Gobierno panameño inicia consultas con alcaldes de la zona minera antes de decidir el futuro de Cobre Panamá

El Gobierno de Panamá comenzó una nueva etapa en el análisis sobre el futuro de la mina Cobre Panamá al incorporar a las autoridades locales de las comunidades más impactadas por el cierre de la operación.

La Comisión de Alto Nivel que evalúa los resultados de la auditoría integral sostuvo su primera reunión con los alcaldes de los distritos donde se ubica el proyecto minero, con el objetivo de conocer de primera mano el impacto económico y social que dejó la suspensión de actividades.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el encuentro reunió a la alcaldesa de La Pintada y a los alcaldes de Donoso y Omar Torrijos, además de los presidentes de los concejos municipales, como parte de un proceso de consultas que continuará en las próximas semanas antes de entregar un informe al presidente José Raúl Mulino.

“Escucharlos para nosotros fue vital y de suma importancia”, afirmó Moltó, al señalar que las reuniones forman parte de la recopilación de información que servirá de base para la decisión que adopte el Ejecutivo sobre el proyecto minero. El ministro adelantó que la comisión también visitará cada uno de los municipios para conocer directamente la realidad de las comunidades.

Según explicó, el objetivo es que, una vez concluido este proceso de consultas técnicas y sociales, la comisión entregue al mandatario un informe que permita tomar una decisión sustentada en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades municipales expusieron el impacto que produjo el cierre de la mina, luego de que la actividad económica se detuviera de forma repentina tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión.

“Básicamente hubo una suspensión de una actividad económica de un día para otro. Hay lugares que dependían muchísimo de esa actividad“, explicó Moltó.

De acuerdo con el ministro, los alcaldes manifestaron la necesidad de que exista una mayor atención estatal hacia estas comunidades y que cualquier actividad económica futura genere una mayor derrama de beneficios para la población local.

El funcionario indicó que también se abordaron proyectos anunciados previamente por el presidente Mulino para fortalecer la inversión pública en esas zonas, particularmente en infraestructura, salud, educación, agua potable y caminos de penetración.

Antes del cierre de la operación, los distritos de Donoso y Omar Torrijos, ubicados en el área de influencia de Cobre Panamá, tenían derecho a recibir el 15% de las regalías que el Estado percibía de la actividad minera, recursos destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo local e infraestructura.

El contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, establecía además el pago de una regalía equivalente al 2% de las ganancias brutas generadas por la explotación del cobre.

Las consultas forman parte del trabajo que desarrolla la Comisión de Alto Nivel integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El grupo analiza la auditoría integral elaborada por la firma SGS Panamá Control Services, entregada al Gobierno el pasado 19 de junio, la cual evaluó 370 compromisos ambientales, legales, laborales, fiscales y operativos asociados al proyecto minero.

El informe otorgó una calificación general de cumplimiento de 87.73%, equivalente a un nivel “Conforme – Cumplimiento Mayor/Gestionado”. Sin embargo, la revisión detallada identificó nueve compromisos clasificados como “No Conformes”, concentrados principalmente en áreas sensibles como biodiversidad, conservación de flora, restauración ecológica y reforestación.

Entre los principales hallazgos figura que la huella intervenida por la mina alcanzó aproximadamente 2,432 hectáreas, unas 330 hectáreas por encima del límite de 2,100 hectáreas contemplado en los compromisos ambientales. Asimismo, los programas de reforestación obtuvieron apenas un 45.7% de cumplimiento, la calificación más baja de toda la auditoría.

Otro aspecto señalado por los auditores fue la existencia de aproximadamente 38 millones de toneladas de material mineralizado expuesto que, bajo determinadas condiciones, podría generar drenaje ácido de roca, un fenómeno que requiere monitoreo y manejo permanente para evitar afectaciones a las aguas superficiales y subterráneas.

Pese a estos hallazgos, Moltó ha insistido en que la auditoría no representa una decisión sobre el futuro de la mina, sino un insumo técnico para ordenar el debate nacional.

“Panamá enfrenta una decisión con alcance histórico, una decisión que no se puede tomar en base a percepciones o consignas. Se tiene que tomar con datos y rigor técnico", afirmó el ministro durante la entrega oficial del informe.

La mina Cobre Panamá permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.

La decisión puso fin a la operación de una de las minas de cobre más grandes de América Latina, responsable de más del 1% de la producción mundial del metal y generadora de miles de empleos directos e indirectos, además de representar una de las principales exportaciones del país.

El fallo judicial llegó después de semanas de protestas masivas en todo el territorio nacional, impulsadas por organizaciones ambientales, movimientos ciudadanos, gremios y comunidades indígenas, que cuestionaban tanto la constitucionalidad del contrato como los posibles impactos ambientales del proyecto.

Desde entonces, el futuro de la mina continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda nacional. Mientras sectores empresariales y trabajadores defienden una eventual reactivación bajo nuevas condiciones, grupos ambientalistas mantienen su posición de que el cierre debe ser definitivo.

La comisión gubernamental continuará ahora con la ronda de consultas a especialistas, autoridades locales y otros actores vinculados al proyecto antes de presentar al presidente Mulino las recomendaciones que servirán de base para una de las decisiones económicas, ambientales y sociales más trascendentales que deberá adoptar el país.