
El presidente Bernardo Arévalo advirtió que la narcopolítica y el populismo amenazan a la democracia de Guatemala y pueden ganar peso hacia las elecciones de 2027.
Además, reclamó investigar el financiamiento electoral ilícito para impedir que fondos del narcotráfico o la corrupción influyan en los partidos y en los resultados.
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El proceso electoral en Guatemala iniciará en enero del próximo año con la convocatoria a Elecciones Generales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde los diferentes partidos políticos tendrán poco más de un mes para darse a conocer entre la población, pese a que varios ya realizan actividades que están siendo denunciadas como proselitismo ilegal poniendo en duda la obtención de fondos para efectuar campaña anticipada.
Por su parte, observadores internacionales, analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado la posibilidad de la presencia del crimen organizado dentro de algunos partidos políticos que competirán en la contienda electoral
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Al respecto, el presidente guatemalteco sostuvo que la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca no es un fenómeno nuevo y que suele ganar peso en los períodos electorales, cuando partidos y candidatos buscan recursos para propaganda bajo la idea de que una mayor inversión mejora sus posibilidades en las urnas. Dinámica, que a su criterio, abre la puerta a fondos de origen ilícito.
La advertencia del Presidente guatemalteco apuntó de manera directa al mecanismo que, a su juicio, vuelve más vulnerable al sistema político: la búsqueda de financiamiento para campañas y afirmó que algunos partidos están dispuestos a recibir recursos “del que venga” si creen que ese dinero puede asegurar visibilidad electoral.
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En ese punto, señaló que esos aportes suelen provenir de actividades ilegales. Dijo que pueden llegar tanto desde redes de corrupción como desde estructuras del narcotráfico, y planteó que ese es uno de los problemas centrales de los procesos electorales.
Políticos guatemaltecos procesados por narcotráfico en Estados Unidos
El jefe de Estado también sostuvo que la relación entre narcotráfico y política quedó reflejada en casos concretos y, aunque no precisó nombres, mencionó que hubo alcaldes vinculados con estas redes, algunos de los cuales confesaron hechos en Estados Unidos, mientras otros esperan juicio.
Además, afirmó que esos nexos alcanzaron a políticos del Congreso de la República. Como ejemplo, recordó el caso de un exdiputado de la legislatura anterior que aceptó haber cometido delitos relacionados con narcotráfico y actualmente cumple una condena en Estados Unidos.
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Arévalo planteó que la respuesta frente a estos vínculos debe combinar control ciudadano, cobertura periodística e investigación institucional. “Lo que se necesita es, en un primer lugar, que efectivamente se ejerza la auditoría social, que la sociedad hable claramente alrededor de los casos que conoce y que se vayan exponiendo estos lazos”, afirmó.
En paralelo, reclamó al Ministerio Público cumplir con su tarea de investigar cuando existan conexiones entre actores políticos y estructuras asociadas al narcotráfico.
Arévalo sumó al populismo como amenaza democrática
En su exposición, el mandatario colocó al populismo en el mismo plano de amenaza para la calidad democrática en Guatemala y en otros países de América Latina. Lo definió como un conjunto de políticas orientadas a agendas electorales y polarizantes, pensadas para el corto plazo y no para resolver los problemas estructurales que requieren desarrollo de mediano y largo plazo.
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Arévalo agregó que esas ofertas pueden presentarse desde la izquierda o desde la derecha, pero comparten una misma lógica: buscar apoyo inmediato sin una intención real de atender los problemas de fondo. También afirmó que la región atraviesa un momento en el que los populismos tienen mucha fuerza en el escenario electoral.
Sobre ese punto, sostuvo que la población debe poder distinguir entre propuestas reales y promesas concebidas solo para ganar adhesión. Dijo que esos discursos buscan “vender espejitos” a los votantes y llegar al gobierno para usarlo como “caja chica”, una práctica que, según afirmó, quedó expuesta durante gobiernos recientes.
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