Las pérdidas de cultivos en Guatemala se extienden a 138 municipios por la falta prolongada de lluvias y afectan a más de 230 mil familias

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó este viernes una reunión extraordinaria del Conasan para coordinar la respuesta a una sequía que ya afecta a 236 mil 447 familias en Guatemala, tras 52 días sin lluvias en algunos territorios y con un impacto que ya compromete cultivos, disponibilidad de agua, generación hidroeléctrica y economía de los hogares.

La emergencia ya deja pérdidas agrícolas en 138 municipios, identificados por las autoridades como los primeros puntos donde debe concentrarse la respuesta institucional. La evaluación oficial también prevé presión sobre los precios de la canasta básica y una reducción del agua disponible en embalses usados para producir electricidad.

Durante la reunión extraordinaria número 07-2026 del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres expuso los efectos que la falta prolongada de lluvia ya registra en los territorios. Según el reporte presentado ante el consejo, la sequía es una emergencia de evolución lenta, por lo que las alcaldías y gobernaciones deben activar sus comités locales de operaciones de emergencia y solicitar el aumento del nivel de alerta a naranja o roja para poner en marcha los protocolos de respuesta.

Las alertas locales son la condición para activar la asistencia

El Plan Nacional de Respuesta contempla mecanismos específicos para atender a la población afectada, pero su despliegue depende de que las municipalidades y gobernaciones eleven el nivel de alerta. Ese paso habilita la intervención coordinada de las instituciones encargadas de asistencia alimentaria, protección social, salud, agua y saneamiento.

En ese esquema, el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo las acciones de protección social. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, facilita la asistencia alimentaria.

La secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri explicó que el trabajo de identificación de territorios en riesgo comenzó desde junio. “Hemos podido intercambiar información no solo sobre la vulnerabilidad a nivel municipal y poder identificar cuáles son los territorios con mayor riesgo”, dijo.

Palmieri detalló que la SESAN presentó ante el Conasan un ranking municipal elaborado a partir del análisis conjunto de déficit de lluvia y exceso de temperatura. Añadió que la institución categoriza comunidades según su nivel de riesgo, luego vuelve a visitarlas para identificar familias vulnerables y, con esa información, canaliza a través de las comisiones municipales de seguridad alimentaria solicitudes de gestión de asistencia alimentaria hacia el MAGA.

Según la funcionaria, ese proceso ha permitido enviar al ministerio 468 mil solicitudes de gestión de alimentos desde junio. También indicó que se trabajó en una estrategia de comunicación sobre emergencias para mantener informados a los gobiernos municipales y facilitar que los alcaldes declaren alerta naranja o roja y activen sus centros de operaciones de emergencia.

El riesgo alcanza a la niñez, al agua y al costo de vida

La Conred presentó además un tablero interinstitucional de seguimiento para concentrar y monitorear la información de los territorios afectados y orientar la toma de decisiones. En una de las actualizaciones reportadas durante la jornada, ese registro contabilizaba 135 municipios afectados por la sequía, mientras otros reportes presentados ante el consejo situaron en 138 los municipios con pérdidas de cultivos.

Las autoridades advirtieron que esta condición representa un riesgo particular para la primera infancia por la posibilidad de un aumento de casos de desnutrición aguda y otras morbilidades. Ante ese escenario, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desarrolla acciones de búsqueda activa para identificar posibles casos y prevenir complicaciones que pongan en riesgo la vida de niñas y niños.

La estrategia oficial también incluye seguimiento a reportes y estadísticas para consolidar datos oficiales y elaborar escenarios prospectivos. Las instituciones deberán vigilar la evolución de las condiciones climáticas y del fenómeno de El Niño para anticipar nuevos impactos.

La respuesta prevista no se limita a la alimentación. El Ministerio de Agricultura trabaja en la gestión de reservas estratégicas de alimentos y el Ministerio de Desarrollo Social contempla transferencias monetarias de emergencia para apoyar a las familias afectadas.

La evaluación presentada al consejo sostiene que la canícula extendida puede extender sus efectos más allá de las comunidades rurales que ya perdieron cosechas. La menor disponibilidad de alimentos podría trasladarse al precio de la canasta básica, mientras la reducción de agua en los embalses hidroeléctricos añade una presión adicional sobre el sistema energético del país.

Herrera revisó durante la reunión los mecanismos de prevención, respuesta y recuperación con énfasis en fortalecer el monitoreo de las condiciones que puedan afectar la seguridad alimentaria y nutricional. El seguimiento institucional también ocurre mientras en otros puntos del país las autoridades mantienen vigilancia por lluvias y alta saturación de suelos en municipios de Sololá, Suchitepéquez e Izabal.