El Gobierno de Guatemala pedirá auditorías concurrentes para proyectos viales bajo la ley de emergencia

El presidente Bernardo Arévalo anunció junto a la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, que el Gobierno de Guatemala pedirá a la Contraloría General de Cuentas auditorías concurrentes para los proyectos viales contratados bajo la ley de emergencia, con el objetivo de que el control empiece desde el primer día de ejecución y no al final, en medio de cuestionamientos por una posible sobrevaloración de hasta 148,6 millones de quetzales en tres puentes adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La medida no se limitará a los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara. También alcanzará a los demás proyectos que el CIV ejecuta o tramita bajo el régimen de infraestructura vial prioritaria, según precisó el mandatario al explicar que cualquier falla detectada durante ese acompañamiento impediría que la obra siga adelante.

Arévalo sostuvo que una auditoría concurrente supone que el ente fiscalizador revise la ejecución al mismo tiempo que avanzan los trabajos. “No voy a esperar a terminar de ejecutar para que me vengan a decir si lo hicimos bien o mal”, dijo en conferencia de prensa.

El presidente agregó que el mecanismo busca que la Contraloría General de Cuentas pueda advertir de inmediato si aparece “algún problema, si hay algún error, si hay una cuestión”. Según su explicación, el propósito es que el control ocurra durante la construcción y no cuando los expedientes ya estén cerrados.

Los contratos cuestionados suman 276,94 millones de quetzales

El anuncio llegó después de una investigación de La Hora sobre la adjudicación de los tres puentes por 276,94 millones de quetzales. El diario sostuvo que ese monto estaría hasta 148,6 millones de quetzales por encima de una cotización independiente elaborada a partir de los planos y especificaciones publicados en Guatecompras.

Arévalo calificó de “especulaciones” las dudas planteadas sobre los contratos y reclamó que las críticas se apoyen en pruebas concretas. “Usted dice: suponemos, especulamos, hay sombras. Yo le digo: mire, no voy a esperar”, afirmó al referirse a los señalamientos difundidos antes de que el CIV expusiera su versión.

El mandatario también vinculó su respaldo a la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, con la secuencia de publicación de esa información. Según explicó, la funcionaria tenía prevista una entrevista con el medio para el viernes 28 de agosto, pero la nota fue publicada el jueves anterior.

“Si se hubieran esperado, hubieran tenido toda una explicación alrededor del tema”, dijo el presidente. Para su administración, la solicitud de auditorías concurrentes es la respuesta institucional frente a esos cuestionamientos.

La modalidad de emergencia permite adjudicar en 15 días calendario

Minutos antes, Zea había explicado que los contratos observados se tramitaron bajo la modalidad especial de licitación por emergencia, conocida como Meles. De acuerdo con la ministra, esa figura está prevista en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y no está sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado.

La funcionaria señaló que ese procedimiento permite completar la calificación y la adjudicación en un plazo máximo de 15 días calendario, sin excepciones por fines de semana ni feriados. Añadió que la norma incluso habilita la contratación directa con una sola empresa, aunque el CIV decidió invitar a dos oferentes adicionales en cada proyecto.

Arévalo insistió en que su gobierno no creó un mecanismo fuera del marco legal. “No nos estamos inventando ninguna forma de contratación”, afirmó al defender el uso de una figura que, según dijo, fue aprobada para acelerar obras estratégicas que el país necesita.

El presidente recordó además que esa herramienta legal lleva 36 meses vigente. En ese marco, presentó la auditoría concurrente como el mecanismo de transparencia que corresponde aplicar cuando se utiliza ese régimen excepcional.

Zea ya había adelantado que ese acompañamiento fiscalizador se pedirá para cada proyecto en curso. “Tengamos una auditoría concurrente en cada uno de estos proyectos”, afirmó la ministra, quien añadió que varios contratos actuales ya están publicados en Guatecompras y en el Sistema de Información de Preinversión, conocido como SIP.

Arévalo resumió la decisión con una frase: “Más transparencia no vamos a poder”. También reiteró que, si el órgano de control detecta una irregularidad durante la ejecución, el proceso no podrá continuar.