manera informal para complementar el presupuesto familiar, pero ninguna puede afrontar una reparación integral de la vivienda. “Cada vez que reunimos algo de dinero, hay que elegir entre comprar comida, medicamentos o arreglar una gotera”, relata.
El informe señala que apenas el 18% de las personas consultadas considera que vive en una casa en buen estado. El resto reportó distintos niveles de deterioro: el 47% indicó que su vivienda necesita reparaciones, el 25% afirmó que requiere arreglos urgentes y el 7% declaró que su hogar corre peligro de derrumbe.
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La casa de Alicia se encuentra en esa última categoría. La humedad avanzó sobre las paredes, parte del revoque se desprendió y las aberturas no cierran bien. La familia improvisó una división con una cortina para separar el espacio donde duerme el niño de la habitación afectada por las filtraciones.
La falta de mantenimiento acumulado obliga a resolver los problemas de forma temporal. Un parche en el techo puede durar algunos meses; una reparación de plomería se posterga hasta que aparezca el dinero; una pared agrietada se cubre con pintura. Las soluciones definitivas quedan fuera del alcance de hogares que apenas logran cubrir las necesidades diarias.
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Según la encuesta, más de tres cuartas partes de las viviendas relevadas presentan deficiencias de conservación. El informe vincula ese escenario con una vulneración extendida del derecho a una vivienda adecuada.
La precariedad económica limita cualquier reparación
Las dificultades habitacionales aparecen en un contexto de deterioro económico. El estudio del OCDH indicó que el 63% de los hogares tiene problemas incluso para adquirir bienes esenciales. Otro 30% dispone de ingresos que solo alcanzan para cubrir necesidades básicas, sin margen para gastos adicionales.
Para Alicia, reparar la vivienda compite con gastos urgentes. Una bolsa de cemento, algunas chapas para el techo, clavos, madera y la mano de obra representan montos imposibles para una familia con ingresos limitados. La alternativa es esperar ayuda de familiares, conseguir materiales por vías informales o postergar los arreglos.
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El informe ubicó al 94% de los cubanos en situación de pobreza extrema, según su propia metodología de medición. También señaló que ocho de cada 10 personas debieron dejar de realizar alguna de las comidas diarias por falta de dinero, de alimentos o de ambos factores durante los seis meses previos a la encuesta.
En ese marco, la necesidad de reparar una casa deja de ser un proyecto de mejora y se transforma en una urgencia que muchas familias no pueden atender. La vivienda deteriorada se suma a la presión de los apagones, los problemas de abastecimiento y la inflación.
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La crisis de vivienda se inserta así en una situación social más amplia, marcada por la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad de los servicios públicos y el deterioro de las construcciones. Para hogares como el de Alicia, el riesgo de derrumbe no es una estadística: forma parte de la vida cotidiana.
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