Expertas de la ONU piden a Guatemala abrir los archivos e instalaciones militares

Las expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han lanzado un llamado urgente en Guatemala para el acceso a archivos e instalaciones militares. La apertura de estos espacios se considera vital en la búsqueda de miles de personas desaparecidas, en un país donde la herida del pasado sigue abierta y el sufrimiento de las familias permanece vigente.

La petición se hizo pública a través de un comunicado difundido por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, luego de la visita oficial de las expertas al país. En este se advierte sobre un panorama marcado por la fragmentación institucional y la falta de registros consolidados, incluso cuarenta años después del conflicto armado interno.

Las expertas sostienen que el éxito del nuevo Mecanismo para la Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas, recientemente impulsado por el gobierno, dependerá en gran medida del nivel de apertura estatal, especialmente en cuanto al acceso a documentación militar, policial y de inteligencia.

El reclamo por la apertura de archivos militares y policiales

El grupo de expertas enfatizó que el acceso a los archivos no es solo una cuestión administrativa, sino la condición indispensable para localizar personas desaparecidas y combatir la impunidad. La restauración, clasificación y digitalización de expedientes, como los de la Policía Civil Nacional y el Registro Nacional de Reparaciones, fueron señalados como pasos positivos, pero insuficientes si no se garantiza la preservación y la accesibilidad de toda la documentación relevante.

La necesidad de documentar los casos de quienes han desaparecido tras el conflicto y de consolidar los esfuerzos de búsqueda fue uno de los puntos centrales del informe. Las expertas advirtieron: “El Estado debe garantizar la preservación, organización y accesibilidad de toda la documentación relevante”.

Las labores de búsqueda, forense y memoria han recaído históricamente en las víctimas y en organizaciones civiles, señalaron las integrantes del Grupo de Trabajo. Pese a los progresos recientes —como la creación de un equipo dedicado a la búsqueda humanitaria—, el mecanismo enfrenta serias limitaciones de recursos y sostenibilidad, lo que dificulta su funcionamiento pleno.

Preocupación por la institucionalidad y la justicia transicional

El informe no solo apunta al presente, sino que también recoge la preocupación por las debilidades acumuladas en los últimos ocho años. Las expertas subrayan que el debilitamiento de la Fiscalía y la criminalización de operadores de justicia especializados en justicia transicional han golpeado la capacidad estatal para investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.

El Grupo de Trabajo reclamó al recientemente nombrado Fiscal General que coloque la investigación de las desapariciones forzadas como una prioridad y que contribuya a restaurar la institucionalidad, elemento que consideran clave en la lucha contra la impunidad. “Las víctimas de desapariciones forzadas tienen derecho a investigaciones rápidas, independientes, exhaustivas e imparciales que permitan identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas”, afirmaron.

En la actualidad, la búsqueda de desaparecidos y la exhumación de restos deben continuar bajo estos principios, según el grupo de expertas. Este enfoque es esencial para responder a la pregunta sobre el estado de la búsqueda en Guatemala: el proceso depende de la apertura de archivos militares y del fortalecimiento institucional para garantizar justicia y reparación.

Reconocimiento al papel de la sociedad civil y los pueblos indígenas

Durante su evaluación, el Grupo de Trabajo destacó el papel fundamental de las y los supervivientes, familiares, Pueblos Indígenas y organizaciones sociales en la construcción de memoria y en la búsqueda de la verdad. Su contribución ha dado forma a una red amplia de iniciativas, pese a las adversidades.

El informe valora los esfuerzos del Gobierno en el desarrollo del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026-2036, aunque deja claro que la viabilidad de este plan dependerá de una implementación efectiva, de recursos adecuados y de una participación genuina de las víctimas.

Las expertas alertan que la desaparición forzada tiene consecuencias que trascienden generaciones y afectan especialmente a mujeres, pueblos indígenas y personas vulnerables. La negligencia institucional —advierten— perpetúa la exclusión y el sufrimiento.

La verdad y la memoria como cimientos del futuro

El llamado final del Grupo de Trabajo es a la unidad de todas las instituciones y actores políticos, para construir un compromiso nacional duradero y situar a las víctimas en el centro de las políticas públicas. Solo así, afirman las expertas, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria podrán convertirse en los pilares desde los cuales Guatemala fortalezca su democracia y su cohesión social.