El guatemalteco Ramiro Caal Jolomna, de 37 años y residente del condado de Chester en Pensilvania, fue arrestado y declarado culpable por las autoridades judiciales de Estados Unidos por cargos graves relacionados con la trata de personas, servidumbre involuntaria y encarcelamiento privado.
De acuerdo con las investigaciones realizadas conjuntamente por la Policía Estatal de Pensilvania y la unidad contra la trata de personas de la Fiscalía General de dicho estado, Caal Jolomna facilitó el ingreso a territorio estadounidense de adolescentes provenientes de Guatemala y México.
Una vez en el país, el acusado sometió a las víctimas a condiciones extremas de trabajo para saldar supuestas "deudas" financieras derivadas de su traslado.
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Las pesquisas detallan que entre las víctimas se encontraban dos jóvenes de 14 y 17 años. Caal Jolomna las obligó a trabajar en un cultivo en el condado de Chester en jornadas extenuantes de 16 horas diarias, los siete días de la semana, impidiéndoles asistir a la escuela.
Además de despojarlas de la mayor parte de sus salarios y obligarlas a endosar sus cheques de pago, el procesado las amenazó de forma reiterada con denunciarlas ante las autoridades de migración para que fueran deportadas o castigadas si intentaban huir.
El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, catalogó los hechos como un patrón cruel de conducta destinado a privar a las víctimas de su libertad y rentabilizar su vulnerabilidad.
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Antecedentes de guatemaltecos acusados por delitos federales y tráfico de menores en EE. UU.
El caso de Caal Jolomna se suma a otros procesos judiciales impulsados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra ciudadanos guatemaltecos señalados de integrar esquemas de tráfico ilícito de personas, fraude migratorio y explotación de menores.
Uno de los antecedentes registrados involucra a Juan Tiul Xi, de 27 años y origen guatemalteco, quien se declaró culpable de cargos federales por colaborar en el contrabando de un niño no acompañado hacia Estados Unidos. Tiul Xi presentó una solicitud de patrocinio fraudulenta ante la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) haciendo pasar al menor por su hermano.
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Tras obtener su custodia, abusó sexualmente de él, por lo que recibió una condena de ocho años de prisión en el sistema estatal por agresión sexual a un menor, además de una pena consecutiva de 26 meses en prisión federal.
En otro expediente federal, los hermanos guatemaltecos Maritza Azucena Cahuec Coc, de 38 años, y Carlos Agustín Cahuec Coc, de 33 años, fueron formalmente acusados por su participación en una conspiración internacional de tráfico de niños no acompañados operada entre diciembre de 2020 y octubre de 2023. La acusación sostiene que presentaron múltiples solicitudes de patrocinio falsificadas ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para tomar bajo su custodia a los menores. En ese mismo proceso fue vinculada la guatemalteca Gladys Marina Caal Chen, de 20 años, acusada de realizar declaraciones falsas ante funcionarios federales para facilitar el otorgamiento ilícito de patrocinios.
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Estos casos reflejan el accionar de las autoridades estadounidenses para desmantelar redes de explotación y sancionar los fraudes cometidos contra el sistema de protección de menores e inmigrantes.
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